Análisis FAES Desestabilización, protestas indígenas y crisis en Ecuador

14/10/2019

Francisco Briones es analista económico de la Red FAES en Ecuador


Entre 2007 y 2017, Rafael Correa gobernó el Ecuador, quien bajo el lema de Revolución Ciudadana implementó el modelo del socialismo del siglo XXI.

Durante esa década el resultado fiscal pasó de un superávit de US$ 1,399 MM a un déficit de US$ 4,653 MM. La deuda pública llegó a US$ 46,536 MM, 45% del PIB. Correa hizo de todo para sostener el gasto público excesivo. Se consumió y eliminó los fondos de ahorros petroleros, gastó todos los recursos del boom, vendió petróleo anticipadamente, tomó deudas caras (más del 8% interés) y plazos cortos, utilizó el dinero (privado) de las reservas internacionales, eliminó las contribuciones estatales a la seguridad social, entre otros. Lenin Moreno recibió una economía en recesión, con excesivo déficit fiscal y sobre endeudada.

Tras casi dos años de intentar sostener dicho nivel de gasto sin resultados claros, Moreno decidió dar un giro de 180° al manejo fiscal. El objetivo ahora es lograr el equilibrio, detener el endeudamiento agresivo y reactivar la economía. Así Ecuador terminó con un programa de 3 años con la banca multilateral internacional, con el FMI a la cabeza, por US$ 10,400 millones. El propósito del acuerdo es acompañar al Ecuador en la implementación de las reformas estructurales necesarias (fiscal, financiera, laboral, etc.) para lograr una economía creciente y competitiva.

El ajuste fiscal es lo más fuerte de todo el programa. Aumentar los ingresos de 1.5 a 2 puntos del PIB para el 2020 es un verdadero desafío. La opción que más sonó era el incremento del IVA del 12% al 15%. Pero el Gobierno decidió optar por el camino más eficiente y justo, aunque doloroso: eliminar los subsidios a la gasolina y diésel (Decreto 883). Es decir, reducir gastos en lugar de subir aún más los impuestos, que Correa había incrementado con más de 27 reformas tributarias durante su periodo.

Los combustibles fueron subsidiados en el Ecuador por más de 40 años. Y en los últimos 20 el precio estuvo prácticamente congelado. Eliminar el subsidio es una decisión muy impopular, en Ecuador hay una mala memoria al respecto de la época del sucre (moneda ecuatoriana previo a la dolarización). Por eso las manifestaciones empezaron el día siguiente del anuncio presidencial, por temor a la hiperinflación, pérdida de empleo y aumento excesivo del costo de vida.

Desde el punto de vista político, se trataba de una decisión histórica. Temida y esquivada por cualquiera. En el pasado, al igual que ahora, tocar los subsidios siempre ha terminado con protestas y golpes de Estado.

Luego del anuncio de las medidas, los gremios nacionales de taxistas y algunos transportistas anunciaron su paro. Aunque exigían que se derogue la medida, lograron incrementos en las tarifas de transporte. Por otro lado, dirigentes de grupos indígenas, estudiantiles y otras organizaciones, ambientalistas incluso, se adhirieron a las manifestaciones. Momento oportuno para el populismo y la izquierda. Varios políticos pertenecientes al grupo de la Revolución Ciudadana aprovecharon la oportunidad para incitar a la gente a salir a las calles y exigir la renuncia al Presidente.

Desde entonces, Ecuador tuvo 12 días de saqueos a locales comerciales y actos vandálicos en varias ciudades del país, en especial en la sierra y amazonia. Las protestas fueron lideradas por los sectores indígenas de la sierra centro. Quito, la capital y sede tradicional de Gobierno, es donde más problemas se registraron. Aunque tanto el Gobierno como los dirigentes indígenas confirmaron infiltraciones del correísmo que incitan la violencia y el vandalismo en las manifestaciones, con apoyo del régimen de Nicolás Maduro.

A pesar de todo, el presidente Moreno procuró mantenerse firme en su posición. Y era lo correcto. Los subsidios son un lujo que Ecuador no puede sostener y del que se benefician en gran medida los estratos económicos más altos.

Solo entre 2009 y 2018 los subsidios a las gasolinas y diésel sumaron USD 18.352 millones. Esto equivale al 45% del déficit fiscal acumulado en el mismo periodo y por los cuales el país tuvo que endeudarse agresivamente.

Es una medida estructural. Favorable con el medio ambiente, golpea al contrabando, transparenta costos productivos, motiva el uso eficiente de la transportación, corrige el derroche de combustibles, reduce el gasto público, etcétera.

Sin embargo, el Gobierno se equivocó en su estrategia y en la ejecución desinformada y a medias de las medidas. Permitió que se posicionen el temor y las noticias falsas. No ha emitido hasta ahora las medidas disuasivas que alivien el bolsillo ciudadano y productivo. No ha enviado las reformas legales con incentivos y reducciones tributarias. Grave error que no pudo solventar.

Ahora Moreno busca solucionar la crisis nacional dialogando directamente con los líderes indígenas. La noche del domingo (13 oct) aceptó reemplazar el Decreto 883 por uno nuevo que focalice y no elimine los subsidios. Previamente había ofrecido retirar medidas como la reducción salarial a servidores públicos y propuso un bono mensual de $20 para los trabajadores del sector privado financiado por sus empleadores. Tras este virtual acuerdo, los indígenas se dispusieron a abandonar Quito, que ha quedado con varias zonas destruidas.

Pero no es seguro que un acuerdo con los indígenas calme las aguas, pues aún no se conoce el nuevo Decreto y en las calles continúan los infiltrados del correismo. La evidencia más clara del intento desestabilizador fue la toma, destrucción e incineración del edificio de la Contraloría General del Estado y de varios medios de comunicación privados. Por tanto, nada está dicho aún.

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