ANÁLISISLa ideología y la política en la explicación de la crisis económica y social de Venezuela, por Tomás Páez

09/02/2016

La descomunal crisis económica, social e institucional del país de los últimos años carece de precedentes en la historia reciente de Venezuela. La misma se produce en medio de las más extraordinarias de las abundancias de las que ha gozado en toda su historia: en sólo 17 años el ingreso percibido quintuplica el de los 40 años de democracia. A la honda escasez, la elevada inflación, el acelerado deterioro de la capacidad adquisitiva del salario y la merma sostenida en el suministro oportuno y de calidad de los servicios públicos más elementales, se suma el terrible drama de la inseguridad jurídica y personal. Todo ello es el resultado neto de un modelo político y de la convicción de poseer una idea superior de sociedad, de parte de quienes gobiernan,  que ha llevado a que Venezuela sea considerada como una de las economías más miserables del mundo de acuerdo a Blomberg.

Tan lamentables resultados se producen como consecuencia de haber intentado imponer al país tales convicciones ideológicas y políticas, mismas que han demostrado hasta la saciedad su formidable capacidad para generar penurias y escasez. Han sido estos los resultados allí donde se ha intentado implantar y en Venezuela, además, su aplicación se ha hecho al margen y en contra de la Constitución.

Contra ese sistema político, y de un modo que no admite dudas, se expresó la mayoría de la población en las elecciones del 6 de diciembre pasado, en las que se escogía un nuevo parlamento. El resultado expresa un cambio radical en la correlación de fuerzas: el oficialismo quedó reducido a un tercio, mientras que la alternativa democrática obtuvo dos tercios del número de diputados, es decir, una mayoría calificada. Con ella el nuevo parlamento inicia el proceso de recuperación del papel del poder legislativo y de la democracia.

La mayoría de los venezolanos se decantó por un claro cambio con el propósito de poder desenredar la maraña de problemas que el sistema político ha creado. Además de exigir la libertad de los presos políticos, la Asamblea Nacional ha declarado la “crisis humanitaria de salud”,  en vista de la delicada situación que atraviesa el sector: peligrosa escasez de medicamentos e insumos médicos y deterioro de la infraestructura sanitaria.  La fragilidad  de la misma se puede observar en la condición en la que se encuentran los hospitales y en los módulos de un oneroso convenio que el gobierno estableció con el régimen cubano.

La escasez, el NO HAY, no se circunscribe al mundo de las medicinas, sector en el que adquiere un carácter dramático, sino que atraviesa todos los rubros que necesita el ser humano para tener un mínimo de calidad de vida en cualquier sociedad. Esto incluye escasez de alimentos y del suministro de agua y electricidad.

A la escasez se suman otros datos que confirman la magnitud del caos económico, social e institucional del país. Ostentamos el dudoso honor de ocupar el primer lugar en inflación en todo el mundo: cerró por encima del 200% en 2015 (cálculos  conservadores) y estimaciones del Fondo Monetario Internacional la sitúan en 700% en el año que acaba de comenzar. El gobierno ha multiplicado la deuda seis veces, ha disminuido las reservas a límites críticos y  ha propiciado la fuga de capitales que se estima entre doscientos y trescientos mil millones de dólares.

El marco legal que se ha creado durante este gobierno, que ya dura una eternidad,  ha arrasado con el tejido industrial y empresarial del país y lo que todavía queda en pie opera por debajo del 50% de la capacidad instalada. Se ha destruido el 50% de las industrias y cerca del 15% del total de las empresas. Esta reducción explica el hecho de que cerca de 6 de cada 10 venezolanos se encuentren entre la informalidad y el desempleo. En el área cambiaria el resultado ha sido una catástrofe. La diferencia cambiaria entre el dólar oficial y el real es tan grande que el salario de un trabajador se reduce a menos de 20 o 30 dólares, si se utiliza como referencia el precio  con el que se cotiza la moneda en el mercado libre. Las deudas pendientes con proveedores farmacéuticos, de alimentos, líneas aéreas y de la estatal petrolera, así como los pagos  que están próximos a vencerse, sitúan al país en la frontera del default privado. El déficit fiscal está descontrolado. Estos datos que revelan una tragedia  propia de una economía de guerra.

Son los resultados esperados, no podrían ser diferentes, de un sistema que no requiere de otras experiencias para demostrar su total incapacidad para producir bienestar. En algún momento pensamos que era posible que, dada la crisis monumental, el rechazo de una contundente mayoría de la población y la consecuente pérdida de apoyo social, el régimen recapacitaría y mostraría disposición a cambiar.  Nos equivocamos. En lugar de una respuesta de sentido común frente a tamaña adversidad, el régimen no ha escuchado la voz de las urnas electorales y tampoco ha comprendido lo que ese resultado expresa. Todo lo contrario, con la arrogancia de creer que poseen una ideología superior,  menosprecian y desconocen que los ciudadanos han manifestado su cansancio y su claro rechazo al gobierno y al sistema.

