En defensa de Álvaro Uribe

12/08/2020

Fundación FAES

La Corte Suprema de Colombia ha dictado una orden de arresto domiciliario preventivo contra el expresidente de la República, Álvaro Uribe, en un procedimiento en el que se le investiga por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. El origen de este procedimiento es una denuncia del senador Iván Cepeda, cuya filiación de extrema izquierda y defensa de las FARC son notorias, en su intento de implicar al expresidente Uribe en las acciones de grupos paramilitares de respuesta a la narcoguerrila.

La actuación del tribunal contra Uribe reúne todas las características de un ajuste de cuentas de la izquierda en la que la Corte Suprema, altamente politizada y cuestionada en su imparcialidad, desempeña un papel lamentable en su falta de rigor. Las supuestas evidencias –en esencia, unas grabaciones del abogado de Uribe- sobre las que el Tribunal se ha pronunciado no resisten un mínimo análisis, incluso si se deja a un lado las dudas sobre la legalidad de la obtención de ese material. Porque a esta medida hay que añadir la investigación a que fue sometido Uribe por el mismo tribunal durante meses, sin que el afectado tuviera conocimiento de ella.

Conviene recordar el contexto en el que se producen estas acusaciones que buscan, de nuevo, tumbar a quien cambió de manera decisiva, en favor de la democracia y la paz en Colombia, el curso de la guerra contra las FARC y resultó un dique de contención inamovible frente al régimen chavista de Venezuela y su estrategia de desestabilización contra su vecino. Ya en 2012, el mismo Iván Cepeda inició su guerra contra Uribe. Como viene sosteniendo de manera muy fundada el partido de Uribe, Centro Democrático, la izquierda desde hace años, no ha ahorrado ningún esfuerzo para montar una acusación que relacionara -sin éxito- a Uribe con los grupos paramilitares.

Sin embargo, parece cada vez más claro, e inquietante, que haya sido el llamado acuerdo de paz entre el Gobierno colombiana y las FARC alcanzado en La Habana en 2016, el que haya iniciado el deslizamiento de Colombia hacia una situación en la que la izquierda más extrema, sus insólitos compañeros de viaje y sectores institucionales en los que el narco terrorismo ha ganado influencia, se han aliado para revertir el logro histórico protagonizado por Uribe que llevó a las FARC a tener que aceptar la negociación. El problema que ahora aflora es que el Gobierno colombiano de Juan Manuel Santos y quienes le urgieron a un acuerdo de paz con las FARC, dilapidaron los esfuerzos que habían conseguido acorralar a la narcoguerrilla. El acuerdo fue rechazado por el pueblo colombiano en referéndum y el veredicto popular -mucho más certero que la política de su gobierno- fue despreciado por el presidente Santos.

Se ha llegado así a una situación incalificable en la que mientras la impunidad de verdaderos asesinos en serie, como son los dirigentes de las FARC, se considera un pilar de la paz y sus crímenes y el daño causado al país, una exigencia democrática, aquellos que en mayor medida hicieron posible el éxito contra estos terroristas, son llevados ante los tribunales con evidencias que no son tales e indicios insostenibles. Mientras el ex secretario de Agricultura con Uribe, Felipe Arias, era extraditado de Estados Unidos y recibía una condena e 17 años de prisión y varios millones de dólares de multa sobre la base de pruebas más que discutibles, la Corte Suprema ignoraba la denuncia de la DEA contra uno de los máximos dirigentes de las FARC, Jesús Santrich, por su implicación directa en el tráfico de cocaína. Santrich, de nuevo beneficiado con la impunidad, escapó a Venezuela. Ahora, mientras Uribe se encuentra bajo arresto domiciliario, un puñado de dirigentes de las FARC, ocupan con plena impunidad escaños senatoriales que les fueron asignados al margen de la elección popular por el acuerdo de paz del presidente Santos. El resultado es de una inmoralidad política abrumadora que la mayoría de los colombianos, despreciada por sus dirigentes, percibieron claramente y quisieron evitar con su pronunciamiento mayoritario en referéndum en contra de este acuerdo.

El apoyo a Álvaro Uribe que han expresado 21 expresidentes iberoamericanos, incluido el expresidente del Gobierno español, José María Aznar, insiste en esta anomalía que amenaza con convertirse en una patología mortal para el estado de derecho y la democracia colombiana. La defensa pública de Uribe que ha expresado el actual presidente, Iván Duque, debería trasladarse a un esfuerzo de regeneración política e institucional que la recuperación de la influencia del narcoterrorismo y la izquierda desestabilizadora hacen imprescindible. Se podrán decir muchas cosas de Colombia, pero, lamentablemente, lo que no puede sostenerse hoy es que la ley sea igual para todos.

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