La encrucijada británica Alfredo Crespo Alcázar es doctor por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid

14/11/2016

Transcurridos casi cinco meses desde la celebración del referendo que dio como resultado la victoria del Brexit, el panorama británico presenta más interrogantes que respuestas concretas. No obstante, dentro de la incertidumbre, sobresalen algunos hechos cuya repercusión total aún no se ha producido.

El principal de ellos afecta al gobierno del Partido Conservador y a la primera ministra, Theresa May. Ésta ha dejado atrás su visión pragmática de la UE, en función de la cual votó por seguir en la aludida organización el 23-J, para asumir el discurso de aquellos miembros de su gabinete (David Davis, Boris Johnson o Liam Fox) que con mayor contundencia avalaron el Brexit. Por tanto, en la inminente negociación con la UE primarán los asuntos relacionados con el binomio inmigración/soberanía frente a los estrictamente comerciales.

Esto último no significa que el gobierno tory haya virado hacia posiciones proteccionistas en materia económica. Por el contrario, la razón real hunde sus raíces en la visión que de Reino Unido difundieron los Brexiters antes y después del referendo de 23 de junio, en función de la cual, el poderío económico y militar del país, así como su presencia en organizaciones como la OTAN o la ONU, le garantizarían ser un actor global protagonista y no de reparto una vez abandonada la Unión Europea. En congruencia con esta perspectiva, la relación (comercial) con la UE se convertiría en una alternativa más, nunca la principal. La reciente visita de May a la India y la reunión de Hammond con el viceprimer ministro chino Ma Kai en Londres así lo testifican.

Esta visión, que predomina en las intervenciones de May, choca frontalmente con las ideas de un amplio sector de diputados tories, laboristas, liberales y del Scottish National Party. Cada uno de ellos planteará sus exigencias de manera diferente, pero si finalmente es el Parlamento quien vote para determinar cómo se efectúa el abandono de la UE, como obliga el reciente fallo del Tribunal Superior de Londres, probablemente el gobierno británico deba moderar el guión que había trazado (algo que ahora no contempla, pues de hecho va a recurrir el mencionado fallo) para dar cabida en él a ciertas cuestiones cuyo espacio quería limitar.

Dejando al margen la sentencia del Tribunal Superior de Londres, la estrategia seguida hasta la fecha por Theresa May ha suscitado algunos efectos trascendentes. La primera ministra, consciente de que se aproximan tiempos de incertidumbre, ha potenciado un discurso en el cual la dimensión doméstica ostenta la máxima jerarquía, enfatizando una mayor intervención del gobierno en apoyo de la sociedad y renunciando a desarrollar políticas susceptibles de evocar los años del Thatcherismo. Dicho con otras palabras: aspira al centre ground, concepto que ha guiado el modus operandi de los tories durante algunas fases de la historia (en especial, el periodo 1945-1975), pero que no goza de la aprobación de todas las familias ideológicas que integran el Partido Conservador.

Sin embargo, cuando menos en el corto plazo, esta defensa del intervencionismo ha generado indirectamente dos consecuencias positivas para el actual gobierno británico. En primer lugar, ha mitigado cualquier posible influencia entre el electorado del programa izquierdista que enarbola Jeremy Corbyn. En segundo lugar, insistir en el rol del gobierno a favor de la resolución de los problemas de la ciudadanía ha podido repercutir en un escenario “hostil” a los tories como es Escocia. Sin embargo, tras el 23 de junio no se ha producido un aumento ni de las ansias de independencia ni del deseo de celebrar una consulta como la del 18 de septiembre de 2014.

El votante escocés, incluso el independentista, también sabe que en un periodo como el presente las veleidades secesionistas pondrían en peligro su seguridad, estabilidad y bienestar, aspectos que actualmente el gobierno británico se encuentra más capacitado para garantizar que el escocés. En consecuencia, puro pragmatismo, alejado de cualquier reivindicación del unionismo.

No obstante, el Scottish National Party rechaza la estrategia diseñada por Theresa May para consumar el abandono de la UE. Las discrepancias entre Londres y Edimburgo aumentarán en las próximas semanas, ya que las “administraciones descentralizadas” (devolved administrations, Escocia, País de Gales e Irlanda del Norte, en ninguna de las cuales gobiernan los tories) simplemente serán “escuchadas” en las negociaciones del Brexit, pero la política final la decidirá el gobierno británico.

En definitiva, el todo (Reino Unido) se superpondrá a los intereses particulares de las partes (las naciones integrantes), basados esencialmente en el acceso sin restricciones al Mercado Único. Una intención de esta naturaleza incrementará el intercambio de reproches y puede fomentar una división de la que no escaparía el propio Partido Conservador.

La encrucijada británica