Número 67 de la revista dirigida por Javier Zarzalejos Nota Editorial de 'Cuadernos FAES de Pensamiento político'

09/07/2020

Después de tres meses bajo un estricto estado de alarma, la pretendida nueva normalidad sigue siendo un enunciado que no puede ocultar la gran incertidumbre con la que la mayoría de los ciudadanos contemplan el futuro inmediato. Incertidumbre por la evolución de la situación sanitaria sobre la que los propios científicos mantienen opiniones contrapuestas. Incertidumbre sobre la profundidad y persistencia del devastador impacto económico que ha provocado la pandemia y su traducción en el empleo. Incertidumbre, por último, ante el negativo rendimiento de una coalición de Gobierno apoyada en la mayoría que invistió como presidente a Pedro Sánchez y que este, al mismo tiempo que insiste en la buena salud de Frankenstein, tiene que dejar a un lado cuando se trata de gobernar.

En estas circunstancias, a un Gobierno no se le piden continuos ejercicios de contorsionista para sacar adelante su geometría variable sino un proyecto de alcance estratégico para la recuperación. Se trata de alinear a España con el esfuerzo modernizador que la Unión Europea está dispuesta a impulsar a través de un fondo de recuperación que, incluso si variara en las cifras propuestas por la Comisión, será una contribución sin precedentes a la salida de este profundo bache. Esta crisis es diferente a la de 2008, aunque ambas coincidan en desencadenarse con un Gobierno socialista y ver agravado su impacto por la tradicional despreocupación de la izquierda hacia la sostenibilidad de las cuentas públicas. Pero es diferente, sí. En aquella, la crisis de deuda se tuvo que afrontar con un plan de ajuste que afectó tanto a gastos como a ingresos, con objetivos estrictos de consolidación fiscal y una condicionalidad muy exigente para los países que fueron rescatados. En este caso, todas las restricciones han saltado y desde el Fondo Monetario Internacional se anima a los gobiernos a gastar “lo que puedan” y se suspende el Pacto de Estabilidad y Crecimiento con sus techos de deuda y déficit, los elementos sustanciales del régimen de competencia que prohíben las ayudas de Estado y la especialidad presupuestaria, para facilitar la gestión del gasto a nivel europeo. La diferencia es esencial si se añade, además, el papel del Banco Central Europeo, que está asegurando la estabilidad de los tipos de interés y mantiene bajo control las primas de riesgo que en la crisis iniciada en 2008 se convirtieron en un angustioso indicador del deterioro de la economía.

La crisis del COVID-19 es mucho menos simétrica de lo que parece, de ahí que sea necesario un compromiso de solidaridad entre los intereses legítimos, pero contrapuestos, no solo del Norte y el Sur de Europa, sino contrapuestos también entre el Este y los países que, como España e Italia, resultarían los principales beneficiarios del fondo de recuperación.

Europa es parte de la solución. Pero no hay que caer en el espejismo de creer que España ha mudado su capital a Bruselas. Seguimos siendo responsables últimos de nuestro destino y del camino que tomemos. Y por eso es importante que seamos conscientes del entorno europeo e internacional en el que nos vamos a mover y de lo que toca hacer en el corto, en el medio y en el largo plazo. Hay que aprovechar al máximo el potencial de los recursos que la UE ponga a nuestra disposición, que tendrán que destinarse sobre todo a proyectos de inversión con valor añadido en el terreno de la transformación digital y la transición energética. Pero hasta el propio Sánchez ha reconocido que los niveles de deuda y de déficit en los que vamos a incurrir no son sostenibles indefinidamente. No hace falta ser un experto para saber que con subidas de impuestos en tiempos de una recesión desconocida por su profundidad, no solo no se reduce el déficit sino que se agrava la recesión.

El Gobierno, también aquí, debe ofrecer un plan más convincente. Una buena parte de esa credibilidad vendrá de su capacidad para sellar acuerdos cuyo objetivo no sea apuntalar esa geometría variable con la que el Gobierno vive al día, sino compromisos a largo plazo que orienten la economía española hacia la modernización de su tejido productivo y a retomar las reformas abandonadas en un país donde, desde el inicio del bloqueo en 2015, el rendimiento de la política se acerca a cero.

El reto económico no puede disociarse de la actual configuración política. La fórmula Frankenstein no solo ha quedado fuera de la realidad, sino que ha envejecido muy rápidamente. Cuando un Gobierno tiene que recurrir a un pacto formal con Bildu concediendo a los que nunca han condenado a ETA ni más ni menos que la derogación “íntegra” de la reforma laboral, es que realmente tiene problemas serios. Tampoco hacen más creíble las afirmaciones de solidez de la coalición que hace su presidente, los detalles que se van conociendo de un caso que tiene al vicepresidente segundo en el foco de una investigación judicial por hechos especialmente sórdidos. ¿Se pueden sostener con bien para nuestro país los compromisos asumidos por el PSOE con los independentistas catalanes? ¿Cuál es el margen de maniobra que concede al Gobierno este juego de mantener cada día más platos en el aire? ¿Es compatible una coalición de Gobierno como la que salió del pacto de los socialistas con Podemos con la necesidad de certidumbres que reclama el mundo empresarial, que necesita la sociedad española y que debe asentarnos sin sobresaltos en un escenario europeo que, en todo caso, será difícil? 

En estas circunstancias, y a pesar del lenguaje políticamente soez adoptado por Sánchez hablando de intentos de “derrocamiento” por parte de la oposición, el Partido Popular ocupa una posición central como eje de la alternativa al Gobierno y como interlocutor esencial si el Gobierno quiere dotar al esfuerzo de recuperación del impulso que le darían acuerdos de fondo ampliamente representativos. Parece que estamos lejos de ese escenario porque la prioridad de Sánchez sigue siendo mantener su coalición con Podemos y los independentistas. En torno a ella pueden girar otros, pero su papel será intermitente y, para Sánchez, instrumental. Y no se trata de engrosar el manual de resistencia de un político divisivo, sino de ofrecer a España un horizonte tan despejado como sea posible.

A ese horizonte apunta este número de Cuadernos de Pensamiento Político con artículos de Javier Rupérez, José Antonio Olmeda, Beth E. Jones, Pedro Fraile Balbín, Javier Redondo Rodelas, Vicente de la Quintana Díez, Juan Pablo Serra, Juan Ángel Soto, José María Ortega Sánchez, Roberto Inclán Gil, Diego Sánchez de la Cruz y Antonio R. Rubio Plo. Y reseñas de Enrique Arnaldo Alcubilla, Miquel Porta Perales, Alfredo Crespo Alcázar, Gabriel Cortina y Carmelo López-Arias. 

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