Análisis FAES Venezuela, una cuestión de decencia

01/05/2019

Xavier Reyes Matheus es doctor en Historia Contemporánea de América Latina

En abril de 2002, el Estado Mayor del ejército venezolano anunció la destitución de Hugo Chávez, tras la brutal y autoritaria reacción de su gobierno para reprimir en la calle y silenciar en los medios una multitudinaria manifestación de protesta. Pasadas unas horas, sin embargo, semejante muestra de ética militar y de compromiso con los derechos humanos se reveló como el santo y seña de una maquiavélica operación fraguada en el mejor estilo de los Castro: un grupo de generales y oficiales no sólo maniobró para guardarle a Chávez la silla y para restituirlo a la presidencia, sino que se convirtió en el brazo ejecutor de una purga destinada a reducir las Fuerzas Armadas a la condición de mera guardia pretoriana; cuerpo al servicio de quien –aun con toda su carismática historia de seducción de las masas– no merecía desde entonces, a la luz de la Constitución de Venezuela y de los más elementales valores democráticos, otro título que el de dictador.

En efecto, a aquellas alturas la autoproclamada Revolución bolivariana había logrado poner bajo su control todas las ramas del poder público, y estaba resuelta a hacer lo mismo con otras dos instituciones que resultaban decisivas para la vida del país y que debían regirse únicamente por la meritocracia y por su trabajo en favor de los venezolanos. La Fuerza Armada era una de ellas; la otra era PDVSA, músculo vital de la riqueza nacional. Así, en 2003 el chavismo emprendió también la siega de la plantilla que custodiaba celosamente la mística del know-how en la industria petrolera, y comenzó a repartir sus cargos directivos entre esa cúpula de esbirros con los que avanzó ya sin trabas hacia la instauración de un régimen militar.

Sometida al maltrato, a la ineptitud y al saqueo, en manos de la hez militar que desplazó a los efectivos más capaces y dignos para poner sus armas a los pies del líder supremo (“rodilla en tierra” como exigía Chávez), PDVSA dejó de funcionar como una empresa modélica y pasó a financiar monstruosas redes internacionales de corrupción y de crimen organizado. Multimillonarios negocios sucios que no han contado ya únicamente con la colaboración de los militares para garantizarles la impunidad, sino que los han incorporado directamente como grandes capos de la organización. Así, bajo la dirección del padrino Diosdado Cabello se ha hecho popular el nombre de Cártel de los Soles para denominar el aparato de altos mandos militares que, identificados y perseguidos por la justicia norteamericana e internacional, tienen a su cargo el gobierno de un auténtico narcoestado que apoya y recibe apoyo de toda clase de satrapías y grupos terroristas en el mundo entero.

Pero la más trágica consecuencia de esa orgía totalitaria de poder y de dinero no sólo se siente sobre la macroeconomía de Venezuela, sino que afecta ya a la más elemental supervivencia de la población. Diezmada ésta por pistoleros chavistas a los que los militares cedieron el monopolio de la fuerza; sometida a un terrorismo de Estado que ha acorralado a la oposición y a la protesta ciudadana, el hambre, la privación de los servicios más elementales y la emigración en masa se han abatido sobre Venezuela como sobre ningún otro país de América Latina en la historia reciente. Maduro ha violado sistemáticamente todos y cada uno de los derechos humanos, políticos y civiles, y la comunidad internacional ha comprendido al fin que la única postura conciliable con los valores democráticos es la que reclama su derrocamiento y la entrega del poder a las instituciones constitucionales y legítimas, que, representadas hoy por Juan Guaidó, tienen la misión de reconducir a Venezuela hacia la reconciliación y hacia la paz, y poner en marcha las urgentes medidas que se requieren para sacar al país del escenario de catástrofe en el que lo ha sumido el totalitarismo chavista.

Llegada, pues, la hora de esa Operación Libertad a la que anima hoy Leopoldo López, una Venezuela martirizada, a la que el chavismo ha privado de cualquier perspectiva de futuro, exige a los militares de bien, conscientes de su responsabilidad histórica y de su compromiso con la ley y la libertad, que restituyan la decencia de la institución castrense y con ella la de un país que lo tiene todo, aún, para convertirse en una de las naciones más prometedoras y prósperas de América Latina.

 

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