CONFINAMIENTO

Más de 200.000 personas han quedado de nuevo confinadas en la provincia de Lleida. La Generalitat de Cataluña ha pedido al Gobierno que acuda al MEDE –el fondo de rescate europeo– para que le facilite 4.500 millones de euros. Nissan confirma la decisión de cerrar su planta de fabricación en Barcelona. El sector turístico ve cómo la recuperación no solo no llega, sino que los nuevos brotes la alejan aún más. Todo esto y mucho más está ocurriendo, pero el folletín independentista continúa. El PDCat se rebela contra Puigdemont; nace el PNC con la intención de emular al PNV, catalanista e independentista, distópico, confederal, bilateralista, soberanista (pero no ahora) y transversal (pero menos). Puigdemont, en pleno demarraje para mantener la fijación independentista, desgobierna a distancia, y ERC, que está escamada por pasadas experiencias en las que aparecía siempre como vencedora segura (pero solo en los sondeos), empieza a maliciarse que Frankenstein no es la coalición que pensaban sino el mismísimo Sánchez ataviado de confluencia de izquierda y haciendo de flautista de Hamelín.

MÉXICO, EL ATAQUE DEL POPULISMO

El populismo más destructivo encontró en la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) un nuevo vehículo para seguir parasitando América Latina con su demagogia. Ya antes del COVID-19 la economía mexicana se acercaba a un marasmo en el que todos los indicadores empeoraban. Los gestos de AMLO para satisfacer a su galería populista no han hecho más que dificultar la inversión y agravar la pobreza. La violencia rampante y la corrupción son males que la insolvencia gestora y la inanidad política de AMLO no han hecho sino empeorar. La enorme crisis sanitaria que supone la pandemia ha encontrado en el presidente mexicano una combinación letal de negación y superchería dejando al país inerme ante la extensión del virus que ha superado ya todas las alertas y se ha convertido en un azote de grandes dimensiones.

LOS PACTOS QUE NO QUIERE SÁNCHEZ

Pedro Sánchez se apunta a aquello de que la realidad no te estropee una buena historia. Su “buena historia”–así lo cree– es el retrato de un Partido Popular extremado e incapaz de acordar y cautivo de un papel estéril en la oposición. Por eso, cuando se perfila con claridad la disposición del PP a pactar medidas sensatas y eficaces para afrontar la crisis, empezando por la sanitaria, Sánchez hace muy visible su incomodidad e insiste en provocar la ruptura. Si el pasado martes la conferencia de prensa de la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno fue una continua descalificación del PP utilizando sin la menor contención la tribuna institucional de la Moncloa, la sesión de control parlamentario de ayer volvió a mostrar a un Sánchez que parecería que busca provocar que los acuerdos sean imposibles. Con la vieja técnica de embarrar el terreno, el presidente del Gobierno echó mano de dos falsedades: una, las supuestas maniobras del PP para dificultar el acceso de España al fondo europeo de reconstrucción y, la otra, la supuesta descalificación del Estado de derecho en nuestro país por un informe que, en el  marco de la evaluación por parte de la Comisión Europea de las medidas adoptadas por los Estados miembros con motivo del COVID-19, recopila diversos datos que apuntan críticamente a la gestión del Gobierno.

EL ESPACIO DE LA SOCIEDAD CIVIL

La reunión empresarial convocada por la CEOE es una iniciativa oportuna y necesaria. España se enfrenta a una crisis económica fulminante con una dramática repercusión sobre el empleo y la cohesión social y lo hace con un marco institucional deteriorado y un Gobierno que reúne todas las contradicciones posibles en su precariedad parlamentaria, y se muestra una y otra vez incapaz, por voluntad propia, de articular los acuerdos necesarios que dejen al margen los radicalismos, las recetas populistas y neutralicen en vez de fortalecer las presiones disgregadoras que sufre nuestro país. Es alentador que el sector privado en el que se encuentran proyectos empresariales de éxito global haga visible este paso al frente y afirme su compromiso con el futuro. Deja a un lado la constante denigración de la actividad empresarial que se proyecta desde sectores muy influyentes del Gobierno que exhiben sus atávicos prejuicios contra los motores de la creación de riqueza, la innovación y el empleo

¿SÍ, MINISTRO?

