Las desventuras de Maduro, el habilitado

20/11/2013

Yon Goicoechea Lara, político y abogado venezolano, ganador del Premio Milton Friedman de 2008

 

Esta semana, los venezolanos desempolvamos nuestros peores recuerdos. Los saqueos promovidos por Nicolás Maduro nos han enfrentado al fantasma del Caracazo de 1989. 24 años después, el rentismo petrolero nos vuelve a pasar factura. Con una inflación anual que rozará el 54% en 2013, escasez generalizada de alimentos básicos y reservas internacionales que no llegarían a cubrir una semana de importaciones, Venezuela se precipita hacia el caos.

Lo complejo es predecir cuáles serán las consecuencias políticas del colapso. Por regla general, cuando los países democráticos quiebran, los ciudadanos pueden cambiar a sus presidentes. Pero los dictadores son algo renuentes a la hora de marcharse. De allí que busquen blindar sus poderes, para lograr mediante el miedo y la fuerza lo que no podrían obtener de otro modo. Nicolás Maduro sabe que si no radicaliza la revolución su gobierno se derrumbará. Por ello ha solicitado una ley habilitante, que le dote de agilidad para realizar cambios estructurales sin que al pueblo le dé tiempo de analizarlos.

En el pasado, Hugo Chávez utilizó las delegaciones legislativas para desmontar pilares fundamentales de la democracia venezolana. Por ejemplo, desprofesionalizó la Fuerza Armada, creando la “Milicia Bolivariana, antiimperialista y revolucionaria”, a la que se le ha dado la responsabilidad de “cuidar y supervisar” los procesos electorales en el país. En respuesta, diversos sectores de la sociedad acudieron a la justicia para anular los decretos-leyes dictados por el “Comandante Supremo”, pero fue en vano. En 2010, el prestigioso constitucionalista Jesús María Casal y un grupo de diputados presentaron un recurso de nulidad ante el TSJ, el cual, al día de hoy, no ha sido tramitado. Hay otros precedentes similares.

La ley habilitante que hoy nos ocupa fue originalmente vendida como un medio de combatir la corrupción. Comunicacionalmente, esta justificación no tuvo éxito, por lo que los asesores del gobierno decidieron centrar la campaña en la llamada “guerra económica”. El objeto de la ley es tan amplio que el presidente podría modificar el código penal, la ley de partidos políticos, la Ley Orgánica del Banco Central o la composición político administrativa del Estado. Todo cuanto sirva para “enfrentar la guerra económica de la burguesía contra el pueblo” está permitido. Pero no hay por qué inquietarse, no tiene caso romperse la cabeza, aunque hubiese límites claros no habría tribunal ante el cual exigirlos. Quienes mejor lo han comprendido han sido los humoristas del conocido portal “El Chigüire Bipolar”, que titulaba: “Presidente que hace lo que le da la gana podrá seguir haciendo lo que le da la gana”.

De acuerdo al artículo 203 de la Constitución venezolana, las leyes habilitantes requieren de tres quintas partes del parlamento para su aprobación. Luego del muy venezolano “salto de talanquera” de tres diputados, inicialmente opositores, pero que ahora votan con el PSUV, el gobierno quedó a un diputado de la mayoría requerida: el tristemente célebre Diputado 99.

Por distraer un poco, vale la pena reseñar que en los bares de Caracas se escucharon toda clase de especulaciones con relación a la identidad de tan desdichado personaje. Digo desdichado, porque es que es difícil recordar a alguien que haya recibido tantas maldiciones, sortilegios y maleficios en toda la historia de la humanidad, como el diputado suplente Carlos Flores ¡Pobre chavista rico! Sí, el 99 terminó siendo un suplente, porque cuando el gobierno resolvió que ya no había más votos comprables, decidió echar del parlamento a la diputada María Aranguren, de quien Flores era el segundo. Allanarle la inmunidad fue fácil, sólo hubo que contar con un TSJ electo por un parlamento absolutamente chavista (la oposición no estuvo presente en la legislatura anterior). De 32 magistrados, 32 se han autocalificado de revolucionarios.

Ya Maduro adelantó algunos de los decretos que dictará con sus nuevos poderes. La centralización de todas las importaciones del país, la restricción del financiamiento privado de los partidos políticos (en Venezuela no hay financiamiento público), la ocupación de los negocios cuyos márgenes de ganancia sean superiores a los que su gobierno considere razonables, entre otras medidas, podrían ser adoptadas durante la primera quincena de diciembre. Seguramente, luego de las elecciones municipales del 8-D.

No obstante lo anterior, salvo que a la revolución la parta un rayo, el país seguirá su curso hacia la inviabilidad. Luego de los saqueos decembrinos vendrá la escasez de año nuevo, el dólar a 100 y los bolsillos vacíos, tan propios de nuestros eneros venezolanos ¿Qué pasará si los chinos cumplen su palabra de no financiar más el desmesurado gasto del gobierno? ¿Qué será del chavismo sin Chávez y sin chequera? La habilitante no responde estas preguntas, porque la ley en Venezuela no es un factor determinante. El derecho murió de mengua hace años, no hubo juez que lo salvara. Lo que nos quedó fue una fuerza armada dividida y depauperada, unos cuerpos paramilitares armados para defender la revolución y un pueblo que, cuando tiene hambre, sale y se come a quien encuentra.