La actuación del tribunal contra el expresidente de Colombia Álvaro Uribe reúne todas las características de un ajuste de cuentas de la izquierda en la que la Corte Suprema, altamente politizada y cuestionada en su imparcialidad, desempeña un papel lamentable en su falta de rigor. Las supuestas evidencias sobre las que el Tribunal se ha pronunciado no resisten un mínimo análisis, incluso si se deja a un lado las dudas sobre la legalidad de la obtención de ese material. Porque a esta medida hay que añadir la investigación a que fue sometido Uribe por el mismo tribunal durante meses, sin que el afectado tuviera conocimiento de ella.

El abandono de Don Juan Carlos no amortiza nada. Más bien, contiene los ingredientes de atractivo mediático y de polémica política que aseguran el martilleo sobre la institución ahora con nuevos alicientes. La fuerza de la Monarquía está en unir su nombre a la ley, no al exilio; en superar la absorción de la institución por quien la represente en cada momento ya sea el ‘juancarlismo’ antes o el ‘felipismo’ ahora; en seguir cultivando el activo innegable de una institución que, es buen momento para recordarlo, abrió España para que nunca hubiera más exiliados.

El Tribunal Supremo ha revocado la situación de semilibertad de la que disfrutaba Carmen Forcadell gracias a la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Es de esperar que las próximas resoluciones del Supremo sigan poniendo orden en el tratamiento penitenciario de los condenados por la sedición independentista en Cataluña y se recuerde a quien lo necesite que una sentencia no es una opinión que pueda ser tomada a beneficio de inventario.

Después de tres meses bajo un estricto estado de alarma, la pretendida nueva normalidad sigue siendo un enunciado que no puede ocultar la gran incertidumbre con la que la mayoría de los ciudadanos contemplan el futuro inmediato. Incertidumbre por la evolución de la situación sanitaria sobre la que los propios científicos mantienen opiniones contrapuestas. Incertidumbre sobre la profundidad y persistencia del devastador impacto económico que ha provocado la pandemia y su traducción en el empleo. Incertidumbre, por último, ante el negativo rendimiento de una coalición de Gobierno apoyada en la mayoría que invistió como presidente a Pedro Sánchez y que este, al mismo tiempo que insiste en la buena salud de Frankenstein, tiene que dejar a un lado cuando se trata de gobernar.

El martes pasado tenía lugar, en la televisión pública vasca, el debate entre los candidatos a Lehendakari. A su término, ETB había programado la clásica hijuela en la que unos expertos comentan, resumen, diseccionan y, en fin, aclaran a los muy trasnochadores quién ha ganado el debate.

Estados Unidos es una República y sus representantes tienen la posibilidad de elegir entre dos caminos: esforzarse por el bien común o caer presa de las exigencias populistas que alimentan la ambición por el poder. Este ensayo político mantiene que aunque una parte del pueblo americano ha perdido la fe en su sistema electoral, la mayoría reniega de la violencia como solución y condena el gravísimo asalto de radicales aleccionados por el Presidente Trump al Capitolio. La autora cree que, aunque quizá el “trumpismo” ha llegado para quedarse, el problema de la polarización política deberá abordarse responsablemente después de la toma de posesión del Presidente Biden. Y apuesta por una transición sin problemas –y sin más objeciones a la validez de los votos electorales– como base para la recuperación del ideal democrático.

Los sistemas autoritarios que se benefician de la buena voluntad del Gobierno de España llenan los titulares con escandalosas violaciones a los derechos fundamentales. A seis meses de la muerte del disidente cubano Orlando Zapata, la huelga de hambre está también a punto de cobrarse la vida de su compatriota Guillermo Fariñas, y acaba de hacerlo en Caracas con Franklin Brito, que alcanzó los 39 kilos de peso esperando a que las autoridades chavistas le restituyeran la propiedad que le quitaron arbitrariamente. Por su parte, la familia de Sakineh Ashtiani, una viuda iraní condenada a la lapidación, ha conseguido que la atención internacional repare en un destino que en la tierra de los ayatolás amenaza por lo menos a otras catorce personas, según datos de Iran Human Rights, mientras que 135 jóvenes podrían pagar con la pena capital por delitos que cometieron cuando eran menores de edad.

Durante los últimos meses han sido cada vez más frecuentes las agresiones contra miembros y bienes del PP. En ocasiones se han producido condenas por parte de otros partidos que han mostrado su rechazo a ese tipo de comportamiento, pero generalmente su reprobación ha ido seguida por una imputación de la responsabilidadúltima por lo ocurrido al propio Partido Popular. Los paliativos de la condena y las acusaciones contra el agredido no sólo no ayudan a poner fin a la violencia política enEspaña sino que la animan. Ciertamente, la violencia política es útil para quien la ejerce, y limita la presencia pública del agredido hasta casi hacerla desaparecer. El rechazo y la renuncia a la violencia no pueden fundamentarse, pues, en razones de utilidad partidista, sino en una reflexión sobre el bien común.

Javier Zarzalejos reprocha a Pernando Barrena que se niegue a condenar los asesinatos de periodistas a manos de ETA