En la última sesión de control celebrada en el Congreso de los Diputados se ha escuchado, sin hacer ruido, una declaración sorprendente. Preguntaba la diputada brasileña de ERC, Carvalho Dantas, enfundada para la ocasión en una camiseta con la leyenda “Antifaxista”, si el gobierno pensaba “considerar como terrorista al movimiento antifascista”. La diputada glosaba en su intervención el peligro fascista en que ve despeñarse la paz civil en el “Estado español” y en algún momento pudo temerse que iba a señalar a la coalición gobernante por su falta de compromiso antifranquista. Consumió su tiempo reglamentario sin que pudiera concluir la diatriba y quedamos en ascuas sobre la responsabilidad del Gobierno Sánchez-Iglesias por su flojera a la hora de combatir el fascismo. El ministro de Justicia –impecable traje gris, nudo de corbata perfecto– contestaba a la diputada republicana –socia en la investidura, clave en la Legislatura– tranquilizándola a ella y a todos: en España, la libertad ideológica y la libertad de expresión seguirán siendo “pilares básicos” del Estado a los que el ministro llamaba a “atarse como mástiles en medio de una tormenta”.

AUTORIDAD ÚNICA

El artículo 9.1 de la Ley Orgánica 1/1981 de 1 de junio que regula los estados de alarma, excepción y sitio, es concluyente: “Por la declaración del estado de alarma todas las Autoridades civiles de la Administración Pública del territorio afectado por la declaración, los integrantes de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, y los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas de la Autoridad competente en cuanto sea necesaria para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza.”

NO SE SOSTIENE

El argumento de que nadie podía saber la gravedad de la pandemia se repite como el último recurso exculpatorio del Gobierno frente a la exigencia de cualquier responsabilidad, incluso de la exigencia de ofrecer una explicación mínimamente razonable a tanta inconsistencia y falta de capacidad en la gestión de la crisis sanitaria. Pero el argumento, nuevamente, no se sostiene frente a la realidad. Si realmente nadie podía prever lo que se nos venía encima, el Gobierno habría optado por dejar en suspenso sus afirmaciones y aplicar un principio de prudencia en sus valoraciones y en las medidas que tendrían que haberse adoptado.

CUENTAS Y CUENTOS

Desde que la CNN certificó que Pedro Sánchez se había inventado un supuesto informe de la Universidad Johns Hopkins para jactarse de las muchas pruebas de COVID que se estaban haciendo en España, el Gobierno está dejando un rastro de descrédito que no ha dejado de hacerse más evidente. La anteúltima ha sido la reacción del Financial Times explicando que no recogería los datos oficiales de fallecimientos ofrecidos por el Gobierno español por su falta de credibilidad. Peor aún, casi al mismo tiempo que desde la tribuna del Congreso Sánchez se felicitaba e invitaba a que se le felicitara porque en los dos últimos días no se había producido ningún fallecido por COVID en España, el diario británico consideraba “ridícula” esa afirmación, el consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía la calificaba como una ofensa a las víctimas y el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, el socialista García Page, reiteraba que no ha habido ningún día sin que haya fallecido alguien.

INGRESO MÍNIMO

El Estado de bienestar es una gran estructura de solidaridad de los que tienen trabajo hacia quienes no lo tienen, de los que tienen más ingresos hacia los que tienen menos, de los que se encuentran sanos hacia los que necesitan recuperar la salud, y de las generaciones presentes hacia las futuras. Para asegurarlo, la solidaridad se tiene que ejercer sobre una economía que pueda financiar sus prestaciones mediante el crecimiento y el empleo. Por eso, el Estado de bienestar solo se da en economías de mercado, abiertas y basadas en la iniciativa empresarial. No existe Estado de bienestar en las economías de la privación y la miseria soñadas por la extrema izquierda populista y predicadas por esta como sus modelos. Es en este contexto en el que tiene que valorarse la introducción del ingreso mínimo como una nueva prestación en el sistema de seguridad social. Novedad solo relativa porque las comunidades autónomas, en uso de sus competencias, han arbitrado diversos mecanismos de sostenimiento de rentas mínimas que este ingreso complementará en diversos supuestos. Varios análisis publicados aquí se han mostrado partidarios de un sistema temporal, rigurosamente gestionado, que sirva para aflorar economía sumergida y que no suponga desincentivar la búsqueda de empleo en sus beneficiarios. Es un deber moral y una política sensata remediar las situaciones de pobreza extrema y exclusión en nuestra sociedad, cuidar de los más vulnerables, tender una red de seguridad a los que la necesiten. La sociedad civil y diversas administraciones públicas lo vienen haciendo con esfuerzo. Ahora la administración del Estado sigue ese camino que la responsabilidad asistencial a nivel autonómico y local ya había abierto. No será un sistema temporal sino estructural y no está claro que la extraordinaria complejidad del diseño de esta política contribuya a una gestión eficaz y a una evaluación rigurosa de sus resultados. La retórica populista que ha envuelto su presentación no es un buen augurio.

