Análisis FAES Las espurias elecciones primarias en Bolivia

29/01/2019

Mateo Rosales Leygue es abogado y máster en Gobierno, Liderazgo y Gestión Pública por el Instituto Atlántico de Gobierno


El domingo 27 de enero se llevaron a cabo las elecciones primarias en Bolivia de cara a los comicios electorales de octubre. Un proceso inédito en Bolivia que ha suscitado debate en muchos países alrededor de la idea de modernización de la democracia que pretende, entre otras cosas, generar participación dentro de las bases y la militancia, y fomentar la competencia entre los cuadros de los partidos políticos y sus candidatos. Sin embargo, otra fue la idea del gobierno del presidente Evo Morales sobre este proceso de participación. 

La nueva ley de organizaciones políticas que integra las elecciones primarias, aprobada aceleradamente en septiembre de 2018, establece que en las primarias solo pueden participar los militantes de los partidos políticos, retornando a la vieja idea de partidización de la democracia de los años 90, y excluyendo al resto del padrón electoral que no está inscrito en un partido político. Además, establece que solo las organizaciones políticas inscritas previamente en el Tribunal Electoral y aquellas que consigan la personería otorgada por el mismo Tribunal 65 días antes del día de la celebración de las primarias, pueden ser sujetos de dicho procedimiento. Este requisito dejó fuera de juego a las plataformas y colectivos ciudadanos con vocación política que durante los últimos meses habían sido los canalizadores de la demanda cívica en protesta contra la intención de Evo Morales de repostular al mandato presidencial de forma indefinida y en defensa del resultado del referéndum del 21 febrero de 2016. Resultado que reafirmó la prohibición sobre la reelección presidencial limitada a dos periodos consecutivos de cinco años, contemplada en la Constitución boliviana.

La idea inicial de la ley de organizaciones políticas fue la de impulsar un nuevo paradigma en la organización de los partidos políticos y en el escenario electoral boliviano que resuelva cuestiones formales en la estructura de los partidos, como la competencia interna y la participación, y promover un sistema electoral acorde a las nuevas necesidades que la institución requiere con urgencia. Así lo manifestaron los magistrados del Tribunal Electoral hasta que, habiendo detectado las intenciones autoritarias del gobierno central de imponer un modelo de ley conforme a sus propias aspiraciones, optaron por ceder a las amenazas del gobierno y concluir la tarea de acuerdo con las previsiones del partido hegemónico, o renunciar al cargo, como finalmente ocurrió con la presidenta del Tribunal y otros vocales.

Las primarias, en consecuencia, resultaron ser una estrategia política del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) cuyo objetivo no fue la modernización de la institución electoral ni de los procesos internos dentro de los partidos políticos. Al contrario, las primarias pretendieron ser una herramienta para otorgar un matiz de legitimidad a una candidatura que vulnera la Constitución y que se avala por una sentencia ilegal y contradictoria del Tribunal Constitucional, cuyo accionar está subordinado a los intereses y órdenes del gobierno autoritario. Lo que intentó el MAS a través de este proceso fue dejar una estela de apoyo de sus bases, en contraposición a los partidos de oposición -que no cuentan con la fuerza orgánica ni estructural necesaria- que le ayude a legitimarse y a concatenar fuerzas que le puedan ser efectivas hasta octubre. No por nada dijo el presidente boliviano al momento de hacer entrega de las listas de militantes en el Tribunal Electoral, en octubre pasado, con su infaltable tono mitómano en medio de un mitin casi ficticio de seguidores que se movilizan por imposición o coacción de sus dirigentes: “Viendo los nuevos datos, el MAS es el movimiento político más grande de la historia de Bolivia”. 

Sin embargo, el resultado final de las primarias expone una realidad distinta y esclarecedora. Creyéndose omnipotente, el gobierno de Evo Morales no midió las consecuencias de su desatada intervención institucional y su manifiesta desafección con los ciudadanos. Tan solo un 37 por ciento del total de los militantes del Movimiento al Socialismo le dio a Evo Morales su aprobación para poder participar en las elecciones de octubre. La ausencia en la votación de más del 60 por ciento de los militantes del MAS demuestra la crisis interna en la que está sumido el partido de Evo Morales y su liderazgo cada vez más cuestionado, evidencia la debilidad del gobierno frente a la movilización ciudadana y expone, finalmente, una realidad que es motivo de discusión diaria entre los bolivianos: la grave crisis del sistema institucional que impera en Bolivia. 

Pese a que existen razones legales suficientes para inhabilitar al binomio Evo Morales - Álvaro García Linera, el Tribunal Electoral, que apela a los intereses de la clase dirigente del gobierno, ha decidido optar por su sesgo ideológico y omitir la aplicación correcta de la ley. Por su parte, el Tribunal Constitucional, tras su sentencia emitida en noviembre de 2017 que habilita al binomio del MAS para las elecciones de octubre, a pesar de los resultados del referéndum de febrero de 2016, ha quedado al margen. Sin embargo, si bien no hay garantías en el ámbito legal y constitucional, la movilización ciudadana en torno a la defensa del resultado del referéndum de 2016 persiste y es cada vez más contundente.

El resultado de las primarias, muy lejos de mostrar la fortaleza de la que tanto se jactan los dirigentes del MAS, evidencia el debilitamiento de un régimen que ha perdido por completo la confianza de la gente. El MAS ha pasado de ser la esperanza a la que se aferraron en su momento muchos bolivianos, a ser el partido que promueve y reproduce lo peor de un régimen en decadencia: autoritarismo, persecución, corrupción.

No cabe duda de que el intento de consolidación del autoritarismo en Bolivia se encuentra en su fase final. La receta no es nueva. Los casos cubano, venezolano y nicaragüense son evidencia suficiente para que los bolivianos apuesten por una salida a tiempo, antes de que el autoritarismo del presidente Evo Morales termine por extinguir los resabios de democracia y libertad que quedan en Bolivia.

En 2019 emerge una nueva oportunidad para la recuperación institucional. La movilización constante y contundente sumada a la participación política pueden garantizar la salida del régimen y una transición que proponga una nueva idea de país, ponderando los principios y valores de libertad que todo Estado democrático necesita. Solo con la unidad y la participación de todos se podrá transitar del autoritarismo imperante en Bolivia a un Estado democrático”.

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