Nuevo ejemplar de la revista trimestral de la Fundación a partir de la próxima semana Nota Editorial de 'Cuadernos FAES de Pensamiento Político 69'

15/01/2021

Pensar que las cosas cambian de un día para otro, aunque ese día sea el comienzo de un nuevo año, es un alivio psicológico, convencional y comprensible, pero no una realidad. 2020 ha sido unánimemente considerado como el “annus horribilis” global. Al parecer, no para el Gobierno español que, mediado el año pasado, por boca de su presidente declaró vencido al virus y unos meses después, a punto de terminar el ejercicio, celebró un autohomenaje por lo bien que lo había hecho, organizado con solemne conferencia de prensa en Moncloa y con el lamentable aval de académicos y politólogos escogidos como selecto cuerpo de baile para la función presidencial. Más aún, el Gobierno ha hecho de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado un logro hercúleo, convirtiendo en un acontecimiento excepcional –al que se le atribuye la eficacia de dirimir toda la legislatura– lo que en un sistema democrático estable debería ser una rutina anual, importante, pero normal. Pedro Sánchez ha continuado su estrategia de normalizar en la dirección del Estado a los partidos que lo quieren destruir, ha expresado abiertamente su propósito de indultar a los sediciosos del procés para anular el sentido de la sentencia que los condenó y ha terminado el año presentándose como adalid de la Monarquía y su modernización, ofreciéndose como bombero quien preside un Gobierno donde los pirómanos campan a sus anchas.

La satisfacción de Sánchez se puede explicar tal vez porque la pandemia, con todas sus terribles implicaciones, le ha permitido desplegar lo que tanto gusta a la izquierda: deuda pública y control social. Y no es que se ponga en cuestión ni la necesidad de utilizar recursos públicos para proteger el empleo y sostener la economía hasta que esta pueda retomar la senda de la recuperación, ni que se reniegue de medidas necesarias de restricción de la movilidad. Se trata de su utilización y de la forma en que se han impuesto; se trata de la anulación de cualquier control político efectivo, del aprovechamiento de la excepcionalidad del momento para fines que nada tenían que ver con la lucha contra la pandemia, como reformar el sistema de control de los servicios de inteligencia para dar entrada a un vicepresidente que dice coordinar el área social del Gobierno. Se trata de la ausencia de sanción política para quienes negaron la pandemia –“unos pocos casos” se dijo– y han puesto en marcha un sistema de gestión del COVID-19 sin transparencia –el fantasmal comité de expertos– y sin credibilidad. Se trata de la ocultación, aún hoy, de decenas de miles de víctimas del virus, muertos invisibles salvo para sus familias. Se trata de la arbitrariedad de atribuirse un día el mando único y descargar la responsabilidad en las comunidades autónomas cuando ha convenido: cuando ya la imagen de comandante en jefe anti-COVID había dejado de ser útil a Sánchez, cuando la saturación provocada por su exposición mediática y las nuevas oleadas no dejaban lugar para ese relato épico que se quería construir con el presidente del Gobierno de protagonista. Ahora con las vacunas, Sánchez quiere pasar de comandante en jefe a buen samaritano.

El anuncio del Banco Central Europeo confirmando que ampliará a 2021 su programa de adquisición de deuda, confirma al mismo tiempo la dependencia de nuestro país de este mecanismo de rescate blando en que se ha convertido la actuación del BCE. De nuevo en el terreno económico, el Gobierno ha disfrutado de la suspensión de las reglas que en el ámbito de la Unión Europea restringieron crudamente la acción de Gobiernos anteriores. Todavía no hay límites para el déficit, la deuda y las ayudas públicas, al menos para quien pueda darlas. Por acusados que sean estos desequilibrios, el BCE garantiza que las primas de riesgo no se resentirán y, aunque de vez en cuando aparezcan tímidos mensajes de advertencia sobre la necesidad de volver a la disciplina en las cuentas públicas, parece que queda tiempo suficiente como para que ese futuro no forme parte de las preocupaciones gubernamentales. De nuevo aquí, el problema –al menos a día de hoy– no es el ingente volumen de recursos que siguen necesitándose para evitar el colapso económico, sino la utilización de esta situación excepcional para apuntalar un discurso ideológico y el uso partidista que habla de “escudo social”, pero evita referirlos a la luz verde al endeudamiento que la Unión ha dado a sus Estados miembros. Y resulta todavía más asombroso que se presenten unos Presupuestos Generales del Estado como confirmación de la gestión gubernamental cuando apenas puede encontrarse alguien, al margen del Gobierno o sus aledaños, que avale las previsiones de estas cuentas. El hecho de que España vaya a contar con hasta 140.000 millones de euros –entre préstamos y transferencias del fondo europeo de recuperación– da idea del enorme impacto de la crisis derivada de la pandemia. Pero tampoco este formidable reto para la gestión, para la colaboración público-privada y el acuerdo territorial, y el desafío reputacional que supone para España, han merecido el mínimo esfuerzo político constructivo por parte del Gobierno, decidido a apropiarse de los fondos europeos para gestionarlos y ganar mayor control político todavía sobre una economía desarbolada.

Pero con todo, lo más eficaz para el Gobierno Frankenstein en este año –para muchos, pésimo– ha sido el avance en la normalización del engaño sin consecuencias aparentes. No es poca cosa que el año pasado terminara con la confirmación de que la dirección de Unidas Podemos, socio de Gobierno, fabricó una denuncia falsa de acoso sexual contra su propio abogado cuando este cuestionó las prácticas del partido. Y es algo más que lamentable que haya que recordar que Bildu será legal, pero no es un partido más sino el frente político activo de una ETA derrotada por el Estado de derecho; o que ERC no es un partido constructivo y moderado sino el protagonista indefectible de todos los episodios más graves de desestabilización –de la II República a la Constitución de 1978–, culminando esta trayectoria con la sedición en Cataluña que apoyó desde el principio hasta el final (llegando incluso a frustrar la intención de Puigdemont de convocar elecciones autonómicas como alternativa al referéndum y a la declaración de independencia). Habrá que seguir recordando que el indulto a los sediciosos nada resuelve, y que hablar de reconciliación con los golpistas sugiere que los que fueron víctimas de la agitación y el asalto a la legalidad tienen también que hacerse perdonar algo.

Con razón se habla del peor Gobierno en el peor momento. También cabría hablar de la peor extravagancia dentro de la más peligrosa excepcionalidad y del enorme coste que conlleva para España este cúmulo de disfuncionalidades, el desprecio a las instituciones y el desplazamiento de la política nacional hacia el radicalismo izquierdista y la asociación con el separatismo. Sin embargo, esa no es la realidad española ni ese es un camino de futuro transitable para un país que se enfrenta a la reconstrucción de su economía. El Gobierno parece cómodo embalsando los problemas, sin plantearse resolverlos en la confianza de que tendrá tiempo y habrá dinero europeo para ir desaguándolos sin sobresaltos. El optimismo oficial contrasta con las dificultades objetivas que las familias y las empresas han sufrido y van a continuar sufriendo. Esta disociación corre paralela a una fórmula de Gobierno que ignora a la España de la moderación porque se alimenta del radicalismo más periférico y estéril que ofrece el panorama político. Pedro Sánchez y sus socios pueden creer que tienen despejado su futuro. Muchísimos españoles no pueden decir lo mismo. Esa es la diferencia entre gobernar para todos y gobernar con la única preocupación de mantenerse en el poder erosionando las bases de la convivencia democrática.


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