Persisten en el error de insistir en aplicar las mismas medidas que han conducido el país al despeñadero, las que lo han llevado a la penosa crisis de salud y, de no adoptar medidas urgentes, a la inevitable crisis alimentaria. La convicción de creerse representantes de una ideología superior y exenta de errores los lleva a buscar enemigos y chivos expiatorios en una supuesta guerra económica contra un país, al que tienen el descaro de llamar “potencia”.

O se engañan a sí mismos o mienten a todos. Lo hacen con cara de granito, tal y como hicieron los socios del gobierno  argentino cuando acusaban de rapacidad a los fondos buitres. Ahora achacan la crisis a los precios del petróleo. Desconocen que durante el periodo democrático el precio del petróleo  se ubicó en 7 y 9 dólares, tres veces menos que el precio actual y nunca el país vivió lo que hoy padece.

Para hacer frente a la situación, cuya responsabilidad nunca admitirán, elaboran un decreto de emergencia al que preferimos designar como el de la “demencia”. En él  muestran su obstinación en declararle la guerra a la propiedad privada, a la empresa y el mercado. Su enemigo es el medio que crea riqueza, empleo, cohesión social y democracia. Con el fin de desprestigiar a la empresa y a la propiedad han desplegado una intensa campaña orientada a exponer a las empresas al repudio público. Los llaman especuladores y por ello han expropiado y confiscado empresas a las que “gobiernizan”. 

La rapacidad de quienes han tenido la responsabilidad de administrar los fondos públicos carece de límites. Las denuncias en banca Suiza, en la banca de Andorra y en Estados Unidos así lo confirman. Se estima la fuga de capitales entre 200-300 mil millones de dólares. Las empresas que han sido “gobiernizadas” han terminado con saldos en rojo, han debido ser recapitalizadas en varias oportunidades, producen menos de lo que antes producían y con menor calidad, como en el caso del cemento, o sencillamente no producen nada. El gobierno ha llegado al extremo, claro está, sin reconocer su responsabilidad, de pedirle a los dueños a quienes les fue expropiada la empresa que vuelvan a asumir la propiedad después de haberla convertida en harapos.

El sistema político se ha construido sobre la base de un marco legal que ha deteriorado el salario de los venezolanos y destruido el valor de sus ahorros. Como verdaderas aves de rapiña expropian empresas, confiscan propiedades y fondos de jubilación, productos y servicios que los ciudadanos y los emprendedores generan con el esfuerzo de su trabajo. Contraen deudas para adquirir productos con los que hacer proselitismo político personal y amenazan a los venezolanos con quitarles aquello que les pertenece por derecho.

En el terreno social  la situación no es menos grave. El número de homicidios con el que cierra el año 2015, 28.000 mil, ha convertido a Caracas en la ciudad más violenta del mundo. Las espeluznantes cifras de homicidios, secuestros y agresiones que se han producido en este largo periodo de gobierno se aproximan a la cantidad de muertos que ha provocado la guerra en Siria. El país se ha convertido en uno de sarcófagos.

La desidia del régimen en el terreno social la podemos ver en el número de viviendas de interés social que han sido construidas: menos de la mitad de las viviendas con cinco veces más recursos de las que se construían anualmente durante todo el periodo democrático.

El decreto de la “demencia”, después de haber sido evaluado por los parlamentarios, fue rechazado de plano sobre la base de un agudo análisis de la situación actual y de las terribles consecuencias que la aplicación de las medidas sugeridas en el decreto acarrearían al país. No se puede atender la dramática situación recurriendo a un uso intensivo de los sistemas, políticas y procedimientos que han devastado al país. La crisis que este gobierno ha creado se va a traducir en una nueva devaluación de la moneda a relativamente corto plazo.

Esta ideología, para hacerse realidad, necesita de un sistema político centralizado. Como la explicación del daño propinado está en el terreno de la ideología y la política, es también  en este  ámbito donde se encuentra la posibilidad  de superación del desastre infligido a la sociedad venezolana.

El país clama por un cambio que le permita recuperar el derecho a vivir, a no formar parte de las estadísticas de la muerte, a recuperar la paz, la tranquilidad y la posibilidad de adquirir bienes y servicios. Pero el gobierno, reiteramos, se empecina en su error.

