Miguel Marín es director del Área de Economía y Políticas Públicas de la Fundación
El informe del Grupo de Expertos designados por el Gobierno para sentar las bases de la necesaria reforma fiscal en nuestro país supone un hito fundamental en el proceso que se puso en marcha en julio de 2013. Cualquier reforma económica en un país que, como España, aspira a codearse con las grandes economías del mundo debe estar precedida de un proceso de reflexión serena y de participación de la sociedad civil al objeto de maximizar la credibilidad y la durabilidad en el tiempo de las medidas introducidas. El citado informe, que el pasado jueves 13 de marzo entregaron los expertos al Gobierno, junto con las aportaciones que desde diversas instituciones se han realizado en los últimos meses sobre esta materia, representan un sustrato irrenunciable para la decisión final del Gobierno, máxime cuando, más allá de los matices propios derivados de la atalaya desde la que se elaboran esas aportaciones, existe un consenso generalizado tanto en lo que se refiere a los problemas de nuestro sistema tributario como a las soluciones requeridas.
El pasado 2 de julio de 2013, FAES hizo pública su contribución a este proceso con la presentación del informe “Una reforma fiscal para el crecimiento y el empleo”. Dado el igualmente prestigioso grupo de expertos elegido por la Fundación para elaborar este informe, no es de extrañar la coincidencia amplia tanto en los diagnósticos como en las soluciones planteadas. De modo general, los problemas de eficiencia de nuestro sistema tributario lo han convertido en una rémora para el crecimiento económico y la generación de empleo, lo que además genera un problema evidente de suficiencia que se proyecta en una deficiente recaudación a pesar de contar con tipos marginales que se encuentran a la cabeza en los ranking que compartimos con nuestros principales socios y competidores de la OCDE. La deseable equidad en el tratamiento de las diferentes fuentes de renta tampoco aprueba ningún análisis riguroso de nuestra fiscalidad.
Constatada pues esta coincidencia general, llega el momento de culminar este proceso por parte del Gobierno con una reforma de la que, podríamos decir, sólo queda por decidir la profundidad de la misma, al menos en lo referente a las grandes figuras tributarias que representan el grueso de la recaudación. La posición de FAES a este respecto es bien conocida. La mejor estructura fiscal para España es aquella que determina que los impuestos sean pocos, bajos y sencillos. En este sentido, cualquier paso que se dé hacia impuestos mucho más reducidos y hacia bases imponibles más amplias es un paso en la buena dirección. No obstante, la optimización de nuestro sistema fiscal, de su contribución al crecimiento económico y de su poder recaudatorio, requiere que la medidas introducidas sean capaces de alterar significativamente las expectativas y, con ellas, el comportamiento de las empresas y de los particulares. Sólo una reforma ambiciosa en sus planteamientos será capaz de lograrlo.
Sin embargo, la ambición de la reforma fiscal está estrechamente relacionada con la capacidad de España de perseverar en la reducción del gasto público que ya alcanza el 47% del PIB. Sólo un programa ambicioso de reducción del gasto que acompañe a la reforma de nuestros impuestos logrará hacerla creíble y que sea percibida por los agentes como permanente en el tiempo. Es cierto que la recuperación económica va a permitir mejorar el comportamiento de los ingresos tributarios, pero también lo es que la mejora en las condiciones de financiación de la economía permitirían aumentar el ritmo de reducción del déficit público sin el riesgo a una espiral contractiva como la que se temía en 2012. Los elevados niveles de deuda pública que está alcanzando hoy España se pagarán con impuestos de mañana y, por este motivo, mientras sigamos teniendo niveles elevados de déficit público que alimentan el crecimiento de la deuda, cualquier reforma fiscal podría nacer negativamente condicionada en su eficacia. Por ello corresponde ahora al Gobierno adoptar las decisiones relevantes que continúen el impulso reformista de esta legislatura. En todo caso, es positivo que la reducción de impuestos ocupe el lugar que le corresponde en la agenda política y que se haya producido un debate riguroso y responsable sobre las opciones más aconsejables para nuestro sistema tributario.
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