Prensa Amy Coney Barrett y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos

De confirmarse el nombramiento de Amy Coney Barret por vez primera en 30 años los jueces propuestos por republicanos alcanzarían los dos tercios del Tribunal Supremo de los EE.UU. Es muy probable que se mantenga fiel a sus principios y no sea de las que se aventuren a efectuar interpretaciones “creativas”, sino que persevere en los criterios del originalismo. Esto último es, quizá, lo que más preocupa a sus detractores. Porque en muchos casos el camino de la reforma constitucional se transita no de forma expresa, sino a través de atajos mediante una interpretación forzada de textos legales. Y seguramente el rechazo de Barret a esa vía sea lo que tanta oposición ha despertado.

Prensa Nota Editorial dedicada a la reforma del CGPJ

El pasado jueves 1 de octubre el diario 'El País' informaba en su portada de que el Gobierno estaba considerando cambiar la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial con el fin de eliminar la mayoría de 3/5 del Congreso y el Senado para la elección de sus 20 vocales y requerir solo la mayoría absoluta para elegir a las 12 vocalías reservadas a jueces y magistrados.Pocas veces se ha explicado con tanto detalle la desfachatez antidemocrática de un Gobierno, su voluntad de no pararse en barras para asegurar que el Consejo del Poder Judicial haga lo que el Gobierno quiere y acabar con eso de que conservadores y progresistas se pongan de acuerdo en la designación de candidatos. El desprecio al mínimo respeto a las instituciones y, por supuesto, a lo que representa la...

Prensa Sánchez y el ‘efecto Pinocho’

Cuando se miente para justificar cambios sustanciales en política criminal por puro oportunismo, lo peor no son las consecuencias de estricta penalidad, sino la falta de respeto hacia aquello que la configuración de todo tipo penal salvaguarda: el “bien jurídico protegido”. En el caso de los delitos de rebelión y sedición, nada menos que el orden constitucional y el orden público; en ambos supuestos, la defensa del Estado. Pedro Sánchez y su Gobierno han hecho de la mentira un recurso habitual de su acción política. Y eso tiene consecuencias graves porque va más allá de comprometer su credibilidad. Cuando la sinceridad en política llega a ser percibida como una rareza, la democracia queda comprometida.

Prensa El poder bien vale un indulto...o una reforma del Código Penal

El indulto de los políticos presos condenados por sedición y malversación y una reforma del Código Penal pro reo servirá al Gobierno y a los secesionistas. Al Gobierno para vender la idea de reconciliación. Pero que nadie espere milagros de un secesionismo catalán que seguirá considerándose inocente, culpabilizando al Estado, y exigiendo la amnistía y la autodeterminación. Un secesionismo que, a partir de ahora, sabrá que cualquier nuevo intento de romper el orden constitucional le saldrá a buen precio. El indulto y la reforma del Código Penal son, ambas cuestiones, una manera de blanquear y legitimar el secesionismo.

Prensa EL ERROR FATAL

La historia demuestra con una tozuda insistencia que los aventureros, totalitarios y racistas que protagonizaron sus páginas más negras siempre se beneficiaron de la temeraria despreocupación de los que, al final, resultaron ser sus víctimas. Gentes mediocres, oscuras y resentidas –que, sin embargo, siempre dijeron y escribieron lo que pensaban de la sociedad que querían destruir– encontraron su mejor aliado en la sordera voluntaria de los que se creían inmunes a sus planes.

Prensa La instrucción en manos del fiscal: un grave riesgo

En los últimos meses están apareciendo en los medios de comunicación noticias acerca de investigaciones sobre presuntas comisiones de delitos que son realizadas no por los Jueces, sino por los miembros del Ministerio Fiscal. De acuerdo con lo que se conoce, son los Fiscales quienes dirigen esas actuaciones, imparten instrucciones a la Policía e incluso ordenan detenciones. El Gobierno ha remitido al Congreso un proyecto de ley que pretende reforzar esas diligencias investigadoras del Fiscal. ?¿Estamos, pues, ante un nuevo paso en el camino de conceder al Ministerio Público la instrucción de las causas penales, privando a los jueces de las competencias que tienen en la actualidad sobre una cuestión de tanta importancia para los ciudadanos?