PROVOCACIONES

Cayetana Álvarez de Toledo puede estar tranquila ante las acciones judiciales que dice que prepara el padre de Pablo Iglesias. Y no solo porque la inmunidad parlamentaria le protege cuando utiliza la tribuna, sino porque sus peores detractores –que lo son del Partido Popular– dieron lugar a una doctrina que ilustra bien este caso. En efecto, el Tribunal Supremo condenó en su día a Arnaldo Otegui a un año de prisión por injurias a la Corona después de que Otegui dijera del rey don Juan Carlos que era “el jefe de los torturadores”. El Tribunal Constitucional confirmó la condena. Otegui recurrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en marzo de 2011 la Corte falló que calificar así al Jefe del Estado no era injurioso sino un ejercicio de libertad de expresión. Es más, el Tribunal de Estrasburgo fijó una indemnización de 20.000€ a favor de Otegui. Si calificar al Rey de “jefe de los torturadores” es un comentario simplemente molesto u hostil, como decía la sentencia del TEDH, recordar que alguien militó en una organización que practicó la violencia terrorista sería, pongamos por caso, un ejemplo del derecho a difundir libremente información veraz.

NISSAN Y…

Mientras el Gobierno a través de su vicepresidente segundo dispensaba ayer su indecencia diaria, Nissan preparaba el anuncio de cierre de su planta en Barcelona. La confirmación del cierre es un duro golpe a la industria del automóvil, un nuevo drama para el empleo (3.000 empleos directos y hasta 30.000 indirectos afectados) y un indicador de la crisis cuya dimensión solo ahora se empieza a medir. Pero la decisión de Nissan lo que plantea es el problema más amplio y aun más grave de la imagen de España como destino de inversión. Nissan puede abrir la puerta a una huida empresarial que ya planea sobre la presencia de otras multinacionales del sector pero que no solo se reduce al automóvil. En esta situación de incertidumbre, se necesitan enormes dosis de credibilidad y confianza para mantener la imagen de solvencia de un país. Y el Gobierno Frankenstein, en unos casos por torpeza, en otros por mala fe y en la mayoría por su radicalismo ideológico, carece de ambas cualidades.

NO SERÁ EL ÚLTIMO

Apremiado para salir del agujero al que le ha arrojado su pacto con Bildu, el Gobierno y su partido han recurrido al manual de la mentira que últimamente tanto frecuentan. En este caso, las mentiras han sido dos. La primera ha consistido en proclamar que el pacto con Bildu es culpa del PP. La segunda pretende asegurar a los incautos que este ha sido un hecho aislado, provocado por el “pánico” de Sánchez a perder la votación sobre la quinta prórroga del estado de alarma que el malvado PP quería convertir en una censura al Gobierno. Y no se repetirá. Sí, se repetirá cuantas veces sea necesario, porque no es que el PSOE y Bildu sean interlocutores ocasionales. Son socios y desde hace tiempo. Solo se necesita un fácil ejercicio de memoria reciente: Bildu se integró en la operación de censura contra Mariano Rajoy que llevó al poder a Pedro Sánchez y después de apoyar la investidura ha permanecido como célula durmiente de la mayoría Frankenstein. Cómo no recordar la obsequiosidad hacia la portavoz de Bildu que Sánchez exhibió en el debate de investidura a pesar del brutal alegato contra la Constitución de la dirigente bildutarra.

VIRUS Y REVOLUCIÓN

Hay una izquierda asilvestrada, derrotada por la historia, que quiere resurgir. Es consciente de que la revolución no la trajeron las dictaduras que traicionaron a la “famélica legión” que todavía invocan en vano los que cantan la Internacional. Tampoco la trajeron los pijos maoístas del París del 68, aquellos ociosos hijos de la burguesía que pretendían la revolución y les salió una revuelta. Vieron cómo los comunistas en Europa tenían que hacerse eurocomunistas y cómo los partidos socialistas tuvieron que renunciar al marxismo para ganar elecciones. Casi consiguieron hacer de Portugal un reducto leninista después de la “Revolución de los Claveles”, pero fracasaron y, de nuevo, comprobaron sus escasas esperanzas cuando Mitterrand se tuvo que desprender de ellos en su primer gobierno para que Francia no colapsara. El estruendo de su derrota resonó en Berlín en noviembre de 1989. Lo que hoy tenemos, lo que en parte nos gobierna, ha salido de aquellos escombros.  

