Análisis FAES | En Cataluña se ha asentado un gobierno insurreccional que conspira contra el Estado y sus instituciones ¿Más policías?

12/12/2018

“Cuentan que, en pleno franquismo, el embajador del Reino Unido en Madrid, alarmado por una manifestación ‘espontánea‘ organizada por el régimen para reivindicar Gibraltar, llamó al ministro de la Gobernación para expresarle su inquietud. El ministro, muy amable, quiso calmarle: “Señor embajador, no se preocupe que le voy a mandar más policías”. A lo que el embajador respondió: “Muchas gracias señor ministro, pero en vez de más policías, preferiría que no me mandara más manifestantes”.

La anécdota, con sarcasmo incluido, recobra significado al conocerse los planes del Gobierno para enviar una dotación de hasta 400 policías nacionales a Cataluña para evitar que se repita la situación que dejó el orden público, la circulación por la AP-7 y los peajes de esta autopista a merced de la kale borroka que los denominados comités de defensa de la república (CDR) han llevado a las calles de Cataluña. Sostuvimos hace pocas semanas que la ‘celebración‘  independentista de las votaciones ilegales del 1 de octubre del pasado año había dado entrada a la violencia callejera organizada en Cataluña. Aquel análisis se confirma aceleradamente.

Resulta un sinsentido institucional y administrativo que en una comunidad que cuenta con 17.000 policías (mossos d´esquadra) haya que desplazar dotaciones de policía nacional para sustituir a los mossos en el cumplimiento de sus deberes cuando los responsables políticos de la policía autónoma deciden que la kale borroka campe a sus anchas. Si el gobierno de la nación cree necesario ese traslado de policías a Cataluña es porque la comunidad autónoma está incumpliendo gravemente -y de manera ya reiterada- sus obligaciones el mantenimiento de la seguridad ciudadana y el orden público. Y si eso es así, la respuesta no debe ser mandar más policías sino cambiar a los mandos de los mossos; para empezar, los políticos.

Primero, el presidente de la Generalidad jaleó la violencia de los CDR (“apreteu, apreteu”) y les animó a continuarla; hace unos días el mismo Torra, representante ordinario del Estado aun a su pesar, descalificó la intervención de la policía autonómica en Gerona y Tarragona frente a la violencia de los CDR dirigida contra los que se manifestaban pacíficamente en homenaje a la Constitución. Después de que Torra exigiera la purga de los mandos policiales por estas actuaciones, los CDR han conseguido patente de corso para interrumpir el tráfico en la AP-7 durante quince horas, levantar los peajes y hacerse con el espacio público allí donde han querido con total impunidad.

Ahora, cuando se acerca la fecha de celebración del Consejo de Ministros previsto para el día 21 en Barcelona, asistimos a una campaña de apelación a la violencia con igual impunidad que ha empezado con el llamamiento de Torra a ‘la vía eslovena‘ y ha continuado con la apelación del fundador de la banda terrorista Terra Lliure a tomar el Parlamento. Tienen razón los que dicen que este no es un problema policial. Desde luego que no lo es. Es mucho más profundo y grave porque afecta al conjunto de la actuación de un Gobierno, el de la Generalidad de Cataluña, situado no al margen sino contra la institucionalidad democrática y constitucional. Los desmanes que los CDR cometen en la impunidad es la expresión más evidente pero, desde luego, no la única de esta inadmisible situación. “Inadmisible” fue precisamente el adjetivo que utilizó la vicepresidenta del Gobierno para calificar la inacción de los mossos y anunció que lo ocurrido “tendría consecuencias”. La consecuencia contundente parece ser que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez se plantee como remedio enviar 400 policías nacionales a Barcelona. Una respuesta absurda y evasiva, una manera de hacer que hace. Una ‘no respuesta‘ que, de nuevo, deja en evidencia a un gobierno políticamente incapaz y desnortado.

En Cataluña se ha asentado un gobierno insurreccional, que conspira contra el Estado y sus instituciones, que ignora sus responsabilidades, en primer término, hacia la propia población catalana, y que colabora objetivamente con la estrategia de violencia callejera que los CDR despliegan con impunidad. Y 400 policías no son la respuesta".

#Cataluña #Violencia #Política #Gobierno #Independentismo