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Como fruto de sus mandatos previos (2018-2023), Sánchez ha constituido un partido personal, ha configurado un gobierno monocrático y ha desarticulado en buena medida el poder legislativo, todo basado en su liderazgo plebiscitario.
Felix Bolaños ha sido reprobado por el Senado. La Cámara Alta ha reaccionado ante el ninguneo del ministro, quien, en unas recientes declaraciones a Onda Cero, repitió aquello de que “la soberanía nacional reside en el Congreso”. Se trataba, claro está, de hacer inapelable constitucionalmente ese artificioso constructo que es la ley de amnistía, a costa –eso también está claro– de la mentira o de la exhibición indecorosa de ignorancia.
Desde que los votos del PSC hicieron posible la inesperada victoria de Zapatero en el reñido congreso socialista del año 2000, el PSOE asumió una línea estratégica que supedita sus fundamentos ideológicos a la conveniencia electoral. Convencidos de su incapacidad para construir por sí mismos las mayorías necesarias para alcanzar el Gobierno de la Nación, fían al acuerdo con las fuerzas separatistas todas sus opciones.
¿Mapa o brújula? Tal vez ni siquiera los dos juntos servirán para orientarse en las tempestuosas aguas de la política venezolana, alteradas una vez más, y en esta ocasión por las elecciones anunciadas para el 28 de julio y que, según todos los pronósticos pondrá a sentarse en el sillón de Miraflores a la misma persona por seis años más: Nicolás Maduro. Hay varios factores que permiten llegar a esa conclusión: los principales partidos de oposición han sido intervenidos e inhabilitados los dirigentes de oposición que podrían derrotar a Maduro; el Consejo Nacional Electoral está controlado por el gobierno y por lo tanto se pone en duda su imparcialidad y, en tercer lugar, la presión internacional, aunque tiene contundencia declarativa, en la práctica no va a poder impedir la reelección de Maduro.