Si el gobierno no cambia será indispensable, como dice la consigna en boga, cambiar de gobierno. No es posible superar la escasez y el deterioro económico con los esquemas ideológicos del atraso: con la centralización de las decisiones y el colectivismo. Ese modelo tiene errores de diseño imposibles de reparar, pues solo está preparado para producir el estado de malestar. Ya lo demostró Den Xiaping en la estrategia de cambio que adelantó en la China socialista y que está documentada en un excelente libro de Ezra Vogel.

Cuando se respeta el derecho humano de propiedad, el de la vida y las posesiones del individuo, cuando se abre la economía y se crean las condiciones propicias para el adecuado desempeño de la empresa, cuando se instala un clima de confianza y cuando los precios juegan el rol que les corresponde, las sociedades crecen y se desarrollan. El reconocimiento de la centralidad de la democracia y las libertades para el desarrollo es el que este gobierno niega y combate.

Por ello su malestar, por ello rehúsa perder la sumisión del poder legislativo,  que siempre fiel actuaba a conveniencia del ejecutivo. El poder legislativo le otorgó poderes especiales cuando el ejecutivo lo requería o le delegaba la potestad para crear leyes cuando lo estimara conveniente. El ADN totalitario del régimen le impide aceptar la derrota, le impide reconocer la pluralidad y el disenso en el parlamento, soportar el contrapeso de poderes, transigir con el control que por derecho compete al parlamento y no tolera la recuperación que hace éste de sus funciones legislativas, que son las que le dan vida y sentido a la Constitución.

El ADN totalitario también le impide someterse a la realidad del pensamiento plural, acostumbrado al pensamiento único y cuartelario. Los altos voceros se muestran indispuestos a ser interpelados, a dar cuenta de la forma en que han utilizado los recursos propiedad de todos los venezolanos, tal y como lo consagra la Constitución. El propio Presidente, el primero, lo ha expresado de mil maneras. Recientemente lo expresó de un modo desacertado e inapropiado, como cuando una persona está fuera de sí. Aseveró que no aceptaría lo que ya había ocurrido, que no admitiría que la “derecha”, es decir, 8 millones de venezolanos representantes de todo el espectro político, vote en contra de su modelo político. Con estas declaraciones corrobora lo dicho, su ineptitud para cambiar. Razón tiene el dicho según el cual “no hay peor ciego que el que no quiere ver”, así como es difícil imaginar las cotas de ceguera que puede alcanzar esa ideología.

La tenebrosa situación económica y social podría tener solución  con este gobierno, si  admite su fracaso y muestra su disposición a cambiar para atender la agenda de problemas humanitarios que se avecinan. Su arrogancia le impide hacerlo, además de que cualquier gesto es este sentido sería sinónimo de traición.

En un gesto desesperado por evitar los cambios que el país exige, y reclamó con sus votos  el 6D,  en la fase agónica de la anterior asamblea y en pleno receso vacacional,  de forma apresurada y violando lapsos, normas y procedimientos, designaron nuevos miembros para el Tribunal Supremo de Justicia. Muchos de ellos son militantes probados del oficialismo, algunos exdiputados, lo que contraviene uno de los criterios básicos de selección. Algunos de ellos exdiputados convertidos en miembros del tribunal.

En su afán por mantenerse en el poder menosprecian al otro y niegan lo evidente. Por ello no pueden hacer una lectura del resultado electoral. El gobierno, cuando arremete en contra de los diputados de la alternativa democrática, lo hace en realidad contra los millones de venezolanos que expresaron la necesidad de cambio. No importa el cómo, el propósito es desconocer a los venezolanos y a quienes los representan. El resentimiento y la ceguera son de tal magnitud, que se han violado descaradamente los derechos de privacidad de algunos ciudadanos, sobre todo de aquellos que votaron por el cambio, para tomar medidas judiciales con las que contradicen sentencias previas.

A veces me pregunto cuál es el resentimiento con Venezuela y los venezolanos. No están contentos con haber llevado el país a la quiebra, quieren hundirlo aún más. Son las patadas de ahogado de quienes han malversado una fortuna, quienes han desperdiciado una oportunidad de oro y de quienes han dejado una inmensa deuda que deberán pagar nuestros hijos y nietos. Están impidiendo, obstaculizando, el cambio que el país requiere y que ya expresó con una contundencia incontestable. Ya deberían saber, por la experiencia de otros regímenes socialistas en el mundo,  que el poder no es eterno y que la justicia tarda pero llega.

[1] En un diagnóstico realizado por simpatizantes del gobierno venezolano se demuestra con datos los costos excesivos. Absolutamente onerosos de dicho acuerdo www.aporrea.com

[2] “Gobiernizadas” en oposición a estatizadas. Cuando las empresas pasan a servir al partido o grupo en el poder y no a todos los ciudadanos