Liberalismo y derecho a decidir

04/12/2013

Xavier Reyes Matheus es secretario general de la Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad. Autor de Más liberal que libertador. Francisco de Miranda y el nacimiento de la democracia moderna en Europa y América (Gota a gota, 2009)

 

En el congreso de jóvenes liberales europeos convocado recientemente en Bucarest, las juventudes del partido liberal europeo, LYMEC, han aprobado una resolución de apoyo al “derecho a decidir de las naciones sin estado” a propuesta de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC), la rama juvenil de CDC. No extraña demasiado esa inclinación que suele verse, en efecto, al hablar sobre el tema de Cataluña con gente joven que hace profesión de fe liberal, y que entiende que lo consecuente con este credo es “dejar hacer” y no poner trabas a lo que debería poder plantearse con toda la naturalidad de una opción abierta.

Sin embargo, es necesario delimitar el tipo de libertad que sustenta los valores liberales, y que no puede ser sólo un movimiento de la voluntad, pues se trata, en todo caso, de una variable política, y por lo tanto vinculada a un orden social. La falta de constreñimiento sobre un acto humano lo convierte en un acto libre, y es indudable que, siquiera como presupuesto, eso le confiere una especial virtud; pero es igualmente claro que no puede reducirse a ello toda la bondad de lo que en última instancia habrá de juzgarse siempre por sus resultados. Rendidos, entonces, a la evidencia de que un acto libre puede ser bueno o malo, nos encontramos ante el problema que supone anticipar tales efectos, pues impedirlos en nombre de una prevención demasiado celosa puede conducir a la censura, y autorizarlos en nombre del “derecho a equivocarse” puede provocar un perjuicio que quizá se habría debido evitar. La clave, entonces, es la que daba Francisco de Miranda cuando afirmaba que “la libertad no es sino la justicia sabiamente administrada”. Ciertamente: si la justicia queda a salvo, nadie puede quejarse de padecer restricciones ilegítimas.

Puesta en relación con la justicia, la libertad deja de ser una entelequia y ha de remitirse a los distintos derechos que estén en juego. En los últimos tiempos, el protagonismo de los derechos humanos en la teoría jurídica ha llevado a confundir el carácter absoluto que les es propio, en cuanto enraizados en la innegociable dignidad de la persona, con un acriticismo que abdica de cualquier razonamiento sobre los fines de la justicia: la sentencia del Tribunal de Estrasburgo es un ejemplo patente de esta perversión. La jerarquización de los derechos en función de la virtud implícita en su ejercicio y de la situación en la que se hallen sus sujetos es un insoslayable deber de prudencia legislativa y judicial, necesario si no quiere instaurarse la lógica del “porque sí” capaz de realizar esa nietzscheana “voluntad de poder” que los nazis convirtieron en eslogan. Sin embargo, brilla por su ausencia en cuestiones tan clamorosas como el aborto, donde es patente que el “derecho a decidir” de la madre no es razón suficiente para imponerse al derecho del hijo.

Alguien dudoso podría denunciar cierto sabor socialista en el planteamiento de una libertad subordinada a la justicia; pero entonces hay que conformar ésta con otro valor que hace las veces del reactivo químico bajo cuyo influjo se descubre la filosofía política de cada quien: la verdad. La justicia socialista es una ficción; una racionalización de la envida y del resentimiento hecha para dar cobertura moral a las pulsiones del odio. Por el contrario, las aspiraciones y los derechos defendidos por el liberalismo deben partir del reconocimiento honesto de lo que hay y de lo que falta en la realidad. De ahí que la Cataluña oprimida; pisoteada por España; víctima del imperialismo; saqueada y subyugada, no pueda beneficiarse de los fueros de la justicia y, consecuentemente, de los de la libertad, por una sencilla razón: porque no existe.