“Si el Gobierno se atribuye el mérito de que llueva, no se puede quejar de que le culpen de la sequía”. Esta frase atribuida al político y diplomático americano Dwigth Morrow debería repasarla el Gobierno cuando se queja de la crítica a que está siendo sometido por su gestión de la crisis de coronavirus. Porque el Gobierno ha tenido todo aquello que constitucionalmente podía pedir sin que la oposición le haya negado ninguno de los instrumentos que requería para afrontar la crisis. El estado de alarma se ha prorrogado tres veces y las administraciones autonómicas se han colocado en una posición de subordinación jerárquica al mando único. La interpretación de estos instrumentos ha sido más que extensiva y el origen de las críticas que últimamente tanto parecen...
Hay bastante de insensibilidad, sin duda involuntaria, cuando día tras día el incremento en el número de personas fallecidas por el coronavirus se califica indefectiblemente en los titulares como “ligero repunte”. Porque repunte a repunte, la semana que empezó con 399 víctimas, ayer ya registraba 440. Repunte a repunte. Dejemos la interpretación de los datos a los expertos, cuya credibilidad y la confianza que inspiren después de tantos días detrás del atril corresponde a cada cual valorar. Pero teniendo en cuenta el férreo confinamiento al que siguen sometidos los ciudadanos y la disciplina que están demostrando en su forma de conducirse en la pandemia, esos “ligeros repuntes” resultan preocupantes. Mientras tanto habría que pedir que alguien propusiera una forma...
Desde la última campaña electoral, Pablo Iglesias blande una Constitución de bolsillo con los artículos que le parecen de contenido “social” subrayados en rojo. Con ella en la mano, se ha urgido a la oposición para que suscriba unos nuevos ‘Pactos de la Moncloa’. Siempre que tales acuerdos se ajusten, claro está, a la interpretación canónica que de la Constitución hace el señor Iglesias. Convendría primero que la coalición gobernante alcanzase un consenso consigo misma sobre aquello para lo que se convoca a la Oposición: ¿“reconstrucción” o “reencarnación”?
El presidente del Gobierno acaba de obtener por tercera vez la autorización crítica –con el socorro leal del principal partido de la oposición– del Congreso de los Diputados para prolongar el estado de alarma en España. Ello significa la continuidad quince días más de las medidas de confinamiento de la población, del cierre de comercios y del recorte de algunas de nuestras libertades en pro de la máxima contención del coronavirus en nuestro país (con la excepción del controvertido paseo de los niños permitido a partir del próximo 27 de abril). Esta nueva prórroga nos llevaría ya, según Sánchez, al horizonte de la siguiente fase, la desescalada, y a una paulatina vuelta a la normalidad que –apunta– podría empezar a mediados del mes de mayo.
Todos los pactos son, en política, singulares. Obedecen a una circunstancia irrepetible. Los Pactos de la Moncloa, también. Son en su espíritu y en su letra únicos. No se hicieron para respaldar a un gobierno sino para proteger un proyecto constituyente nada fácil. Hoy falta todo lo que les singulariza en la Historia de España.
José Luis Rodríguez Zapatero ha creado, de forma irresponsable, un “sudoku” de la insolidaridad entre las Comunidades Autónomas. Ha sembrado la cizaña en las cuentas del Estado al quebrar el consenso alcanzado en 2002 por el Gobierno de Aznar con todas las Comunidades Autónomas. El “sudoku” de los Presupuestos se pretende resolver prescindiendo del criterio de equidad, haciendo caso omiso del principio constitucional de cohesión nacional. Además, el recurso a la “ingeniería presupuestaria” para ocultar un incremento del gasto estructural ?que pone en riesgo las cuentas públicas a medio plazo? mina la confianza en el futuro de la economía española. Esto es especialmente grave en un contexto de incertidumbre donde resulta imprescindible la máxima transparencia. Además, los últimos Presupuestos del gobierno de Zapatero se sustentan en unas hipótesis de crecimiento económico que no son creíbles.
La decisión de Juan José Ibarretxe, presidente del Gobierno vasco, de promover un referéndum ilegal el 25 de octubre del próximo año debería servir, al menos, para devolver a la realidad a todos los que han querido vivir instalados en la alucinación buenista, encabezados por el presidente del Gobierno de la nación, José Luis Rodríguez Zapatero. Y esa realidad, que cualquier Gobierno responsable debería afrontar, es la de una crisis institucional y de la estructura territorial del Estado sin precedentes en la trayectoria democrática de España. Una crisis que no sólo afecta al funcionamiento del Estado, sino que tiene como primera víctima a la propia legitimidad democrática del régimen constitucional.
