Análisis FAES Chile: respuesta democrática ante el estallido social

15/11/2019

Felipe del Valle Rey es presidente nacional Nuevas Generaciones UDI


El pasado viernes 18 de octubre, diversas organizaciones realizaron una convocatoria para evadir el pago al metro de Santiago tras la última alza anunciada por el Gobierno. Durante ese día comenzaron las masivas entradas irregulares al suburbano en distintos puntos de la capital, lo que disparó una serie de manifestaciones y destrozos en el sistema de transporte metropolitano. Ese día se atacaron simultáneamente más de 78 estaciones del metro de Santiago, resultando 40 de ellas completamente quemadas, lo cual obligó a cerrar todas las estaciones paralizando el transporte subterráneo. Desde ese momento comenzó una ola de enfrentamientos entre manifestantes y policías a lo largo y ancho del país.

Ante esta ola de violencia, el Gobierno anunció el Decreto del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia para la Región Metropolitana tras evaluar los daños y el caos provocado por la violencia y el vandalismo de la jornada. Y en virtud del cual, se le encargó al Ejército el resguardo del orden público. Esto no logró apaciguar las aguas, al contrario, al día siguiente no solo la capital contaba con Estado de Emergencia sino que en 9 regiones más se estableció el toque de queda para poder proteger a la ciudadanía.

Las principales ciudades del país se llenaron de personas manifestándose en contra de las injusticias sociales. Sin perjuicio de las manifestaciones pacíficas, el vandalismo y la violencia estuvieron presentes en casi todo el país, con masivos saqueos a supermercados, pymes, además de la destrucción de edificios y patrimonio público y privado.

El 19 de octubre el presidente Piñera en cadena nacional señaló que “estamos en guerra frente a un enemigo poderoso” y emplazó a la unidad y a condenar “la violencia y la delincuencia”.

Para el 21 de octubre, y lejos de cesar las manifestaciones, el sistema de transporte público se encontraba funcionando a la mitad de su capacidad y crecían las colas en estaciones de servicio y supermercados. El presidente de la República convocó a los partidos políticos a un gran Acuerdo Social, instancia en la que se restó el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Partido Socialista.

Posteriormente, el día 22 de octubre el Gobierno anunció las medidas de alza de las pensiones más bajas del país, el congelamiento en la subida de las tarifas de electricidad que habían aumentado en los últimos años y la disminución del precio del metro de Santiago. Aun así, los sindicatos y diversas organizaciones llamaron a la huelga para el día 23 de octubre.

El Frente Amplio, el PC y el PS trataron de capitalizar políticamente las diversas manifestaciones y promover sus propias consignas, como por ejemplo exigir el cambio de la carta fundamental a través de una Asamblea Constituyente.

Tras los enfrentamientos entre civiles y militares, se lamentaron 20 muertes a nivel nacional tanto de efectivos militares como de la misma sociedad civil que protegía sus viviendas y negocios de los saqueos y de la delincuencia. Es por ello que el presidente Piñera invitó a la Alta Comisionada para los DD.HH. de la ONU para que viniera a Chile a observar estas situaciones, poniendo fin, además, al Estado de Emergencia y con ello al toque de queda.

El 25 de octubre hubo un récord histórico de manifestaciones en nuestro país, donde más de un millón y medio de personas se manifestaron en la ciudad de Santiago en contra de las injusticias sociales y pidiendo dignidad ante sus demandas.

Estas manifestaciones no comenzaron por el alza de 30 pesos chilenos del pasaje del metro, sino con la verdadera intención de socavar las bases de la República de Chile, donde una de las consignas era una nueva Constitución, medida ante la cual el Gobierno ha cedido. La postura de la oposición respecto de la violencia fue legitimarla en un principio, justificando la bancada del PC las masivas entradas irregulares al suburbano y llamando a alterar gravemente el orden público y a la realización de una Asamblea Constituyente. El mecanismo que posteriormente definió el Gobierno es un Congreso Constituyente, pero la postura de la oposición es Asamblea Constituyente o nada.

La violencia ha llevado a Chile a un clima de ingobernabilidad en el que gran parte de la población no puede llegar a sus lugares de trabajo, muchos estudiantes no pueden realizar sus labores ya que sus instituciones están tomadas o paralizadas, y gran parte de la población vive en un clima de inseguridad e incertidumbre.

El presidente Sebastián Piñera llamó el pasado 12 de noviembre a Tres Grandes Acuerdos para Chile: un Acuerdo por la Paz, para detener la violencia, los actos de vandalismo y restaurar el orden público; un Acuerdo por la Justicia, para impulsar un Chile con mayor equidad, más oportunidades y menos abusos, y un Acuerdo por una nueva Constitución, que permita realizar un nuevo pacto social con amplia participación ciudadana. La decisión fácil hubiese sido usar la fuerza, la difícil apostar por la paz y el diálogo.

Hoy la “pelota” está en la cancha de la izquierda chilena y depende de ellos poder sentarse a dialogar con el Gobierno para así poder frenar esta ola de violencia desmedida en la que nos vemos sumergidos. 

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