CORONAVIRUS La respuesta de la UE a la crisis, entre la solidaridad y la desconfianza

10/04/2020

Santiago Álvarez García es Profesor Titular de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo


Después de la reunión infructuosa del Eurogrupo del martes 7, el jueves se alcanzó un acuerdo para movilizar un programa de créditos por importe superior a 500.000 millones de euros, destinado a combatir la crisis económica causada por el coronavirus, aparcando la petición de mutualización de la deuda.

Es preciso recordar que las primeras medidas contra la crisis han sido las adoptadas por el Banco Central Europeo (BCE). El 18 de marzo aprobó el Programa de Compras de Emergencia Pandémica (conocido como PEPP por sus siglas en inglés). Es un programa de adquisición de activos, tanto públicos como privados, en el que se incluyen todas las categorías de activos elegibles bajo el programa de compra ya existente, con un alcance de 750.000 millones de euros, que estará vigente hasta el final del año 2020. 

Al igual que en los programas anteriores, diseñados por Mario Draghi, las compras de deuda pública se realizarán de forma proporcional al tamaño de cada economía, pero en ese caso su aplicación será flexible, lo que abre la puerta, si fuera necesario, a mayores compras de deuda de los países más afectados por la crisis, como España o Italia.

El principal objetivo del PEPP consiste en estabilizar las primas de riesgo de los países que van a tener que recurrir a unas mayores emisiones de deuda pública para financiar los costes de la crisis.
Por su parte, la Comisión Europea, que el 20 de marzo activó la cláusula general de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, suspendiendo la aplicación de las reglas de estabilidad presupuestaria para los países de la zona euro, propuso dos instrumentos de actuación.

El primero es la aplicación del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), creado en octubre de 2012, con una capacidad de concesión de créditos de 500.000 millones de euros, financiados mediante empréstitos en mercados financieros garantizados por los accionistas, que son los Estados miembros de la zona euro. En la crisis de 2008, la asistencia financiera por parte del MEDE se condicionó a que el país beneficiario presentara un programa de ajuste macroeconómico para garantizar la sostenibilidad de sus finanzas públicas, pudiendo suspenderse la asistencia financiera, que se desembolsaba por tramos, en caso de incumplimiento de las obligaciones pactadas.

El segundo consiste en la creación de un fondo de solidaridad, dotado con 100.000 millones de euros, destinado a financiar las ayudas nacionales a los expedientes de regulación de empleo y a los autónomos de los países en que el aumento del desempleo se traduzca en un mayor incremento del gasto público. Se trata por tanto de un fondo de desempleo temporal, no un mecanismo de reaseguro permanente, que requiere para su puesta en marcha que los distintos Estados de la UE aporten garantías por un valor mínimo de 25.000 millones de euros.

El paquete de medidas finalmente aprobado el jueves, que en realidad es el mismo que se debatió en la reunión del Eurogrupo del martes, se compone de un conjunto de créditos por importe global superior a 500.000 millones de euros, de los cuales 240.000 millones procederían del MEDE, 200.000 del Banco Europeo de Inversiones en forma de préstamos a las empresas, y 100.000 del fondo contra el desempleo.

Los desencuentros entre los distintos países se centran en dos cuestiones, el papel del MEDE en el corto plazo, y la financiación de un programa de recuperación económica a medio plazo.

Una vez que la actuación del BCE ha estabilizado los mercados de deuda, Italia rechaza los créditos procedentes del MEDE, pidiendo que se realice una emisión de deuda mancomunada que permita compartir la carga entre todos los países comunitarios. En todo caso, al igual que España, rechaza cualquier tipo de condicionalidad en los préstamos.

Por el contrario, Holanda considera que el MEDE es el instrumento adecuado para canalizar las ayudas, aceptando reducir la condicionalidad en las mismas, pero no eliminar totalmente la supervisión. El mismo martes 7, por la mañana, el Parlamento holandés aprobó el rechazo tanto a los “coronabonos” como a la concesión de créditos sin condiciones, no estando dispuesto a garantizar la deuda emitida por otros países.

El otro punto de fricción es el relativo al diseño del plan de recuperación económica a medio plazo. Los países del sur pretenden que se ponga en marcha un mecanismo o fondo financiado en los mercados mediante una deuda europea mutualizada. Esta postura es rechazada por los países del norte, que si bien consideran necesario un plan de reconstrucción, rechazan que su financiación se realice mediante transferencias de sus países hacia los del sur.

¿Qué ha cambiado entre el martes y el jueves para hacer posible el acuerdo? Por un lado, la enorme presión a la que hacían frente los negociadores. Un nuevo fracaso no solamente resultaba muy difícil de explicar, sino que sería recibido de forma muy negativa por los agentes económicos y los mercados financieros. Por el lado de las cesiones en la negociación, Holanda retiró los requisitos de condicionalidad a las ayudas del MEDE a cambio del compromiso de que se destinen a sufragar los gastos de la pandemia, mientras que España y Francia se desmarcaban de la postura de Italia y acepaban aparcar la petición de una emisión conjunta de deuda. En el futuro se negociará un fondo de recuperación temporal, destinado a financiar los costes extraordinarios de la crisis.

Las políticas puestas en marcha, tanto por el BCE como por la Comisión, suponen una importante inyección de fondos para la economía europea y garantizan que los países, como Italia y España, que sufran un mayor deterioro en sus finanzas públicas van a poder endeudarse sin afrontar tensiones en los mercados financieros. Sin embargo, cada país va a tener que asumir su deuda, ya que se trata de una solidaridad sin mutualización. 

El coste reputacional que tienen los países que, como España, no aprovecharon los últimos años de crecimiento económico para concluir el saneamiento de sus finanzas públicas, y la desconfianza en que adopten en el futuro las reformas que necesita su economía, es demasiado elevado para que los países del norte acepten estas propuestas.

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