Los españoles van a tener que afrontar en los próximos tiempos un gran problema político: el problema de la deconstrucción del régimen constitucional español en un marco en el que coinciden dos frentes paralelos y convergentes. La negociación con una organización terrorista que persigue la ruptura de España y una ofensiva nacionalista que tiene como objetivo último acabar con la cohesión,la unidad y la fortaleza de España como nación.
El objetivo de la derrota incondicional de ETA mediante la firme aplicación de los instrumentos del Estado de Derecho se ha visto directamente menoscabado por una iniciativa de diálogo con los terroristas asentada en un método (la ocultación a la opinión pública y al Partido Popular) y una finalidad (la sustitución de la derrota de ETA por un pacto político entre el Gobierno y los terroristas) lesivos para el sistema democrático y constitucional. Mirar al futuro, dar contenido real a la unidad en la lucha contra el terrorismo exige analizar cómo hemos llegado a esta situación después de que el Estado de Derecho llevara a ETA al borde de su derrota. A menos que se extraigan las debidas lecciones, el futuro sólo reservará nuevos fracasos.
Adolfo Suárez, primer presidente del Gobierno de la democracia, rodeado del Grupo Parlamentario de la UCD el día en la que el Congreso de los Diputados aprobó la Constitución de 1978. El texto del proyecto fue aprobado por 326 votos a favor, seis en contra y 13 abstenciones. Y fue ratificado por los españoles en referéndum el 6 de diciembre de ese año. En la foto, rodean a Adolfo Suárez (en primer plano y de izquierda a derecha) Salvador Sánchez Terán, Juan Antonio García Díez, Íñigo Cavero, Agustín Rodríguez Sahagún, Joaquín Garrigues Walker (agachado), Gabriel Cisneros, Ignacio Camuñas y Manuel Clavero.
Presentación de 'La constitución de la nación'
28.04.2020. “Si el Gobierno se atribuye el mérito de que llueva, no se puede quejar de que le culpen de la sequía”. Esta frase atribuida al político y diplomático americano Dwigth Morrow debería repasarla el Gobierno cuando se queja de la crítica a que está siendo sometido por su gestión de la crisis de coronavirus. Porque el Gobierno ha tenido todo aquello que constitucionalmente podía pedir sin que la oposición le haya negado ninguno de los instrumentos que requería para afrontar la crisis. El estado de alarma se ha prorrogado tres veces y las administraciones autonómicas se han colocado en una posición de subordinación jerárquica al mando único. La interpretación de estos instrumentos ha sido más que extensiva y el origen de las críticas que últimamente tanto parecen...
24.04.2020. Hay bastante de insensibilidad, sin duda involuntaria, cuando día tras día el incremento en el número de personas fallecidas por el coronavirus se califica indefectiblemente en los titulares como “ligero repunte”. Porque repunte a repunte, la semana que empezó con 399 víctimas, ayer ya registraba 440. Repunte a repunte. Dejemos la interpretación de los datos a los expertos, cuya credibilidad y la confianza que inspiren después de tantos días detrás del atril corresponde a cada cual valorar. Pero teniendo en cuenta el férreo confinamiento al que siguen sometidos los ciudadanos y la disciplina que están demostrando en su forma de conducirse en la pandemia, esos “ligeros repuntes” resultan preocupantes. Mientras tanto habría que pedir que alguien propusiera una forma...
24.04.2020. Desde la última campaña electoral, Pablo Iglesias blande una Constitución de bolsillo con los artículos que le parecen de contenido “social” subrayados en rojo. Con ella en la mano, se ha urgido a la oposición para que suscriba unos nuevos ‘Pactos de la Moncloa’. Siempre que tales acuerdos se ajusten, claro está, a la interpretación canónica que de la Constitución hace el señor Iglesias. Convendría primero que la coalición gobernante alcanzase un consenso consigo misma sobre aquello para lo que se convoca a la Oposición: ¿“reconstrucción” o “reencarnación”?