DOS TAZAS

Para sacar adelante su pretensión de prorrogar el estado de alarma un mes, Pedro Sánchez necesita renovar sus coartadas y refrescar sus apoyos. Ya no va a poder recurrir a la mentira de que los ERTE y sus prestaciones decaerán si el Congreso no aprueba la prórroga. Por otra parte, el argumento del mando único se ha devaluado hasta el extremo por la propia ineficacia del Gobierno al ejercerlo y por las crecientes presiones nacionalistas para ir dejándolo sin contenido. Ahora que el confinamiento se ha atenuado, es más claro aún que las restricciones que haya que imponer –cuarentenas incluidas– y la coordinación con las Comunidades Autónomas pueden –y deben– gestionarse con la legislación sanitaria que prevé las situaciones de emergencia y con las leyes ordinarias que establecen mecanismos de coordinación reforzada entre administraciones. El propio argumento de la “cogobernanza”, tan ampulosamente reiterado por el Gobierno, si realmente es coherente, difícilmente se compadece con la insistencia en el “mando único” en esta fase de desescalada. La secuencia de imposturas del Gobierno –desde el ranking trucado de la OCDE al inexistente informe de la Universidad Johns Hopkins, desde su aparente sometimiento al control quincenal del estado de alarma hasta el montaje de una fantasmagórica comisión de expertos que decide sobre la progresión de las Comunidades Autónomas de manera objetiva y por estrictos criterios técnicos– requiere una fe en sus propósitos que el Ejecutivo no merece. Atentos pues al nuevo artificio retórico que Sánchez exhibirá en el Parlamento...

TAIWAN Y LA OMS

Es unánime la opinión de que Taiwan es uno de los países que mejor ha respondido a la epidemia. Bajo todos los criterios, este país ha demostrado preparación, conocimiento, disciplina social y capacidad de gestión.  Por eso se ha ganado el apoyo a la petición de que sea invitado como observador a la próxima Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, OMS, que se inicia de manera telemática el próximo 18 de mayo. La OMS, dirigida por una personalidad tan gris como Tedros Adhanom Ghebereyesus, necesita urgentemente recuperar el crédito perdido por su inacción -en la mejor de las hipótesis- ante la gestación de la pandemia en China y las estrategias de Beijing posteriores, dedicadas a acallar a los que advirtieron de lo que estaba pasando y a lanzar campañas de desinformación para encubrir sus responsabilidades. China debería dejar de lado sus aprensiones frente a Taiwan porque esto ni modifica ni condiciona el marco de relación entre el régimen continental y la isla. Taiwan no va a recuperar su estatus internacional, precisamente porque nada va a cambiar en esa situación. La invitación a estar presente como observador en la Asamblea de la OMS es razonable; puede aportar el valor de una experiencia elogiada y de éxito en la lucha contra la pandemia y, sin duda, serviría para rehacer la integridad y credibilidad de la OMS y disiparía las sospechas de dependencia de la organización respecto a Beijing que tanto daño le están infligiendo a aquella.

MENTIRA PROBADA

Este Gobierno sorprende. No sólo miente, sino que él mismo facilita solemnemente la prueba de su mentira. Dos días después de que Sánchez exigiera en el Congreso la tercera prórroga del estado de alarma porque de ello dependía la continuidad de los ERTE, el acuerdo entre sindicatos y representación empresarial junto con el propio Gobierno amplía la vigencia de este instrumento de flexibilidad laboral y de sus prestaciones, como mínimo hasta el 30 de junio. Hasta el miércoles de la semana pasada la vinculación de los ERTE con el estado de alarma era absoluta, inescapable: si se querían esas prestaciones había que aceptar la limitación de derechos fundamentales dónde, cómo y con la extensión que decidiera el Gobierno. Los ERTE eran un valioso rehén para el chantaje. Apenas 48 horas después, toda la trompetería gubernamental se concierta para anunciar que esas prestaciones llegarán a junio y es posible que más allá. ¿Puede un Gobierno jugar de esa manera tan obscena con la desazón, el temor y la necesidad de tantos ciudadanos, empresarios y trabajadores, para manipular el debate político en su favor? Sí; parece que no sólo puede, sino que le da resultado. Habrá que ver cuál es el nuevo rehén que toma el Gobierno para conseguir la siguiente prórroga del estado de alarma. Porque otra interpretación del acuerdo social -bienvenido sea- podría ser que el 30 de junio sea la primera fecha final para los ERTE y también para el estado de alarma.

