Coloquio ‘Economía digital y fiscalidad: las claves del debate’ "Gravar a las tecnológicas no es la forma de cerrar el déficit público ni pagar las pensiones"

    _Daniel Lacalle: “Los retos de la digitalización se afrontan con formación y liderando la carrera tecnológica, no con más y mayores impuestos”

    _Javier Santacruz: “La empresa digital no paga menos impuestos que otros sectores”

    _ Miguel Marín: “El Gobierno está sobreestimando los ingresos que obtendría de la tasa a las tecnológicas”

    _Javier Zarzalejos: “La economía digital es la economía real, y FAES permanece atenta a los retos y oportunidades que trae consigo”

    _Con este acto, FAES inaugura su ciclo sobre transformación digital

La Fundación FAES ha inaugurado su nuevo ciclo sobre transformación digital con la celebración de un coloquio sobre economía digital y fiscalidad. La tributación de las grandes empresas digitales y la aprobación por parte del Gobierno del proyecto de Ley que regulará un nuevo impuesto sobre servicios digitales han centrado el debate, cuya máxima final ha sido la mala orientación de la fiscalidad española y europea hacia objetivos recaudatorios y proteccionistas. “Gravar a las tecnológicas no es la forma de cerrar el déficit público ni pagar las pensiones”, han insistido los participantes en el debate, que han coincidido en que “cualquier revisión del marco tributario tiene que formar parte de un plan integral”.

En el coloquio han intervenido el doctor en Economía y profesor de Economía Global Daniel Lacalle; el economista jefe de Civismo, Javier Santacruz, y el responsable del área de Economía de FAES, Miguel Marín, que han puesto el foco en la necesidad de adaptación a la nueva realidad digital a través de la formación para los nuevos empleos y el impulso a la inversión y el crecimiento.

Afán recaudatorio y proteccionista
Daniel Lacalle ha asegurado que “los retos de la digitalización son el presente, y se afrontan con formación y liderando la carrera tecnológica, no con más y mayores impuestos”. A su juicio, “el gran riesgo es plantear la fiscalidad desde un punto de vista recaudatorio y proteccionista, y no desde lo que significan las tecnologías disruptivas en términos de valor añadido”. En este sentido se ha mostrado crítico con “la obsesión por proteger sectores de baja productividad vía subvenciones y penalizar a los de alta productividad vía impuestos”. “El debate tiene que empezar por la productividad, no por la fiscalidad”, ha aseverado.

Para Lacalle, el impuesto a las tecnológicas que baraja el Gobierno “es más cercano a un arancel, que discrimina por actividad y nacionalidad”. “La fiscalidad no puede consistir en entorpecer la calidad de los bienes y servicios que reciben los ciudadanos ni en perjudicar el crecimiento”, ha insistido. Por el contario, ha dicho, “la fiscalidad debe incentivar la inversión y el liderazgo del cambio tecnológico, y no ponerle escollos a la productividad y el patrón de crecimiento”. Asimismo, ha subrayado que “el debate sobre dónde deben tributar las empresas tecnológicas y cuánto es un debate global que debe dirimirse en la OCDE o la OMC, no unilateralmente desde los estados”. 

En materia laboral, Lacalle ha afirmado que “la tecnología no destruye empleo, destruye oficios”, y ha hecho notar que, por tanto, “no podemos ver el cambio tecnológico como una amenaza para el empleo sino como una oportunidad para la formación y el crecimiento”. A su juicio, “la inteligencia artificial, la robotización y la digitalización crearán más y mejor empleo para todos”.

Daño a un sector clave
Por su parte, Javier Santacruz ha asegurado que “el mundo digital no debe pagar la factura del gasto público”, y ha valorado el “reto extraordinario” que la creación de un impuesto específico supone para la digitalización de la economía española. Lo tacha de “temeridad” que ocasionaría un “grave daño a un mercado que está en pleno crecimiento y para el que es clave un entorno flexible y dinámico”.

La empresa digital no paga menos impuestos que otros sectores”, ha añadido Santacruz, que ha recordado que “la fiscalidad digital es un objetivo de la Comisión Europea”, que ha propuesto un tipo del 3 por ciento, pero que, con la aprobación de un nuevo impuesto sobre servicios digitales, “España toma la delantera sin consensuar con los países miembros y sin un plan claro de causas y consecuencias”.

Santacruz ha explicado que la intención del Gobierno plantea puntos divergentes con la posición de Bruselas, “en primer lugar porque se formula como un impuesto indirecto, pero introduce elementos de imposición directa, lo que conlleva un problema jurídico de doble imposición”. “Y en segundo lugar porque requiere una serie de medios técnicos que a día de hoy son difíciles incluso en países más avanzados en prevención y control tributario que España, donde las agencias no están preparadas en su totalidad para la supervisión necesaria”, ha añadido.

Economía real y oportunidades
Miguel Marín ha puesto el acento en que la fiscalidad no puede regirse por la ‘justicia social’ ni ésta servir como justificación a la creación de nuevos impuestos, y se ha referido a “la indefinición del proyecto de ley”, en la medida en que “se ha creado el impuesto antes que el hecho imponible”.  Además, ha asegurado que “el Gobierno está sobreestimando los ingresos que obtendría de la tasa a las tecnológicas, que Bruselas estima en 5.000 millones de euros para el conjunto de la Unión, y el Gobierno en 1.200 solo para España”.

Por su parte, el director de FAES, Javier Zarzalejos, ha manifestado que “ya no cabe hablar de economía real y economía digital, porque esta se extiende a todos los ámbitos. La economía digital es la economía real”. En este sentido, el director de FAES ha puesto en valor el seguimiento que la Fundación viene haciendo de los avances en el ámbito de la innovación y la transformación digital. Con este nuevo ciclo de actividades, ha dicho, “FAES permanece atenta a los retos y oportunidades que el sector digital trae consigo, como la preocupación por la seguridad y el impacto en las dinámicas políticas, empezando por la fiscalidad”.

Con este acto, FAES inaugura su ciclo sobre transformación digital, con el que quiere arrojar luz sobre las claves del debate en torno a la tributación de las grandes empresas digitales. Si bien existe consenso acerca de operar una reforma fiscal adaptada a los nuevos paradigmas tecnológicos, no está tan claro qué gravar y a qué escala, ni cómo afectará a la inversión, la innovación, el empleo y el consumo. Mientras la OCDE, cuyas propuestas no generan suficiente consenso, apuesta por la redefinición del marco fiscal de acuerdo con principios de coherencia, neutralidad, eficiencia y efectividad, la UE propone normas a corto plazo que garanticen la equidad y favorezcan el crecimiento.

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