Todos los sondeos, también los que la legislación electoral prohíbe difundir en vísperas de las consultas, auguran un amplio rechazo al proyecto de nueva Constitución de Chile elaborado por la convención elegida al efecto y que será sometido a referéndum el próximo domingo día 4.
El probable fracaso del proyecto revela su grave deficiencia. Lo que se somete a los chilenos no es una Constitución de consenso que mejore el marco de convivencia con el que Chile transitó con éxito desde la dictadura pinochetista hacia una democracia pluralista. Se trata más bien de un documento ideológico que pretende constitucionalizar el discurso de una izquierda nada moderada y que refleja el marcado sesgo radical y populista de la mayoría de los integrantes de la constituyente. Es un texto que contiene riesgos difícilmente asumibles desde una posición democrática. Riesgos para la integridad del Estado y para su condición republicana; riesgos para el equilibrio de poderes y la separación de estos; riesgos para la independencia judicial y la igualdad ante la ley bajo el pretexto del reconocimiento identitario; riesgos, en fin, para una economía abierta, para la seguridad jurídica y el Estado de derecho, factores todos ellos que han marcado el éxito de Chile.
La supresión del Senado, el reconocimiento de una justicia tribal que devuelve la administración de justicia a estadios premodernos, el cuestionamiento de las bases del modelo económico amparándose en las preocupaciones medioambientales, la desaparición de contrapesos institucionales básicos frente al poder ejecutivo no son argumentos infundados. Tanto es así que, en una insólita iniciativa, los partidos de la mayoría presidencial que apoyan el proyecto han tenido que suscribir un documento en el que aclaran la interpretación que harán del texto constitucional para aplacar los temores que produce su radicalismo izquierdista. Una iniciativa insólita que, replicando la expresión agustiniana, ‘promete la virtud, pero no ahora’, y trata de ofrecer seguridades a los sectores más moderados del electorado que estos parece que no han comprado. Esas promesas de moderación carecen de valor jurídico y no tienen el mínimo carácter vinculante. No se trata de especular con la interpretación de un mal texto sino de elaborar una norma suprema que lo deje claro. Este proyecto pone en entredicho la condición de Chile como República constitucional, amenaza la integridad del Estado y debilita sin remedio los instrumentos constitucionales que han de garantizar la vigencia del Estado de derecho.
El referéndum del día 4 es el final –provisional– de un proceso en el que las legítimas aspiraciones a encontrar un mejor marco constitucional, que saliera definitivamente de la sombra que Pinochet quiso imponer, han sido desbordadas por un afán revisionista de la izquierda radical que busca, décadas después, una ruptura retrospectiva absurda y contraproducente. Chile es una gran historia de éxito, con progreso económico y alternancia política en un periodo, recuérdese, dominado por los gobiernos de centro-izquierda de la Concertación frente a los dos únicos mandatos presidenciales de Sebastián Piñera y su alianza de centro-derecha.
Los partidos que apoyan el proyecto, y en especial el Partido Comunista, tendrán que aceptar su rechazo con verdadero espíritu democrático y voluntad de consenso. El presidente Gabriel Boric, comprometido sin reservas con el sí al proyecto constitucional, sufrirá un revés que, por otra parte, anticipan sus bajos niveles de aceptación en una situación en la que la delincuencia aumenta y la protesta mapuche en el sur del país ha traspasado ya la línea de la violencia terrorista en varios episodios.
Cualquiera que sea el resultado del referéndum, Chile va a tener una nueva Constitución. Si fracasa el proyecto, habrá que volver a empezar y eso permitirá entrar en un proceso constituyente que mejore los consensos sobre los que Chile ha vivido y que se refuercen los compromisos con los que el país tiene que afrontar los desafíos compartidos en el terreno social y político. El rechazo al proyecto de Constitución sería, así, la deseable nueva oportunidad que Chile merece y que parece que los chilenos en su mayoría desean.
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