Lo que sabemos que no sabemos

26/02/2015

Se acaba de presentar el libro Agujeros del sistema. Más de 300 asesinatos de ETA sin resolver, publicado por la editorial Ikusager, del que es autor el periodista y director de comunicación del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) Juanfer Calderín.

Si, como observa Maite Pagazaurtundúa en el prólogo, la obra de Florencio Domínguez, Rogelio Alonso y Marcos García Rey, Vidas rotas (Espasa Libros, 2011), supuso un antes y un después en el esfuerzo por hacer plenamente visibles a todas las víctimas de ETA, este libro se presenta como un trabajo de continuidad de aquél, que lo complementa y afina la perspectiva desde la que hay que seguir mirando de frente el sufrimiento causado por la banda terrorista, a sus víctimas y a quienes fueron sus responsables.

Después de que la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT) pusiera en manos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional una relación de 270 causas por asesinatos de ETA sobre las que pedía que se aclarase su estado procesal, la Fiscalía, primero en 2011, y la Presidencia de este tribunal, en 2013, respondieron con sendos informes que confluían en un balance que no sólo producía desasosiego, sino que necesitaba respuestas y actuaciones precisas. Más de 300 asesinatos perpetrados por ETA habrían quedado sin resolver, lo que supone que más de un 30% de la trayectoria criminal de la banda aparecería jalonada por el olvido, la duda o la impunidad. De las 270 causas objeto de examen, 258 fueron localizadas físicamente; de estas últimas, 163 habían sido archivadas, en 83 había recaído sentencia, 13 se habían reabierto y 12 se encontraban “en estado procesal desconocido”.

El trabajo documental realizado por Calderín es de una enorme magnitud, pero a la hora de medir el alcance de todo lo que se relaciona en el libro, habría que incorporar algunas observaciones. Sería necesario definir con precisión qué se entiende por un caso sin resolver porque es preciso delimitar el núcleo del problema que es la impunidad que habría causado disfunciones en el funcionamiento del Estado de derecho. Ciertamente, no es posible exigir un esclarecimiento pleno, del 100% de los delitos, ni que nadie escape a la acción de la justicia. Tampoco habría que considerar una sentencia absolutoria por sí misma como una quiebra del sistema judicial. A veces, el esclarecimiento pendiente se circunscribe a la autoría material de un atentado –quién apretó el gatillo, quién hizo estallar la bomba–, lo que, sin embargo, no modifica la responsabilidad penal de los miembros del comando terrorista que lo perpetra, condenados en iguales términos como coautores. Y a veces, también, los elementos descubiertos por las Fuerzas de Seguridad no tenían un valor incriminatorio tan concluyente como el que se les supone.

En periodos concretos han contado, y no poco, los condicionamientos políticos al margen de la actuación judicial propiamente dicha. Es el caso de los acuerdos con Francia para la deportación de etarras a terceros países en los años 80, los beneficios obtenidos por los activistas de ETA pm después de su disolución, o el hecho bien conocido de que durante mucho tiempo huir de España garantizaba a los terroristas, casi en cualquier lugar del mundo, que no serían entregados a la justicia española. No sólo eran tiempos en los que la capacidad del Estado para combatir el terrorismo se encontraba presionada al límite, sino años de una enorme soledad en la lucha contra esta lacra que afortunadamente poco tiene que ver con la solidaridad internacional y los nuevos instrumentos jurídicos que han permitido cerrar espacios a la impunidad gracias a una cooperación internacional hasta hace poco impensable, especialmente a escala europea.

Establecido este contexto, lo que no ofrece duda sobre su gravedad es la sucesión de sobreseimientos en causas por atentados terroristas que, en violación de la competencia de la Audiencia Nacional, decretaron diversos juzgados de instrucción en el País Vasco, especialmente entre 1977 y 1980. Tampoco hay respuesta satisfactoria para los casos en que actuaciones de las Fuerzas de Seguridad que apuntaban un camino en el esclarecimiento de atentados anteriores no se incorporaran a las causas correspondientes para mantenerlas vivas. A la vista de la investigación que se ofrece en este libro, causas que podían haberse mantenido abiertas han acabado prescribiendo. Se puede argumentar que, en no pocos casos, los presumibles responsables de asesinatos sin resolver fueron condenados por otros atentados. Pero éste es un escaso consuelo que en modo alguno puede compensar el que hayan eludido ser juzgados por todos sus crímenes.

