Autocracy. Inc, de Anne Applebaum, es un brillante y esclarecedor texto sobre la multiplicación de los sistemas “iliberales”. Fue publicado antes de que el Gobierno Sánchez anunciara su intención de llevar al Parlamento la ya conocida como “Ley Begoña”. Es evidente que, si de ello hubiera tenido noticia nuestra autora, hubiera incluido la iniciativa entre aquellas que identifican las decisiones de los autócratas. Caracterizados por su intención de “socavar el sistema judicial como institución y más ampliamente al mismo Estado de derecho”.
Cuando iba a publicarse esta anotación, el Gobierno ha querido ilustrarla con una nueva muestra de su apetito colonizador y de su poca disposición a autolimitarse. La toma de control de Telefónica es una renacionalización excusada como operación de Estado.
La sublevación de octubre de 1934 fue el episodio más violento de la España del siglo XX hasta la Guerra Civil, y polarizó a las fuerzas políticas y a la opinión pública hasta el punto de prefigurar los bandos que contendieron entre 1936 y 1939. La tentativa, en su 90.º aniversario, de velar su naturaleza y sus objetivos tras los lemas propagandísticos de las izquierdas, reactualizados por las políticas de “memoria”, ha conllevado que la insurrección de 1934 se haya vuelto a divulgar como una acción exclusiva de la izquierda de clase y de ERC para salvaguardar la República de una supuesta amenaza fascista. Nada más lejos de la realidad.
La fundación FAES ya reflexionó sobre el asunto de la vivienda hace tres años en este Papeles FAES debido a la urgencia de un debate serio y riguroso sobre la estrategia de política de vivienda que España necesita teniendo en cuenta las experiencias pasadas y las soluciones aplicadas con éxito en otros países. Aquí están nuestras propuestas.
El nacionalismo catalán va perfilando el discurso que señala las causas del retroceso del uso de la lengua catalana en Cataluña. Fundamentalmente, son dos: la dependencia de Cataluña y las olas migratorias. Un discurso que encubre intereses y puede provocar un conflicto entre las dos fuerzas nacionalistas –Junts y ERC– hegemónicas. Un conflicto que quizá podría extenderse más allá de Cataluña.
Se repara poco en el acuerdo que PSOE y PNV suscribieron en noviembre del pasado año para que Sánchez pudiera contar con los cinco votos jeltzales del Congreso y poder ser investido. Y eso que está documentado, a diferencia del suscrito con Bildu-Batasuna, tan notorio en sus efectos como invisible en su literalidad: durante el proceso de paz se estrecharon tantos lazos que, desde entonces, los socialistas usan tinta simpática para convenir con los herederos políticos de ETA.
No puede derogarse el PHN, el plan más ambicioso de obra pública en mucho tiempo y luego darse aires hablando de potenciar “servicios públicos”. Es siempre el mismo error de concepto. El ideal no es sobredimensionar permanentemente el Estado alegando la urgencia de atender daños sobrevenidos; lo prudente, ahora y siempre, será anticiparse a contingencias desastrosas para evitar o atenuar sus resultados. Siempre será menos oneroso invertir en presas que indemnizar riadas. Menos oneroso no solo para las haciendas sino, sobre todo, para las vidas humanas. Son unas cuantas las lecciones que aprender y hay que tener autoridad moral para impartirlas.
Este es el momento de la responsabilidad solidaria de todos. En primer lugar, del Estado en todos sus niveles político-administrativos. Gobierno central, Comunidades Autónomas y entidades provinciales y locales deben trabajar juntos, coordinadamente, para que ningún esfuerzo, en la hora de la reconstrucción y del resarcimiento de los damnificados, se dilapide. Y también es la hora de la sociedad civil: ayudar a las víctimas de una catástrofe natural es una causa que no cede en autenticidad a ninguna otra; este es un voluntariado que engrana con lo más auténtico que enfrenta la condición humana: la consumación de una tragedia real.
La OTAN y la Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión Europea (PCSD) son, y seguirán siendo, multiplicadores de la capacidad individual de los Estados a la hora de afrontar los riesgos y amenazas actuales, pero para que el modelo de seguridad compartida sea eficaz en el entorno geopolítico actual es necesario rediseñar ambos instrumentos, reforzar los compromisos individuales y colectivos en ambas organizaciones, ser conscientes de nuestras debilidades y promover una cultura de defensa y seguridad acorde a los tiempos que estamos viviendo.