1945-1989

El final de la Segunda Guerra Mundial que hoy celebramos significó una decisiva victoria sobre el totalitarismo nazi, una victoria sobre el mal absoluto del Holocausto, sobre la frenética locura asesina. De aquella victoria nació un nuevo orden internacional, político, económico y de seguridad, que reafirmó la superioridad de la libertad frente a la dominación para crear riqueza y promover el desarrollo, para construir los consensos políticos y sociales en los que hemos vivido y para afirmar la relación transatlántica como eje vertebral de estabilidad y garantía de seguridad. Pero es preciso recordar que el prólogo de esa guerra fue el pacto Von Ribbentrop-Molotov en el que el nazismo y el comunismo stalinista plasmaron su pretensión de reducir a Europa a la condición de continente esclavizado para repartírselo. La victoria de 1945 sólo quebró la mitad de ese pacto. La otra parte, el comunismo soviético, aplastó a media Europa y se convirtió en la quinta columna contra la libertad de la otra media. Budapest, Praga, Cuba, Berlín prolongaron la lucha contra el totalitarismo, ahora vestido de rojo, hasta que en 1989 el comunismo se vino abajo. Fue entonces cuando se completó la victoria. Y no hay que olvidarlo.

LA RANA Y EL ESCORPIÓN

Seguro que Inés Arrimadas conoce la historia de la rana que se ofrece al escorpión para ayudarle a vadear el río. Por eso el viaje de Ciudadanos al universo Frankenstein en el que habita Pedro Sánchez suscita el interés de contemplar cómo la esperanza triunfa sobre la experiencia. Pactar en este caso requiere dos condiciones. La primera es creer que Sánchez dice la verdad. La segunda, creer que cumple los pactos. En cuanto a la primera, la estrecha amistad de Sánchez con la mentira no es una descalificación sino una evidencia estadística de la que Ciudadanos tiene abundantes registros. Sobre la segunda, salvo que peine coleta y hable bajito, cumplir los compromisos es una gracia que Sánchez no dilapida con fuerzas que considera menores y que además no son nacionalistas. Escuchar a Sánchez reafirmándose en que las prestaciones de los ERTE dependen del estado de alarma resultó una humillación excesiva a sus recién ganados, al menos por lo precoz...

EL GOBIERNO EN FUGA

No estaríamos en este debate si el Gobierno no hubiera desnaturalizado el estado de alarma hasta convertirlo en el escudo político para su propia supervivencia y, con tanta frecuencia, en la cortina de humo de su insolvencia. No estaríamos en este debate si el Gobierno no hubiera condicionado ilegítimamente las prestaciones sociales para los millones de españoles directamente afectados por la crisis a la continuidad –de hecho indefinida– de sus poderes excepcionales. No estaríamos en este debate si en vez de reunir cada domingo a los presidentes de las Comunidades Autónomas para notificarles sus dictados, el presidente Sánchez hubiera entrado, de verdad, en el diálogo, la escucha y la negociación constructiva con las administraciones que tienen la responsabilidad sobre el terreno...

PRUDENCIA, CONFIANZA Y NORMALIDAD DEMOCRÁTICA

Iban a ser, como mucho, unos pocos contagios y vamos por 216.000. De muertos ni se hablaba y oficialmente superamos los 25.000. El impacto económico iba a ser “poco significativo” y ahora, sólo ahora, empiezan a poner números al descalabro. Aunque es poco probable, sería deseable por nuestro propio bien que el Gobierno acertara. Aun así, nadie le pide que sea infalible; a estas alturas nos basta con que sea prudente, que sea transparente hasta donde es posible –que es mucho–, que si se equivoca no sea porque el error va siempre a su favor, que trate a los ciudadanos como adultos, que confíe en los españoles y no los considere simplemente como el campo de experimentación de su continuo ejercicio de manipulación propagandística ya sea invocando a la OCDE o a la Universidad Johns Hopkins. Bastaría con que el Gobierno iniciara su propia desescalada desde ese monte de arrogancia al que se ha subido. Bastaría con que superase su adicción a la comodidad que le ofrecen los poderes extraordinarios, el estado de alarma y el mando único y, mientras disponga de ellos, los utilice sabiendo que se le conceden por la Constitución no para esa “nueva normalidad” de ingeniería social autoritaria, sino para recuperar la simple normalidad democrática, el vivir libre de los ciudadanos.

