Análisis FAES La normalización del golpe de Estado

21/12/2018

Pedro Sánchez y el Gobierno que preside –el Gobierno de España– ha traspasado una frontera que ningún gobernante había cruzado ni en los peores momentos de nuestra historia democrática. Ha dejado atrás cuarenta años de Constitución, de Estado de derecho, de unidad nacional en libertad e igualdad de los españoles y se ha adentrado en el oscuro territorio del supremacismo etnicista catalán personificado en su socio Quim Torra para normalizar el golpe de Estado que los secesionistas perpetraron hace un año y por el que sus responsables van a ser juzgados por el Tribunal Supremo.

Sánchez ha consentido la extranjerización del Gobierno de España en Cataluña. Primero, con la decisión de celebrar un Consejo de Ministros en Barcelona para el que ha creído necesario desplazar miles de agentes de la Policía Nacional porque, al parecer, los 17.000 mossos d´esquadra no eran fiables para garantizar la seguridad de la reunión. Después, obligando al despliegue de un dispositivo de seguridad que, como era de esperar, la Generalidad ha utilizado para acentuar la disrupción de la vida ciudadana para recordar a los barceloneses las consecuencias de tener el Gobierno de España en la ciudad. Tercero –y es lo más grave– asumiendo una escenificación de cumbre bilateral, de reunión de Gobierno a “Gobierno”, incluyendo la emisión de un “comunicado conjunto” que es una práctica internacional por excelencia.

Lo que dice este obsceno “comunicado conjunto” es, desgraciadamente, revelador de la actitud y la disposición con que el presidente del Gobierno ha ido a Barcelona. Paradójicamente, lo que sus redactores han querido ocultar es lo que más destaca en una pieza que deja atrapado a Sánchez, al Gobierno y al Partido Socialista Obrero Español en la debilidad de su oportunismo y en su rendido apaciguamiento. Compartir con un xenófobo racista contrastado como Torra que el problema ahora es la “desfranquización” es un sarcasmo grotesco. Lo que el comunicado dice y lo que omite indica por dónde van a ir las cosas. Para empezar, la presión sobre el Tribunal Supremo, una presión que los miembros del Gobierno y otros cargos socialistas no han dejado de ejercer, incluyendo al Sánchez que como presidente no ve el delito de rebelión que sí veía con claridad meridiana como dirigente en la oposición. Y sobre lo anterior, una estrategia mediática y académica para convencernos de que la autodeterminación, algún tipo de autodeterminación, sí cabe en la Constitución.

Según lo acordado por Torra y Sánchez, lo que ocurre en Cataluña es un conflicto político sobre su futuro en el que no existe la Constitución española y que no debe “judicializarse”. El problema no es la exclusión de los no nacionalistas, la quiebra de la legalidad o la ruptura de la sociedad catalana sino la búsqueda de una pretendida “propuesta política de amplio apoyo”. Con todo ello, Sánchez, el Gobierno y el Partido Socialista Obrero Español han dado su absolución política al golpismo y aceptan –digan lo que digan– el inexistente derecho de autodeterminación, a falta de encontrar una fórmula para dárselo a los nacionalistas. Ni una sola palabra para la Cataluña que salió a la calle en defensa de sus derechos cívicos y su identidad catalana y española. Y por supuesto, ni la más mínima comunicación con los partidos constitucionalistas, que siguen siendo el primer partido en representación parlamentaria a nivel nacional (PP) y el primer partido en Cataluña (Ciudadanos). Mucha oda al diálogo, pero sólo con quienes hace un año atropellaron la representación política de los catalanes en la ignominiosa sesión del 6 y el 7 de septiembre para, partir de ahí, entrar en una estrategia golpista de la que no se ha apeado.

Esta todavía muy vivo el recuerdo de un Partido Socialista que tuvo que destituir a Sánchez porque el partido se negaba a que Sánchez hiciera lo que está haciendo ahora. Eran momentos en los que el PSOE mantenía resortes de salud democrática y de autoestima como partido de Gobierno durante muchos años en España. Por eso descalificaba a su secretario general, por querer formar un “gobierno Frankenstein” con los que “querían romper España”. En eso está, pero ahora ya no se trata sólo de las intenciones de un Sánchez que terminó destituido, sino de la política de su Gobierno y su Partido. Por mucho que los barones socialistas se empeñen en blanquear a Sánchez –eso sí, después de que las elecciones andaluzas les mostraran lo que les puede ocurrir–, hay poco margen para su retórica. Se engañan los socialistas si creen que estas imágenes del presidente del Gobierno y Torra van a quedar disueltas en el ambiente navideño. Se engañan si creen que la inmensa mayoría de los españoles, llegado el momento, se van a mostrar indiferentes hacia el futuro de su unidad y su ciudadanía. Y se equivocarían las fuerzas constitucionales si creen que su objetivo de futuro es otro que el de favorecer y articular un cambio político que remedie la negación de la nación de ciudadanos libres e iguales y el descarrilamiento del Estado.

Y finalmente, ahora que han decidido cambiar el nombre del aeropuerto del Prat para que se llame Josep Tarradellas, hay que recordar que ni Sánchez es Suárez ni Torra es Tarradellas. Tarradellas volvió a España y presidió la Generalidad precisamente para que en Cataluña no volvieran al poder los golpistas, y para que gentes como Quim Torra quedaran encerradas en ese pasado que Tarradellas conocía muy bien y luchó para que no se repitiera, con la Constitución y el Estatuto.

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