Creo que el valor de este relato documentado no es el de someter a un juicio peyorativo a la propia justicia. Su valor radica en que irrumpe como un oportuno recordatorio en medio de las urgencias por “pasar página” y por aceptar una peculiar forma de entender la “normalización” en el País Vasco, que no es otra que acelerar la fosilización del olvido en los estratos más profundos de la sociedad vasca. Recordatorio, como lo calificó el propio autor en la presentación, frente al escamoteo de la verdad y la banalización del sufrimiento de las víctimas. Estos “agujeros” muestran bien a las claras que hay todavía muchas páginas por escribir y mucha historia por recuperar, y a ello habrán de dedicarse compromisos políticos, esfuerzos institucionales y conciencia social movidos, no por una pulsión de venganza, sino por un imperativo de justicia.

Resulta necesario recordarlo porque la necesidad de esclarecimiento que el libro reclama, en una u otra medida, refuerza la exigencia de que los terroristas presos colaboren efectivamente con la justicia, como ordena la ley, si quieren acceder a procesos de reinserción u obtener determinados beneficios penitenciarios. En este punto incide de manera muy especial el libro de Calderín a propósito de la reunión que la presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez, mantuvo con Valentín Lasarte, miembro del comando que asesinó a su hermano Gregorio. Lasarte ha accedido al proceso de reinserción denominado “vía Nanclares”, ha dejado la banda terrorista y ha pedido perdón a la familia de Gregorio. Pero ha mantenido una sospechosa “amnesia” que ha impedido determinar quién fue el autor material de los disparos aquel día de enero de 1995 en el bar “La Cepa” de San Sebastián y que evitó la condena del etarra Carasatorre por el asesinato del policía municipal de esa misma ciudad, Alfonso Morcillo, en diciembre de 1994. En una reciente entrevista, el dirigente de Sortu –antes Batasuna, antes Euskal Herritarrok, antes Herri Batasuna– Pernando Barrena afirmaba campante que el arrepentimiento y lo que el llamaba “delación” eran líneas rojas para un preso de ETA. Pues bien, esas mismas líneas, en sentido inverso, deben trazarse en el campo de la democracia y la ley para los terroristas que reclamen un proceso de reinserción para que ésta sea creíble y coherente. Sin disposición a colaborar no puede haber reinserción.

La claridad debería interesar también a los que reclaman de las víctimas su disposición al perdón. Como observa Fernando Altuna, hijo de un capitán de la Policía Nacional asesinado en Erenchun (Álava) en 1980, “no podemos perdonar a quien no conocemos”.

Sin duda, la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo incorporada en 2010 –y confirmada en el proyecto de Código Penal que se tramita en el Congreso– es una primera respuesta largamente debida y un mensaje necesario. Pero es preciso ir más allá.

Hay un trabajo exigente y nada fácil para recuperar eslabones perdidos en la larga cadena criminal. Éste debe ser un terreno de cooperación y de sinceridad más que de confrontación y reproche, a pesar de la profunda decepción que transmiten los testimonios de víctimas que, con todo derecho, quieren saber.

La lucha contra el terrorismo etarra, que ahora busca pervivir en el proyecto político de ETA, ha sido la lucha comprometida del Estado de derecho que no se explica sin el trabajo de los tribunales y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Y esta evidencia no queda desvirtuada por ninguna mirada retrospectiva por justificadamente crítica que resulte.

Por otra parte, frente a cualquier duda, a cualquier fallo del Estado de derecho, a cualquier impunidad personal, lo que sí sabemos es que esos crímenes fueron cometidos por la banda terrorista ETA, que esta banda pervive y se niega a desaparecer, que existe en los que siguen legitimándola, en los terroristas presos que no colaboran con la justicia y niegan la calificación de mal al espanto que causaron. A ésos, ni la sociedad, ni la democracia, ni el Estado de derecho les debe nada.