Bruselas rechaza el presupuesto ¿Por qué Italia desafía a la Unión Europea?

Pablo Martín de Santa Olalla Saludes es profesor de la Universidad Europea de Madrid


Las últimas semanas han estado marcadas por el creciente desafío del gobierno italiano a las autoridades comunitarias, con los presupuestos y el objetivo de déficit como centro del conflicto. El anterior Ejecutivo, de centroizquierda y presidido por Paolo Gentiloni, se había comprometido, en el Documento de Planificación Económica (conocido como “DEF”), a que el objetivo de déficit para el año 2019 fuera del 0.8%, pero su partido sufrió una abultada derrota en las elecciones del pasado 4 de marzo y, una vez conformada una coalición de gobierno entre dos partidos “anti-establishment” (el Movimiento Cinco Estrellas y la Liga), era previsible no solo un nuevo DEF, sino también una modificación al alza de ese objetivo de déficit. Sabedores de esto, las autoridades comunitarias negociaron con el titular de Economía y Finanzas italiano, Giovanni Tria, el aumento del 0.8% al 1.6%, obteniendo a cambio la palabra de éste de que su gobierno cumpliría con el Pacto de Estabilidad. Pero el pasado día 27 de septiembre todo esto acabó saltando por los aires cuando en el DEF apareció un nuevo objetivo de déficit (2.4%) que suponía triplicar el aprobado por el gobierno anterior. ¿Cómo había sido posible semejante cambio de posición?

Para entender lo sucedido hay que tener en cuenta que los dos partidos que conforman la actual coalición de gobierno pudieron literalmente arrasar (prácticamente el 50% de los votos entre los dos) en las elecciones pasadas sobre la base de dos promesas electorales que necesitaban de presupuestos extraordinariamente expansivos: por un lado, la “renta de ciudadanía” ofrecida por el Movimiento Cinco Estrellas y por la que se quería conceder una renta mensual de 780 euros a familias sin recursos económicos (muy abundantes en la Italia que más les vota, que es la meridional); y por otro lado, la puesta en marcha de un tipo impositivo único (la denominada “flat tax”) del 15% en el IRPF de los italianos. Todo esto junto, junto a una promesa que ambas formaciones ofrecían por igual (la derogación de la Ley Fornero de 2011, que endureció las condiciones para acceder a la jubilación), suponía, en la práctica, un gasto adicional que economistas muy reputados cifraron en alrededor de 75.000 millones de euros. Debemos aclarar, en ese sentido, que con el objetivo de déficit aprobado por el gobierno italiano esta cifra de gasto se reducía sensiblemente, pasando de los 75.000 millones a los 30.000 millones, lo que, no obstante, seguía siendo excesivo para las autoridades comunitarias.

El problema de todo ello era que Italia es, junto con Grecia, el país que menos puede permitirse un aumento de su deuda nacional, que en este momento se cifra en el 131.8% de su PIB nacional, por lo que en un país donde cada italiano ha de pagar de media unos 35.000 euros solo faltaría aumentar el volumen de deuda para una nación en la que además el crecimiento lleva años estancado (no crecen por encima del 3% desde el año 2000, y la previsión para 2019 es del 1.2-1.1%). Como era de esperar, la Comisión Europea reaccionó con contundencia recordando que Italia debía cumplir con sus compromisos de gasto, y el ministro Tría se llevó un sonoro rapapolvo por sus colegas del ramo en la reunión que mantuvo con sus colegas a comienzos de este mes en Luxemburgo. Porque lo que nadie comprendía era que Italia pudiera aumentar de una manera tan importante su nivel de gasto público cuando su nivel de paro era, en ese momento, del 10.6%, casi cinco puntos por debajo del que tiene en la actualidad nuestro país (que, sin embargo, tiene la deuda nacional contenida en el 98.3% de su PIB).

