El catedrático de Derecho Administrativo y director del Departamento de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid ofrece un Análisis desde el punto de vista jurídico de la acción independentista a lo largo del proceso de ‘desconexión’. “Lo que está en juego es mucho más que la integridad territorial del Estado, es el mantenimiento mismo del Estado constitucional de Derecho, con tanto esfuerzo puesto en pie”, advierte.
Asistimos, desde hace mucho, al desafío secesionista de unos pocos que, empleando torticeramente el nombre de Cataluña, quieren romper con España y, con ello, romper la propia comunidad catalana, pues no es ni uniforme ni tan siquiera mayoritario el sentimiento independentista de los catalanes, que en una mayoría se sienten al tiempo catalanes y, como tales, españoles. Mucho se habla durante estos días de la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española y de la posible conveniencia de aplicarlo o no.
El secesionismo catalán juega al referéndum ilegal. Y lo hace con su retórica habitual: que si Cataluña es un sujeto político soberano que puede decidir su condición política, que si el Parlament es el representante de la soberanía del pueblo catalán, que si la nación catalana exige la legítima y democrática aspiración al Estado propio a través del ejercicio de un derecho democrático por excelencia como es el derecho de autodeterminación de los pueblos, que ni puede ni debe constreñirse.
Los principios que han sustentado las relaciones internacionales económicas y de seguridad por más de 70 años cobran hoy una luz, una relevancia, especiales. Vivimos tiempos confusos, el signo del presente es la incertidumbre. Nos asolan las turbulencias. Porque desde la perspectiva de hoy lo que vemos es un “largo siglo XX”. En efecto, más que suponer una ruptura con respecto al pasado, el cuarto de siglo que sucedió a la caída del muro de Berlín fue una continuación, de hecho, la culminación, del tiempo que la precedió. Hoy estamos en un mundo distinto, nuevo, sin balizar, terra ignota en la que emergen, de entre la bruma, hipocampos, hidras, dragones y sirenas.
La decisión de Juan José Ibarretxe, presidente del Gobierno vasco, de promover un referéndum ilegal el 25 de octubre del próximo año debería servir, al menos, para devolver a la realidad a todos los que han querido vivir instalados en la alucinación buenista, encabezados por el presidente del Gobierno de la nación, José Luis Rodríguez Zapatero. Y esa realidad, que cualquier Gobierno responsable debería afrontar, es la de una crisis institucional y de la estructura territorial del Estado sin precedentes en la trayectoria democrática de España. Una crisis que no sólo afecta al funcionamiento del Estado, sino que tiene como primera víctima a la propia legitimidad democrática del régimen constitucional.
Adolfo Suárez, primer presidente del Gobierno de la democracia, rodeado del Grupo Parlamentario de la UCD el día en la que el Congreso de los Diputados aprobó la Constitución de 1978. El texto del proyecto fue aprobado por 326 votos a favor, seis en contra y 13 abstenciones. Y fue ratificado por los españoles en referéndum el 6 de diciembre de ese año. En la foto, rodean a Adolfo Suárez (en primer plano y de izquierda a derecha) Salvador Sánchez Terán, Juan Antonio García Díez, Íñigo Cavero, Agustín Rodríguez Sahagún, Joaquín Garrigues Walker (agachado), Gabriel Cisneros, Ignacio Camuñas y Manuel Clavero.
Extracto de la rueda de prensa sobre el referéndum venezolano
11.10.2017. El catedrático de Derecho Administrativo y director del Departamento de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid ofrece un Análisis desde el punto de vista jurídico de la acción independentista a lo largo del proceso de ‘desconexión’. “Lo que está en juego es mucho más que la integridad territorial del Estado, es el mantenimiento mismo del Estado constitucional de Derecho, con tanto esfuerzo puesto en pie”, advierte.
19.09.2017. Asistimos, desde hace mucho, al desafío secesionista de unos pocos que, empleando torticeramente el nombre de Cataluña, quieren romper con España y, con ello, romper la propia comunidad catalana, pues no es ni uniforme ni tan siquiera mayoritario el sentimiento independentista de los catalanes, que en una mayoría se sienten al tiempo catalanes y, como tales, españoles. Mucho se habla durante estos días de la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española y de la posible conveniencia de aplicarlo o no.
11.09.2017. El secesionismo catalán juega al referéndum ilegal. Y lo hace con su retórica habitual: que si Cataluña es un sujeto político soberano que puede decidir su condición política, que si el Parlament es el representante de la soberanía del pueblo catalán, que si la nación catalana exige la legítima y democrática aspiración al Estado propio a través del ejercicio de un derecho democrático por excelencia como es el derecho de autodeterminación de los pueblos, que ni puede ni debe constreñirse.
27.07.2017. Los principios que han sustentado las relaciones internacionales económicas y de seguridad por más de 70 años cobran hoy una luz, una relevancia, especiales. Vivimos tiempos confusos, el signo del presente es la incertidumbre. Nos asolan las turbulencias. Porque desde la perspectiva de hoy lo que vemos es un “largo siglo XX”. En efecto, más que suponer una ruptura con respecto al pasado, el cuarto de siglo que sucedió a la caída del muro de Berlín fue una continuación, de hecho, la culminación, del tiempo que la precedió. Hoy estamos en un mundo distinto, nuevo, sin balizar, terra ignota en la que emergen, de entre la bruma, hipocampos, hidras, dragones y sirenas.
01.10.2007. La decisión de Juan José Ibarretxe, presidente del Gobierno vasco, de promover un referéndum ilegal el 25 de octubre del próximo año debería servir, al menos, para devolver a la realidad a todos los que han querido vivir instalados en la alucinación buenista, encabezados por el presidente del Gobierno de la nación, José Luis Rodríguez Zapatero. Y esa realidad, que cualquier Gobierno responsable debería afrontar, es la de una crisis institucional y de la estructura territorial del Estado sin precedentes en la trayectoria democrática de España. Una crisis que no sólo afecta al funcionamiento del Estado, sino que tiene como primera víctima a la propia legitimidad democrática del régimen constitucional.
01.06.2007. Adolfo Suárez, primer presidente del Gobierno de la democracia, rodeado del Grupo Parlamentario de la UCD el día en la que el Congreso de los Diputados aprobó la Constitución de 1978. El texto del proyecto fue aprobado por 326 votos a favor, seis en contra y 13 abstenciones. Y fue ratificado por los españoles en referéndum el 6 de diciembre de ese año. En la foto, rodean a Adolfo Suárez (en primer plano y de izquierda a derecha) Salvador Sánchez Terán, Juan Antonio García Díez, Íñigo Cavero, Agustín Rodríguez Sahagún, Joaquín Garrigues Walker (agachado), Gabriel Cisneros, Ignacio Camuñas y Manuel Clavero.