PROHIBIR HEZBOLLAH

Después de que el Reino Unido prohibiera todas las actividades de Hezbollah –el “partido de Dios”–, instrumento político y terrorista de Irán, ayer las autoridades alemanas hacían lo propio mientras sus fuerzas de seguridad llevaban a cabo una amplia operación contra los activistas de esta organización y sus estructuras de apoyo. Después de que en 2012 Hezbollah cometiera un atentado suicida en Bulgaria en el que seis personas fueron asesinadas, la Unión Europea decidió incluir en la lista de organizaciones terroristas a la rama “militar” de la organización, pero no a la política. De este modo, Hezbollah es mitad legal, mitad ilegal para la Unión y queda a salvo del conjunto de sanciones que podrían adoptarse contra esta organización que promueve la violencia terrorista, niega a Israel el derecho a su existencia, se ha convertido en un Estado dentro del Estado en Líbano, es uno de los más eficaces puntales del régimen sirio y constituye el principal instrumento de Irán para la extensión del terrorismo. El tiempo transcurrido desde que la UE adoptó su decisión, que difícilmente puede llamarse salomónica, ha mostrado que ilegalizar a Hezbollah al 50% es una salida ficticia e inútil. En el ámbito europeo se está abriendo paso la idea de que Hezbollah ha de ser declarada organización terrorista en su integridad. El segundo semestre de este año bajo presidencia alemana ofrece la oportunidad para que desde la presidencia de la UE se impulse esta decisión. Se mandaría un mensaje inequívoco de firmeza cuyo último destinatario sería el régimen iraní, con importantes efectos prácticos en la lucha contra el terrorismo global, y la Unión Europea haría un significativo acto de afirmación internacional.

NO ES LA ECONOMÍA, ES LA LIBERTAD

Angela Merkel lo explicaba con claridad meridiana: la Unión Europea representa el 7% de la población mundial, produce el 20% de la renta global, pero concentra más del 50% del gasto social del mundo. El peso del sector público en las principales economías europeas supera con creces el 40% –antes de la crisis– para financiar un repertorio de prestaciones públicas –sanidad, educación, pensiones y otras transferencias– que no tiene comparación en ninguna otra área económica. Y sin embargo hay que seguir escuchando a los dogmáticos de la izquierda con sus denuncias del “neoliberalismo” y su prédica machacona para intentar convencernos de que es la hora del Estado, como si el Estado no existiera. El Estado, a estos efectos, es esencialmente lo que pagamos nosotros hoy y lo que seguirán pagando las siguientes generaciones y como tal tiene un papel insustituible, en Madrid y en Washington. Pero ni es alternativa a la sociedad civil, ni nada avala que sea el gestor deseable de la economía. Eso lo saben bien los que más hablan de nacionalizaciones y citan el artículo 128 de la Constitución. Su fervor estatista tiene muy poco que ver con las preocupaciones económicas para las que aplican recetas que han cosechado fracaso y pobreza. Es mucho más sencillo: Simplemente quieren hacer del Estado el caballo de Troya para asaltar la libertad.

SUSPENDER Y PASAR DE CURSO

El viernes de la semana pasada el Gobierno borraba de un plumazo mediante orden ministerial el límite de suspensos fijado por la vigente ley de educación, la LOMCE, para que los alumnos, de manera excepcional, superen curso y obtengan su titulación académica. Y en un ejercicio de malabarismo político con sesgos de inconstitucionalidad permitía que su aplicación recayese en las comunidades autónomas. De forma que, según donde cada alumno estudie, se podrá pasar o no de curso con asignaturas suspendidas. Todo un monumento a la confusión jurídica, a la discriminación territorial y a la supuesta igualdad progresista. La ministra de Educación Isabel Celaá, la misma que en enero proclamaba ufana que “no podemos pensar de ninguna manera que los niños pertenecen a los padres”, se descuelga con una modificación que ha aunado en su contra a los sindicatos más representativos del sector, a la oposición política y a muchas de las comunidades autónomas. Y no contenta con ello, quiere además aprovechar el estado de alarma y la crisis del coronavirus para acortar los plazos parlamentarios e imponer sin consenso su ley educativa, la LOMLOCE...  

LLUVIA Y SEQUÍA

“Si el Gobierno se atribuye el mérito de que llueva, no se puede quejar de que le culpen de la sequía”. Esta frase atribuida al político y diplomático americano Dwigth Morrow debería repasarla el Gobierno cuando se queja de la crítica a que está siendo sometido por su gestión de la crisis de coronavirus. Porque el Gobierno ha tenido todo aquello que constitucionalmente podía pedir sin que la oposición le haya negado ninguno de los instrumentos que requería para afrontar la crisis. El estado de alarma se ha prorrogado tres veces y las administraciones autonómicas se han colocado en una posición de subordinación jerárquica al mando único. La interpretación de estos instrumentos ha sido más que extensiva y el origen de las críticas que últimamente tanto parecen afectar al Gobierno son producto de su propia factoría de contradicciones y dudas, de la falta de transparencia, de su afán por reclamar la autoridad y desplazar la responsabilidad, y de una grave carencia en el trato con la oposición con la que el Gobierno actúa exactamente al revés, cargándola de responsabilidad pero negándole toda autoridad política porque ese reconocimiento queda reservado para sus socios.