Los mercados no tardaron en reaccionar y la prima de riesgo llegó a dispararse la semana pasada a los 340 puntos, pero la realidad es que el Ejecutivo transalpino avisó este lunes 22 de octubre que no pensaba moverse de su posición (la última oferta fue de, en lugar de tres años consecutivos con el objetivo de déficit en el 2.4%, mantener esta cifra solo en 2019 para pasarlo al 2.1% en el 2020 y al del 1.8% en 2021). ¿A qué se debía esa postura inamovible? Básicamente, a lo siguiente: a que el máximo dirigente del Movimiento Cinco Estrellas (el viceprimer ministro Luigi Di Maio) sabe que la “renta de ciudadanía” es clave para conservar e incluso incrementar el apoyo obtenido el pasado 4 de marzo (y por ello ha sido hasta capaz de aceptar una exigencia de la Liga como era la amnistía fiscal defendida siempre por los partidos de centroderecha y que constituye toda una corruptela para un partido que ha hecho de la “honestidad” su bandera principal); e, igualmente, a que el líder del partido ultraderechista (el también viceprimer ministro Matteo Salvini) ve en este tema una ocasión única para lograr su objetivo fundamental, que no es otro que provocar la ruptura con la Unión Europea, a la que no cesa de atacar porque él no cree en el proceso de construcción europea, como tampoco lo cree Alternativa por Alemania, el Frente Nacional o el UKIP. Y lo peor de todo ello es que, en este momento, Salvini es precisamente el político más popular de Italia.

Ciertamente, el rechazo de las autoridades comunitarias al presupuesto era esperable, porque ya la semana pasada el presidente de turno de la Unión, el austriaco Sebastian Kurz, dejó claro que el resto de países europeos no tenían por qué pagar las promesas electorales ni del Movimiento Cinco Estrellas ni de la Liga. El fin de semana pasado (20-21 de octubre) se intentó un último gesto de acercamiento, pero fue en vano. La realidad es que Italia vuelve a establecer una nueva plusmarca pero en sentido negativo: la Comisión Europea por primera vez en su historia devuelve íntegramente los presupuestos italianos para que a lo largo del mes de noviembre los rehaga por completo y pueda obtener el “visto bueno” de las autoridades comunitarias.

¿Qué puede suceder a partir de ahora? Difícil de predecir teniendo en cuenta que estamos ante un escenario inédito. Si los hechos se encadenaran como en el año 2011, el presidente Mattarella tendría que pedirle al premier Conte que presentara su dimisión y encargar formar gobierno a su hombre de confianza en este momento, el antiguo economista jefe del FMI Cottarelli, que ya fue llamado en mayo pasado para que intentara formar gobierno. La diferencia fundamental es que en 2011 Forza Italia (FI) y Partido Democrático (PD) sí sumaban una mayoría de gobierno que permitió a Mario Monti gobernar durante año y medio (de noviembre de 2011 a abril de 2013). Ahora, en cambio, esa mayoría no existe, porque la actual coalición de gobierno posee más del 50% de los votos en ambas cámaras. Mattarella sabe que puede contar con la colaboración del PD (porque ya se la ofreció el secretario interino de la formación, Maurizio Martina, hace unos meses) y seguramente también con la de Forza Italia y Hermanos de Italia, más los votos de partidos minoritarios, pero, a no ser que se produzca una escisión en el Movimiento Cinco Estrellas o que la Liga decida aceptar a Cottarelli, lo cierto es que no hay mayoría alternativa.

En ese sentido, el problema fundamental para el presidente Mattarella, que es quien ha de disolver Cortes y convocar elecciones, así como encargar formar gobierno, es que Matteo Salvini, líder de la Liga, quiere ir a elecciones cuanto antes porque en este momento la coalición de centroderecha sí podría obtener una mayoría parlamentaria suficiente, teniendo en cuenta que solo el partido de Salvini se mueve en el 33% de intención de voto cuando la mayoría está situada en el 40% (que alcanzaría fácilmente con los votos de Forza Italia y Hermanos de Italia). Pero Mattarella sabe que Salvini es un declarado enemigo del proceso de construcción europea y que encargarle formar gobierno podría suponer la salida (o al menos el intento) de Italia de la Unión Europea, y estamos hablando de la tercera economía de la eurozona. Y lo peor es que en este momento el nivel de antieuropeísmo en Italia está más alto que nunca, con menos de un 50% partidario de quedarse en una construcción, la europea, en la que Italia ostenta la categoría de “país fundador”.

En cualquier caso, la situación no puede prolongarse por mucho más tiempo, ya que la prima de riesgo previsiblemente se disparará por encima de los 400 puntos en cuestión de días. Y tampoco se pueden aceptar las exigencias italianas, porque detrás viene una España que ya ha visto subir su prima de riesgo en casi cincuenta puntos tras haber presentado otro borrador de presupuestos donde también se dispara el gasto público. Veremos cómo se resuelve este gravísimo conflicto en un país, Italia, que sigue sin asumir que debe pasar por una fuerte autocrítica sobre las décadas de estancamiento de su economía y dejar de culpar a la Unión Europea de los profundos males que aquejan al país. Quién diría que en los años ochenta Italia era de una de las economías más punteras del orbe: ver para creer.

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