23.04.2020. El presidente del Gobierno acaba de obtener por tercera vez la autorización crítica –con el socorro leal del principal partido de la oposición– del Congreso de los Diputados para prolongar el estado de alarma en España. Ello significa la continuidad quince días más de las medidas de confinamiento de la población, del cierre de comercios y del recorte de algunas de nuestras libertades en pro de la máxima contención del coronavirus en nuestro país (con la excepción del controvertido paseo de los niños permitido a partir del próximo 27 de abril). Esta nueva prórroga nos llevaría ya, según Sánchez, al horizonte de la siguiente fase, la desescalada, y a una paulatina vuelta a la normalidad que –apunta– podría empezar a mediados del mes de mayo.
22.04.2020. Todos los pactos son, en política, singulares. Obedecen a una circunstancia irrepetible. Los Pactos de la Moncloa, también. Son en su espíritu y en su letra únicos. No se hicieron para respaldar a un gobierno sino para proteger un proyecto constituyente nada fácil. Hoy falta todo lo que les singulariza en la Historia de España.
01.10.2007. José Luis Rodríguez Zapatero ha creado, de forma irresponsable, un “sudoku” de la insolidaridad entre las Comunidades Autónomas. Ha sembrado la cizaña en las cuentas del Estado al quebrar el consenso alcanzado en 2002 por el Gobierno de Aznar con todas las Comunidades Autónomas. El “sudoku” de los Presupuestos se pretende resolver prescindiendo del criterio de equidad, haciendo caso omiso del principio constitucional de cohesión nacional. Además, el recurso a la “ingeniería presupuestaria” para ocultar un incremento del gasto estructural ?que pone en riesgo las cuentas públicas a medio plazo? mina la confianza en el futuro de la economía española. Esto es especialmente grave en un contexto de incertidumbre donde resulta imprescindible la máxima transparencia. Además, los ú...
01.10.2007. La decisión de Juan José Ibarretxe, presidente del Gobierno vasco, de promover un referéndum ilegal el 25 de octubre del próximo año debería servir, al menos, para devolver a la realidad a todos los que han querido vivir instalados en la alucinación buenista, encabezados por el presidente del Gobierno de la nación, José Luis Rodríguez Zapatero. Y esa realidad, que cualquier Gobierno responsable debería afrontar, es la de una crisis institucional y de la estructura territorial del Estado sin precedentes en la trayectoria democrática de España. Una crisis que no sólo afecta al funcionamiento del Estado, sino que tiene como primera víctima a la propia legitimidad democrática del régimen constitucional.
01.07.2007. Los españoles van a tener que afrontar en los próximos tiempos un gran problema político: el problema de la deconstrucción del régimen constitucional español en un marco en el que coinciden dos frentes paralelos y convergentes. La negociación con una organización terrorista que persigue la ruptura de España y una ofensiva nacionalista que tiene como objetivo último acabar con la cohesión,la unidad y la fortaleza de España como nación.
01.07.2007. El objetivo de la derrota incondicional de ETA mediante la firme aplicación de los instrumentos del Estado de Derecho se ha visto directamente menoscabado por una iniciativa de diálogo con los terroristas asentada en un método (la ocultación a la opinión pública y al Partido Popular) y una finalidad (la sustitución de la derrota de ETA por un pacto político entre el Gobierno y los terroristas) lesivos para el sistema democrático y constitucional. Mirar al futuro, dar contenido real a la unidad en la lucha contra el terrorismo exige analizar cómo hemos llegado a esta situación después de que el Estado de Derecho llevara a ETA al borde de su derrota. A menos que se extraigan las debidas lecciones, el futuro sólo reservará nuevos fracasos.
01.06.2007. Adolfo Suárez, primer presidente del Gobierno de la democracia, rodeado del Grupo Parlamentario de la UCD el día en la que el Congreso de los Diputados aprobó la Constitución de 1978. El texto del proyecto fue aprobado por 326 votos a favor, seis en contra y 13 abstenciones. Y fue ratificado por los españoles en referéndum el 6 de diciembre de ese año. En la foto, rodean a Adolfo Suárez (en primer plano y de izquierda a derecha) Salvador Sánchez Terán, Juan Antonio García Díez, Íñigo Cavero, Agustín Rodríguez Sahagún, Joaquín Garrigues Walker (agachado), Gabriel Cisneros, Ignacio Camuñas y Manuel Clavero.