UNIDOS POR EL DESPROPÓSITO

Desde el Gobierno se denigra al Rey y a la Monarquía, se arrastra a la Guardia Civil a actuar de órgano censor en la red, se equiparan las “informaciones negativas” -para el propio Gobierno- con las mentiras, se atribuye a los tribunales de justicia sesgos prevaricadores y se deslegitima al órgano de gobierno de la Magistratura; el vicepresidente 2º desautoriza a los ministros, el presidente del Gobierno calla y otorga en esa desautorización, el ministro de Seguridad Social se entera por la prensa que al día siguiente presentará el proyecto de renta mínima, los niños irán al supermercado y horas después los niños no irán al supermercado, en todo un despliegue de transparencia informativa, en un mes se han cambiado seis veces los criterios de contabilización de contagiados por el coronavirus, mientras miles de fallecidos no existen para los partes oficiales. Pero se declara que el Gobierno esta muy unido. El despropósito se ha convertido en el  pegamento de este Gobierno.

“LIGERO REPUNTE”

Hay bastante de insensibilidad, sin duda involuntaria, cuando día tras día el incremento en el número de personas fallecidas por el coronavirus se califica indefectiblemente en los titulares como “ligero repunte”. Porque repunte a repunte, la semana que empezó con 399 víctimas, ayer ya registraba 440. Repunte a repunte. Dejemos la interpretación de los datos a los expertos, cuya credibilidad y la confianza que inspiren después de tantos días detrás del atril corresponde a cada cual valorar. Pero teniendo en cuenta el férreo confinamiento al que siguen sometidos los ciudadanos y la disciplina que están demostrando en su forma de conducirse en la pandemia, esos “ligeros repuntes” resultan preocupantes. Mientras tanto habría que pedir que alguien propusiera una forma distinta de titular. Los muertos no repuntan, no hay huérfanos o viudas de un repunte, sino de víctimas, cada una singular y única y todas, cada día, cada semana, acreedoras de nuestro respeto y nuestra condolencia.

"DESESCALADA" Y "VUELTA A LA NORMALIDAD"

El presidente del Gobierno acaba de obtener por tercera vez la autorización crítica –con el socorro leal del principal partido de la oposición– del Congreso de los Diputados para prolongar el estado de alarma en España. Ello significa la continuidad quince días más de las medidas de confinamiento de la población, del cierre de comercios y del recorte de algunas de nuestras libertades en pro de la máxima contención del coronavirus en nuestro país (con la excepción del controvertido paseo de los niños permitido a partir del próximo 27 de abril). Esta nueva prórroga nos llevaría ya, según Sánchez, al horizonte de la siguiente fase, la desescalada, y a una paulatina vuelta a la normalidad que –apunta– podría empezar a mediados del mes de mayo.

LA LLAVE DEL GOBIERNO

El mismo día en que se entrevistaron Pedro Sánchez y Pablo Casado, las fuentes habituales del Gobierno a través de sus medios habituales se emplearon a fondo para dejar claro que la coalición de los socialistas con Podemos estaba “blindada”. En consecuencia, que nadie pensara que esta coalición -en otro tiempo la coalición del insomnio para Sánchez- iba a sufrir mella alguna por la crisis sanitaria, económica y social que estamos atravesando y mucho menos iba a quedar afectada por el diálogo con el PP.

LA OTRA DESESCALADA

Sustituir el Parlamento por interminables monólogos en prime time, la rendición de cuentas por los plebiscitos demoscópicos, la realidad de un país sumido en la incertidumbre sustituida por la burbuja de unanimidades fabricada por el CIS. Estado de alarma más allá de sus límites constitucionales, mando único de mediocres resultados, filtrado masivo de redes sociales, insinuaciones censoras, el conjunto institucional convertido en 'attrezzo' presidencial.

CONSTITUCIONALISMO SELECTIVO

El Gobierno, tan ocupado consigo mismo, ha encontrado tiempo para encargar al Consejo de Estado un dictamen previo al recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley de la Junta de Andalucía sobre medidas de liberalización económica

¿PACTOS DE LA MONCLOA?

