El federalismo antifederal del PSOE

25/07/2013

Catedrático de Lengua y Literatura y periodista

 

Los documentos surgidos de la cumbre socialista de Granada, “Un nuevo pacto territorial: la España de todos” y “Hacia una estructura federal del Estado”, constituyen el último episodio de un trenzado imposible en el que el PSOE vive atrapado desde hace más de treinta años: el que pretende enlazar el igualitarismo tradicional de la izquierda, su seña de identidad durante su periodo obrerista, y su señuelo fantasmal desde que se convirtieron, inconfesos aún, en un partido burgués; y lo que llamaremos el ‘diferencialismo’, la asunción de las doctrinas nacionalistas (antiigualitarias, defensoras de derechos históricos, privilegios territoriales y hechos diferenciales) a que lo arrastraron algunas de sus federaciones y, sobre todo, su confederación torpemente asimétrica con el PSC.

Nada, seguramente, refleja mejor lo que siguen proponiendo para España que su propia relación con el Partido de los Socialistas Catalanes, al que entregaron los millones de votos de los trabajadores del resto de España que, a lo largo de todo el siglo XX, llenaron el extrarradio de Barcelona para satisfacer sus necesidades de desarrollo. De desarrollo de Cataluña y, por tanto, de España. Esa relación ya no cabe en el federalismo asimétrico, disparate pequeño ante la evidencia de que no se trata ni siquiera de una alianza entre partidos soberanos, confederal, pero en igualdad. No. Uno, el PSC, interviene y decide en todo lo que le afecta al PSOE. Pero el otro, el PSOE, no puede intervenir en nada de lo que decide el PSC. Llamarla ‘confederación torpemente asimétrica’ es insuficiente, por lo que habrá que llamarla pura y simple sumisión.

Una lectura de ambos documentos nos sitúa en un terreno, pues, de flagrantes contradicciones, un intento de coser la escisión de contrarios que un lenguaje ‘suavón’ no consigue ocultar. Lo curioso es que el PSOE aparece en estos principios del siglo XXI como encarnación modélica del debate que ocupó los orígenes del catalanismo, cuando aún no sabían si eran o querían ser una región, una nación o un estado. Y, sobre todo, cuando discutían y teorizaban sobre España, pues son los que más lo han hecho. En efecto, en aquellos albores, la duda catalanista era si España era una nación que debía articularse en estados, en la más pura concepción federal, ensayada con el éxito conocido en 1873; o si España era un Estado constituido por diferentes naciones, que es la concepción que finalmente fue afianzándose durante el siglo XX, hasta darle curso legal en el último Estatut.

El Estatut fue, precisamente, el anterior episodio de esta batalla inacabable en el interior del PSOE entre federalismo y nacionalismo. Triunfó el nacionalismo, como pago de Zapatero a Maragall, y la escasa resistencia fue anulada con la garantía de alfombra y coche oficial para los renuentes. Lo que ha ocurrido en Granada es una renovación de ese pago de aroma feudal, pues la propuesta es finalmente la de siempre: un oxímoron, un federalismo diferencialista que sólo pretende satisfacer al PSC, proponiendo una reforma de la Constitución que recoja todo lo que el partido catalán cree que le permitiría recuperar su condición de alternativa como nacionalismo blando: que la Constitución, nada menos, recoja las desigualdades ‘diferenciales’, la inmersión lingüística, la ‘ordinalidad’ en la financiación (lo que supone, en sí mismo, el fin de la nación, para convertirla en resultado de las regiones, y no en su origen) y la jerarquía entre comunidades, que llega a la desfachatez de ignorar a Castilla y a Aragón como entidades ‘histórico-políticas’.

Y encima, después de tanta pirueta, el PSC ha dicho que seguirá votando lo que considere sin tener en cuenta lo que pueda decir el PSOE. Suele ocurrir, y los partidos deberían reflexionar sobre ello en esta hora de España, que cuando se abjura de todo, se termina perdiendo todo.