No es cierto que el Gobierno de Pedro Sánchez tenga un plan para luchar contra la desinformación, y ello por dos razones principales: el Ejecutivo confunde los conceptos de desinformación y de fake news, y no dice la verdad cuando afirma que su plan toma como punto de partida el Final Report of the High Level Expert Group on Fake News and Online Disinformation de la Comisión Europea, porque no cumple con ninguna de las cinco recomendaciones del grupo de expertos de la Comisión que explícitamente exige la no interferencia de las autoridades públicas en las políticas editoriales de los medios de comunicación y en la libertad de expresión. El hecho de que la Secretaría de Estado de Comunicación y el director del Gabinete del presidente del Gobierno sean los coordinadores de este plan resulta en sí mismo escandaloso. El plan, si se desarrolla como está previsto, se convertirá en el marco legal para valorar como “desinformación” cualquier noticia que contraríe al Gobierno.
Lo que sí sorprende, es que los expertos que asesoran al presidente no distingan entre conceptos tan básicos como fake news y desinformación.
Una fake news, un “bulo” en castellano castizo, es una noticia falsa, una mentira. Pero cuando hay una estrategia política detrás de una noticia falsa esta se convierte en desinformación. La desinformación es un instrumento asimétrico que se emplea en las operaciones especiales de influencia política. No es la simple divulgación de mentiras, sino la de mensajes tanto verdaderos como semiverdaderos o falsos para engañar a sus receptores.
El concepto de desinformación se lo debemos a los revolucionarios rusos, en particular a Lenin. Cuando solo unos días después de la Revolución de Octubre ordenó el cierre de la prensa “contrarrevolucionaria” (es decir, de los periódicos antibolcheviques), Lenin afirmó que “la información es un arma no muy diferente de las bombas”. Desde entonces la desinformación formó parte de las “medidas activas” del Gobierno soviético, que la definía como una acción cuyo fin es “desacreditar y debilitar a los oponentes y distorsionar su percepción de la realidad”.
Desde Lenin, la militarización de la información fue habitual en la estrategia soviética y el actual régimen ruso conserva esa tradición. Recientemente hemos vuelto a oír hablar de desinformación a propósito de la injerencia de Rusia en los procesos electorales de diferentes países europeos y de EE. UU. El carácter de esta “Guerra de Nueva Generación” lo explica muy bien Valery Gerasimov, jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, como una “estrategia de influencia, no de fuerza bruta”, porque su objetivo trascendental es “romper la coherencia interna del sistema [político, económico, militar] del enemigo, y no aniquilarle”.
Tanto la Comisión como el Parlamento Europeo, que recientemente ha creado la Comisión Especial sobre Injerencias Extranjeras en Todos los Procesos Democráticos de la Unión Europea, en particular la Desinformación (2020/2683(RSO), pretenden concienciar a la ciudadanía de la UE sobre la injerencia de países ajenos que han intentado interferir en los procesos electorales de los países de la Unión.
Todas las campañas de desinformación empiezan en casa, porque las potencias totalitarias que la impulsan pretenden explotar nuestras vulnerabilidades y dividir nuestras sociedades. Lo insólito hasta ahora ha sido que el Gobierno de un país miembro de la Unión Europea imite a los peores en la pretensión de control de los medios de comunicación y en la restricción de la libertad de expresión como medidas para reforzar sus posiciones de poder a costa del pluralismo.