En su trayectoria Pedro Sánchez ha mostrado una habilidad camaleónica para reinventarse. La distancia ideológica que media entre la foto del “pacto de los tortellini” con Valls y Renzi y la foto del abrazo con Pablo Iglesias habla por sí misma. En esos cinco años, los que van de finales de 2014 a finales de 2019, el líder del PSOE ha recorrido la distancia que separa el socialismo europeo que rechaza y combate el populismo, del socialismo que absorbe el populismo y lo lleva de la mano hasta las instituciones del Estado.  

CARTA DE UN AMIGO PORTUGUÉS

Escribe un amigo portugués, escandalizado por la utilización de la intervención parlamentaria de Rui Río, líder del PSD, primer partido de oposición, para manipularla en contra de la oposición en España.

PRIMERO, LOS PACTOS EN LA MONCLOA

Se nos dice con razón que la crisis del coronavirus supone un impacto simétrico. Afecta a todos los países de la Unión Europa, no se puede atribuir a nadie la culpa de la infección y se debe asegurar bajo todas las formas posibles el apoyo público para que la actividad económica y el empleo no se hundan de manera irreversible.

CONFESIONES DE UN VICEPRESIDENTE

Contamos hoy con un vicepresidente del gobierno tan falto de experiencia para gestionar crisis reales como sobrado de sectarismo para provocarlas. España enfrenta estos días la mayor crisis sanitaria de su historia reciente y, como el resto del mundo, otea una grave recesión económica de consecuencias sociales y políticas imprevisibles. Incrustado en el gobierno que debe pilotar esta tormenta, Pablo Iglesias tendrá tiempo de sobra para meditar sobre la distancia que separa las metáforas de las realidades. No en vano él fue quien, para justificar la presentación de una moción de censura contra el gobierno de Mariano Rajoy, denunció que "la corrupción del PP es un virus que infecta a las instituciones". Según el actual vicepresidente, España vivía entonces (2017) en "un estado de excepción democrático".

LA IZQUIERDA COMO ALTERNATIVA A LA SENSATEZ

No es poca cosa que desde que se celebraron las elecciones generales en diciembre de 2015, el Gobierno del PP consiguiera aprobar los Presupuestos Generales de 2017 y 2018 que Sánchez tuvo que asumir. Por lo demás, en cuatro años y medio en España se han celebrado cuatro elecciones generales, tres de los cuatro primeros partidos han sustituido a sus líderes, se han votado dos mociones de censura, la última con éxito para sus proponentes, hemos tenido durante diez meses un gobierno en funciones, una intentona secesionista en Cataluña y, sin reforma económica alguna, nuestra economía ha cerrado 2019 haciendo saltar los compromisos de déficit y metida en plena ralentización. 

¿CUÁNTAS ALARMAS HACEN UNA EXCEPCIÓN?

La prórroga del estado de alarma anticipada por el presidente del Gobierno no despeja, sino que agrava las dudas jurídicas y constitucionales sobre la idoneidad de este instrumento para hacer todo lo que el Gobierno está haciendo. No se discute ahora el acierto de las medidas, sino la habilitación constitucional para tomarlas

SEGURIDAD NACIONAL Y PANDEMIA

La Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) aprobada por el Gobierno del Partido Popular en 2017 incluyó entre los desafíos las pandemias y epidemias. El documento identificaba seis alertas sanitarias globales desde la aparición del Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS) –a las que ya hay que añadir el coronavirus– y añadía una acertada descripción de nuestras vulnerabilidades en este terreno.

LA RIQUEZA NACIONAL Y EL INTERÉS GENERAL

Es curioso que, en estas circunstancias, el vicepresidente 2º del Gobierno, Pablo Iglesias, se dedique a tuitear el artículo 128 de la Constitución que subordina al interés general toda la riqueza nacional cualquiera que sea su titularidad y reconoce la iniciativa pública en la actividad económica, la posibilidad de que el sector público se reserve por ley recursos o servicios esenciales, así como la intervención de empresas por razones también de interés general.

LA AMENAZA DE LOS MERCADOS HÚMEDOS

21/04/2020. . Las autoridades chinas están permitiendo la reapertura de los llamados “mercados húmedos” donde se ofrecen, sacrifican y venden animales salvajes –y, como el caso de los perros, no tan salvajes–, así como diversas preparaciones de estos. Es verdad que, a raíz de la extensión del COVID-19, por el momento se ha prohibido la comercialización de estos animales, excepto las preparaciones para fines medicinales. Pero también es cierto que cuando apareció un virus anterior, el SARS, se dictó la misma prohibición y en poco tiempo esta simplemente decayó.