Prensa Amy Coney Barrett y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos

15.10.2020. De confirmarse el nombramiento de Amy Coney Barret por vez primera en 30 años los jueces propuestos por republicanos alcanzarían los dos tercios del Tribunal Supremo de los EE.UU. Es muy probable que se mantenga fiel a sus principios y no sea de las que se aventuren a efectuar interpretaciones “creativas”, sino que persevere en los criterios del originalismo. Esto último es, quizá, lo que más preocupa a sus detractores. Porque en muchos casos el camino de la reforma constitucional se transita no de forma expresa, sino a través de atajos mediante una interpretación forzada de textos legales. Y seguramente el rechazo de Barret a esa vía sea lo que tanta oposición ha despertado.

Prensa Nota Editorial dedicada a la reforma del CGPJ

14.10.2020. El pasado jueves 1 de octubre el diario 'El País' informaba en su portada de que el Gobierno estaba considerando cambiar la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial con el fin de eliminar la mayoría de 3/5 del Congreso y el Senado para la elección de sus 20 vocales y requerir solo la mayoría absoluta para elegir a las 12 vocalías reservadas a jueces y magistrados.Pocas veces se ha explicado con tanto detalle la desfachatez antidemocrática de un Gobierno, su voluntad de no pararse en barras para asegurar que el Consejo del Poder Judicial haga lo que el Gobierno quiere y acabar con eso de que conservadores y progresistas se pongan de acuerdo en la designación de candidatos. El desprecio al mínimo respeto a las instituciones y, por supuesto, a lo que representa la...

Prensa Sánchez y el ‘efecto Pinocho’

06.10.2020. Cuando se miente para justificar cambios sustanciales en política criminal por puro oportunismo, lo peor no son las consecuencias de estricta penalidad, sino la falta de respeto hacia aquello que la configuración de todo tipo penal salvaguarda: el “bien jurídico protegido”. En el caso de los delitos de rebelión y sedición, nada menos que el orden constitucional y el orden público; en ambos supuestos, la defensa del Estado. Pedro Sánchez y su Gobierno han hecho de la mentira un recurso habitual de su acción política. Y eso tiene consecuencias graves porque va más allá de comprometer su credibilidad. Cuando la sinceridad en política llega a ser percibida como una rareza, la democracia queda comprometida.

Prensa El poder bien vale un indulto...o una reforma del Código Penal

01.10.2020. El indulto de los políticos presos condenados por sedición y malversación y una reforma del Código Penal pro reo servirá al Gobierno y a los secesionistas. Al Gobierno para vender la idea de reconciliación. Pero que nadie espere milagros de un secesionismo catalán que seguirá considerándose inocente, culpabilizando al Estado, y exigiendo la amnistía y la autodeterminación. Un secesionismo que, a partir de ahora, sabrá que cualquier nuevo intento de romper el orden constitucional le saldrá a buen precio. El indulto y la reforma del Código Penal son, ambas cuestiones, una manera de blanquear y legitimar el secesionismo.

Prensa EL ERROR FATAL

28.09.2020. La historia demuestra con una tozuda insistencia que los aventureros, totalitarios y racistas que protagonizaron sus páginas más negras siempre se beneficiaron de la temeraria despreocupación de los que, al final, resultaron ser sus víctimas. Gentes mediocres, oscuras y resentidas –que, sin embargo, siempre dijeron y escribieron lo que pensaban de la sociedad que querían destruir– encontraron su mejor aliado en la sordera voluntaria de los que se creían inmunes a sus planes.

Publicaciones La instrucción en manos del fiscal: un grave riesgo

28.03.2007. En los últimos meses están apareciendo en los medios de comunicación noticias acerca de investigaciones sobre presuntas comisiones de delitos que son realizadas no por los Jueces, sino por los miembros del Ministerio Fiscal. De acuerdo con lo que se conoce, son los Fiscales quienes dirigen esas actuaciones, imparten instrucciones a la Policía e incluso ordenan detenciones. El Gobierno ha remitido al Congreso un proyecto de ley que pretende reforzar esas diligencias investigadoras del Fiscal. ?¿Estamos, pues, ante un nuevo paso en el camino de conceder al Ministerio Público la instrucción de las causas penales, privando a los jueces de las competencias que tienen en la actualidad sobre una cuestión de tanta importancia para los ciudadanos?