Las declaraciones del presidente del Gobierno sobre Cataluña en la conferencia de prensa de fin de año serían insólitas si no hubiera sido Pedro Sánchez el que las hubiera hecho. No hay ni siquiera “buenismo”, ni mucho menos ingenuidad, en su descripción de la política catalana como un anhelo de reconciliación –¿con quién tienen que reconciliarse los que han sido agredidos en sus derechos como ciudadanos y siguen siendo amenazados con ser convertidos en extranjeros en su propia tierra?– y de superación de la quiebra causada por el desafío independentista. Se trata de una fabricación de la propaganda gubernamental para justificar y hacer éticamente deseables los indultos a los condenados por el procés. La realidad, como ocurre habitualmente con las afirmaciones de...

En la presidencia de Biden se depositan expectativas crecientes de lucha contra la pandemia, de recomposición de las relaciones con Europa y de superación de la polarización política en EE. UU. Del mandato de Trump, los republicanos deben mantener la visibilidad y la preocupación por esa América del interior, de clases medias devaluadas, de desindustrialización y ruptura del tejido comunitario. El Partido Republicano, sobre un espacio reconstruido que no le condene al radicalismo populista y al cultivo de la polarización, puede aspirar a ser la opción ganadora dentro de cuatro años.

Cuando se miente para justificar cambios sustanciales en política criminal por puro oportunismo, lo peor no son las consecuencias de estricta penalidad, sino la falta de respeto hacia aquello que la configuración de todo tipo penal salvaguarda: el “bien jurídico protegido”. En el caso de los delitos de rebelión y sedición, nada menos que el orden constitucional y el orden público; en ambos supuestos, la defensa del Estado. Pedro Sánchez y su Gobierno han hecho de la mentira un recurso habitual de su acción política. Y eso tiene consecuencias graves porque va más allá de comprometer su credibilidad. Cuando la sinceridad en política llega a ser percibida como una rareza, la democracia queda comprometida.

El indulto de los políticos presos condenados por sedición y malversación y una reforma del Código Penal pro reo servirá al Gobierno y a los secesionistas. Al Gobierno para vender la idea de reconciliación. Pero que nadie espere milagros de un secesionismo catalán que seguirá considerándose inocente, culpabilizando al Estado, y exigiendo la amnistía y la autodeterminación. Un secesionismo que, a partir de ahora, sabrá que cualquier nuevo intento de romper el orden constitucional le saldrá a buen precio. El indulto y la reforma del Código Penal son, ambas cuestiones, una manera de blanquear y legitimar el secesionismo.

La historia demuestra con una tozuda insistencia que los aventureros, totalitarios y racistas que protagonizaron sus páginas más negras siempre se beneficiaron de la temeraria despreocupación de los que, al final, resultaron ser sus víctimas. Gentes mediocres, oscuras y resentidas –que, sin embargo, siempre dijeron y escribieron lo que pensaban de la sociedad que querían destruir– encontraron su mejor aliado en la sordera voluntaria de los que se creían inmunes a sus planes.

Estados Unidos es una República y sus representantes tienen la posibilidad de elegir entre dos caminos: esforzarse por el bien común o caer presa de las exigencias populistas que alimentan la ambición por el poder. Este ensayo político mantiene que aunque una parte del pueblo americano ha perdido la fe en su sistema electoral, la mayoría reniega de la violencia como solución y condena el gravísimo asalto de radicales aleccionados por el Presidente Trump al Capitolio. La autora cree que, aunque quizá el “trumpismo” ha llegado para quedarse, el problema de la polarización política deberá abordarse responsablemente después de la toma de posesión del Presidente Biden. Y apuesta por una transición sin problemas –y sin más objeciones a la validez de los votos electorales– como base para la recuperación del ideal democrático.

Los sistemas autoritarios que se benefician de la buena voluntad del Gobierno de España llenan los titulares con escandalosas violaciones a los derechos fundamentales. A seis meses de la muerte del disidente cubano Orlando Zapata, la huelga de hambre está también a punto de cobrarse la vida de su compatriota Guillermo Fariñas, y acaba de hacerlo en Caracas con Franklin Brito, que alcanzó los 39 kilos de peso esperando a que las autoridades chavistas le restituyeran la propiedad que le quitaron arbitrariamente. Por su parte, la familia de Sakineh Ashtiani, una viuda iraní condenada a la lapidación, ha conseguido que la atención internacional repare en un destino que en la tierra de los ayatolás amenaza por lo menos a otras catorce personas, según datos de Iran Human Rights, mientras que 135 jóvenes podrían pagar con la pena capital por delitos que cometieron cuando eran menores de edad.

Durante los últimos meses han sido cada vez más frecuentes las agresiones contra miembros y bienes del PP. En ocasiones se han producido condenas por parte de otros partidos que han mostrado su rechazo a ese tipo de comportamiento, pero generalmente su reprobación ha ido seguida por una imputación de la responsabilidadúltima por lo ocurrido al propio Partido Popular. Los paliativos de la condena y las acusaciones contra el agredido no sólo no ayudan a poner fin a la violencia política enEspaña sino que la animan. Ciertamente, la violencia política es útil para quien la ejerce, y limita la presencia pública del agredido hasta casi hacerla desaparecer. El rechazo y la renuncia a la violencia no pueden fundamentarse, pues, en razones de utilidad partidista, sino en una reflexión sobre el bien común.

Javier Zarzalejos reprocha a Pernando Barrena que se niegue a condenar los asesinatos de periodistas a manos de ETA