Analysis FAES Un merecido homenaje a nuestra Constitución

Eduardo Fernández Luiña es analista político de la Fundación FAES


Este año se han celebrado los cuarenta años de nuestra Constitución. La Carta Magna que los españoles ratificaron el 6 de diciembre de 1978 sirvió de pilar jurídico e institucional para uno de los sistemas políticos en transición a la democracia más exitosos del planeta. Y es que, en esencia, nuestra Constitución ha sido un producto eficaz que ha servido de modelo para muchos en otras realidades nacionales y que ha contribuido a edificar uno de los mejores periodos de la historia de España.

Los niveles de renta y de calidad de vida que a día de hoy disfrutan los españoles difícilmente se pueden explicar sin tener en cuenta la calidad de las instituciones que de manera cotidiana regulan la vida de estos. La Constitución es por definición la institución de instituciones, y por tanto parece acertado afirmar que el documento central de la arquitectura jurídica y política de nuestro país ha tenido, tiene y tendrá mucho que ver en el desarrollo y evolución de nuestro sistema político y de nuestra sociedad. España disfruta en perspectiva comparada de un elevado nivel de vida. Esto, a pesar de que muchos se empeñan en afirmar todos los días lo contrario. Los españoles se encuentran entre el 20% más rico de los ciudadanos que habitan este planeta. Y sin lugar a dudas, lo anterior se ha logrado gracias a la Constitución y no a pesar de la misma (Nieves, 2016)[1].

Lo que España ha alcanzado durante los últimos cuarenta años no es fácil. No han sido muchos los países que han sufrido un cambio tan radical en su estructura social, cultural-formativa y económica. No han sido muchas las naciones que han conseguido una sociedad pacífica (en términos comparados, España es uno de los países más seguros del mundo), saludable (con mayor calidad y esperanza de vida) y con buenas perspectivas de futuro en caso de tomar las decisiones políticas adecuadas (el potencial económico español es evidente).

Todo lo vinculado a la calidad de nuestro sistema político ha sido suscrito por un sinfín de instituciones nacionales e internacionales. Por ejemplo, el índice Democracy Index producido por el famoso semanario británico The Economist  maneja unos ratios entre 0 (la peor de las puntuaciones) y 10 (la mejor de las puntuaciones). En el informe del año 2017, España obtuvo una puntuación general de 8,08 sobre 10. Es una puntuación muy buena que indica que nuestro país se encuentra entre las democracias 'plenas' del planeta. El dato no es baladí, sobre todo en estos momentos en los cuales nuestro sistema liberal democrático se encuentra amenazado por una tensión secesionista que intenta desprestigiar constantemente (hacia adentro y hacia fuera) el nivel y la calidad de nuestra democracia.

El índice posee numerosas variables para realizar el análisis. Las áreas que examina son: 'Pluralismo y procesos electorales'; 'Funcionamiento del Gobierno'; 'Participación política, Cultura política, y 'Libertades civiles'. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos afirmar que España obtiene el mejor resultado en el primero de los apartados, el dedicado a pluralismo político y procesos electorales (una cuestión de procedimiento). En ese rubro, la nota de España supera los nueve puntos obteniendo 9,17 puntos. Otra posición relevante se alcanza cuanto analizamos la situación de las libertades civiles. Como se puede comprobar, España consigue 8,82 puntos, siendo, por tanto, una nación con un elevado compromiso a la hora de proteger las libertades civiles.

Por el contrario, la peor nota la observamos en el apartado de funcionamiento del Gobierno. En dicho rubro, España llega a los 7,14 puntos, muy por debajo de las grandes democracias existentes en el ámbito global (Nueva Zelanda o Dinamarca consiguen 10 puntos en este bloque temático).

Pero además, si continuamos con nuestro análisis y revisión de índices producidos por organismos internacionales, observaremos que nuestro país obtiene buenas puntuaciones en ámbitos donde muchos ciudadanos suponen la existencia de graves problemas. Uno de ellos, terriblemente relevante para el funcionamiento del sistema, es el de la Justicia.

Desde que comenzó la amenaza independentista catalana, las críticas al funcionamiento y composición del organismo judicial han sido innumerables. Obviamente, nadie niega que el Sistema de Justicia en su conjunto posea retos y necesite de mejoras (por ejemplo, presupuestarias). Pero nuevamente la calidad de nuestro organismo judicial está fuera de toda duda si aplicamos la óptica comparada.

La información sobre la situación del Estado de Derecho en España es positiva y aparece expuesta con claridad en el informe denominado Rule of Law Index (Índice de Estado de Derecho). Dicho índice, de reconocido prestigio a nivel global, posiciona a España entre los veinticinco mejores países del mundo. España se ubica en la vigésimo tercera posición, encontrándose entre los países con mayor respeto al Estado de Derecho. De todas formas y como hemos sugerido líneas atrás, no estaría mal mejorar este indicador, pues nuestro país podría sin ningún género de dudas posicionarse en futuros años entre los veinte mejores Estados de Derecho presentes en el escenario global.

En conclusión, el sistema político español se ha consolidado como una de las mejores democracias del planeta. Por todo lo anterior, parece de sentido común reconocer el rol que la Constitución ha desempeñado durante todos estos años. La Carta Magna española ha cumplido su función con creces, siendo un pilar central –de naturaleza institucional– a la hora de explicar la prosperidad que ha vivido nuestro país en las últimas cuatro décadas. A pesar de la crisis económica, muy dura para un gran número de españoles, la situación en términos generales sigue siendo buena en perspectiva comparada con el resto del mundo. Y, nuevamente, la calidad de nuestras instituciones ha tenido –y tiene– mucho que ver.

Lo anterior no significa que estemos exentos de problemas, retos y desafíos. Nuestro sistema político debe ser consciente de las amenazas que existen tanto a nuestra forma de vida como a la situación de prosperidad y bienestar que caracteriza el día a día de una gran mayoría de españoles. Y parece que las asignaturas pendientes de nuestro sistema tienen que ver con una mejor protección de las libertades económicas y con la promoción de acciones decididas en la lucha contra la corrupción.

Pero al contrario de lo que muchos afirman, la Constitución no es parte del problema, sino la esencia de la soluciónLas encuestas de cultura política no muestran una crítica a la piedra angular de nuestras instituciones, sino a los actores que gestionan el proceso político día a díaLa ciudadanía no está a favor de modificar la Constitución. No encontramos evidencia empírica que señale la existencia de amplios porcentajes de la población con deseos de modificar nuestra Carta Magna.

España tiene todo para ser una gran nación. En la actualidad, nuestro potencial es reconocido por muchos fuera y dentro de nuestras fronteras. Aprovechemos los próximos años para sanear el sistema y mantener la calidad que desde el año 1978 ha definido a nuestro sistema político constitucional. España y los españoles se lo merecen.


[1] Nieves, V. (24 de noviembre de 2016). España vuelve a colarse entre los países más ricos e igualitarios del mundo, según Credit Suisse. El Economista.

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