En el Seminario FAES-ESADE Law School de Derechos Humanos Antonio Marzal, celebrado en Barcelona Gallardón anuncia que la Audiencia Nacional se reforzará con nuevas competencias

12/03/2014

    _ También han intervenido el magistrado del TSJC Joaquim Borrell y el presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, Pablo Llarena

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha intervenido en Barcelona en el Seminario FAES-ESADE Law School de Derechos Humanos Antonio Marzal, dedicado a la evolución histórica del derecho a la tutela judicial efectiva. Ruiz-Gallardón ha anunciado que la Audiencia Nacional se reforzará con nuevas competencias en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial. Así, “la Audiencia Nacional se fortalece con una nueva sala de lo civil”.


En su intervención, el ministro ha adelantado algunas de las propuestas que el Gobierno presentará en el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial para agilizar la Administración de Justicia y mejorarla. “Los cambios que esta Ley implica son de gran alcance, no en lo sustantivo, que seguirá siendo que los jueces juzguen y hagan cumplir lo juzgado, pero sí en las circunstancias que han de permitir que ese y no otro sea su principal cometido”, ha añadido.

PROPUESTAS PARA LA LOPJ
Entre los aspectos de la futura norma, Ruiz-Gallardón ha citado en primer lugar al carácter único para toda España del Poder Judicial y la vinculación de su titularidad con todos y cada uno de los Tribunales regulados en la propia Ley. Asimismo, se ha referido a la introducción de medidas para “reforzar todo lo posible la seguridad jurídica” con el fin de reducir la incertidumbre que generan pronunciamientos contradictorios o distintos ante situaciones semejantes.

Además, el ministro ha explicado que para las situaciones en que se considere que la jurisprudencia aplicable produce una injusticia manifiesta o contradice la doctrina del Tribunal Constitucional en materia de garantías constitucionales, se prevé un procedimiento prejudicial sumario y preferente conforme al cual el órgano inferior podrá plantear al Tribunal Supremo una cuestión jurisdiccional previa.

A su juicio, otro aspecto esencial para incrementar la agilidad de la Justicia pasa por dotarla de una nueva organización judicial. La mayor novedad consistiría en que el Tribunal Provincial de Instancia asumiera tanto las competencias de los juzgados como las de las Audiencias Provinciales cuando actúan como primera instancia. En consecuencia, tanto los juzgados, tal como los conocemos ahora, como las Audiencias Provinciales, están llamados a desaparecer, lo cual no significa cerrar dependencias judiciales. Ruiz-Gallardón ha explicado que lo que está previsto es que estos Tribunales de Instancia tengan circunscripción provincial.

Asimismo, ha aludido al Tribunal Provincial de Instancia, que “constará de cuatro Salas, una por orden jurisdiccional, que a su vez se organizarán en Unidades judiciales y Secciones”. Además ha adelantado que “la Audiencia Nacional se fortalece con una nueva sala de lo civil” y que “tanto el Tribunal Supremo como los Tribunales Superiores de Justicia pueden tener Salas de Asuntos Generales”. Finalmente ha añadido como novedad extender a los doce meses del año el periodo de actividad de los Tribunales, considerando agosto como un mes hábil.

EJECUCIÓN DE SENTENCIAS
La sesión del miércoles 12 del Seminario FAES-ESADE Law School de Derechos Humanos ha tratado otras cuestiones como la efectividad de la tutela judicial, la ejecución de las resoluciones y la tutela cautelar. Junto a Ruiz-Gallardón han intervenido el magistrado del TSJC Joaquim Borrell y el presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, Pablo Llarena.

Ambos ponentes han analizado la ejecución de las sentencias como pilar del derecho a la tutela judicial efectiva. Joaquim Borrell se ha centrado en la jurisdicción contencioso-administrativa, previa mención a la importancia de la prohibición de dilaciones indebidas y de las medidas cautelares. “El sistema jurídico debe estar bien armado y organizado para que las sentencias se cumplan”, ha asegurado, como garantía al ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva.

Pablo Llarena ha hecho extensiva su explicación a la jurisdicción penal, y ha abundado en la consideración de que el mero incumplimiento de los plazos razonables de ejecución de las sentencias no solo vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva sino también de ciertos derechos fundamentales de particular protección.

El Seminario FAES-ESADE Law School de Derechos Humanos Antonio Marzal, organizado por Ignacio Astarloa, director de Constitución e Instituciones de FAES, y Enric R. Bartlett, director de las jornadas, celebra este año su XX edición, la décima que organizan de forma conjunta ambas instituciones.