Los Presupuestos Generales para 2021 van a salir muy caros. A todos. En su tramitación, la puja de la mayoría Frankenstein lleva cosechada, al margen del gasto explosivo y el rejonazo fiscal, la siguiente renta política: tramitación de indultos a los políticos del ‘procés’, compromiso de reforma de los tipos penales que les afectan, incremento en el ritmo de acercamientos de presos etarras, blanqueamiento de sus herederos políticos, disposición a dar continuidad a la mesa de diálogo y, ahora, la aceptación de una enmienda a la nueva Ley de Educación que, en la práctica, desterrará el español del sistema educativo catalán.
Como es sabido, una enmienda transaccional pactada por PSOE, Podemos y ERC ha eliminado la referencia al castellano como lengua vehicular en la educación y oficial en España, en el proyecto de la nueva LOMLOE. En su redacción original se decía que “las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable”. La voracidad de Frankenstein ha engullido la referencia final y la del castellano como “lengua oficial del Estado” en la tramitación del Proyecto.
Aprobada la enmienda transaccional en los términos expuestos, el Proyecto de Ley deja de respetar el «deber de conocer» y el «derecho a usar» el castellano consagrados en el artículo 3 de la Constitución.
En su día, la Sentencia del Tribunal Constitucional, TC 337/1994, avaló el modelo de “conjunción lingüística” en el que los poderes públicos competentes pueden determinar la proporción en la que son empleadas como vehiculares las dos lenguas oficiales en los territorios en los que, además del castellano, exista otra lengua cooficial. Y se establecía la cautela de que el castellano no podía ser excluido como lengua vehicular o docente.
Cuando en la redacción del Estatut se planteó que la lengua catalana fuera, en exclusiva, vehicular en la enseñanza, la Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional dejó claro que en ningún caso eso podía suponer que el castellano dejara de serlo, precisamente atendiendo a lo dispuesto en el artículo 3 CE.
El despropósito no sólo degrada al castellano como lengua común, lo que ya de por sí es de una gravedad extrema, sino que ignora, de nuevo, la realidad lingüística en Cataluña, arrastrado por la obsesión hegemónica e impositiva del nacionalismo. Según los datos de IDESCAT (la agencia oficial de estadística de Cataluña) referidos a 2018, el catalán es utilizado como lengua habitual por el 36,1% de los ciudadanos, el castellano lo utiliza como lengua habitual el 48,6%, mientras que un 7,4% utiliza ambas lenguas indistintamente. Esa es la realidad que constituye una concluyente expresión de pluralismo que tiene que ser respetado y defendido, aunque –precisamente por representar pluralismo– al nacionalismo le resulte frustrante e inaceptable. Por eso se ha llegado hasta aquí por la vía de los hechos consumados. Como igual despropósito es el incumplimiento flagrante del umbral de 25% de horas electivas en castellano que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estableció en 2014.
A partir de la concepción nacionalista y excluyente de la lengua entendida como barrera y marcador identitario, esta utilización separadora del idioma se extiende más allá del ámbito educativo manipulando el requisito lingüístico para levantar murallas invisibles, pero reales, entre comunidades autónomas y ciudadanos españoles.
Es disparatado que con la excusa del fomento de las lenguas propias se activen políticas proteccionistas frente a nacionales tratados como extranjeros. Políticas que dificultan que un médico murciano vaya a trabajar a la sanidad pública de Cataluña o del País Vasco, pero que también obstaculizan que una médica vasca vaya a trabajar a Barcelona. Y viceversa. Políticas que perjudican a todos y reducen las oportunidades de todos.
Persiste esa obsesión nacionalista de tratar a quienes no lo son como “alemanes en Mallorca”: la versión edulcorada de lo que en realidad quiere decir que se insiste en tratar como extranjeros en su propia tierra a quien no se pliega. Pero en nuestro país contamos con una lengua común, cultivada y desarrollada en todas las Comunidades, que todos tienen el deber de conocer y el derecho a usar.
Deberíamos aclararle algo al nacionalismo: los titulares de derechos no son las lenguas sino sus hablantes, y estos no tienen raíces que les sujeten a los territorios sino pies que les permiten trasladarse de uno a otro. Todas las lenguas oficiales son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional, pero solo una es común a todos los españoles y puede exigirse su uso a cualquiera de ellos. Las lenguas cooficiales deben figurar en los planes de estudio de sus respectivas comunidades en diversos grados de oferta, pero nunca como lengua vehicular exclusiva.
Estos pretendidos arquitectos de la construcción nacional (y los que se ofrecen como albañiles) no viven en el mundo en el que el castellano es hablado por más de quinientos millones de personas. Esa realidad se impone al absurdo arbitrismo de los que pretenden desalojar al castellano de Cataluña y que, lejos de albergar ningún verdadero propósito de convivencia lingüística, aspiran a un estricto –e imposible– monolingüismo. La realidad, la Constitución y los derechos de todos los españoles, empezando por el derecho a la igualdad ante la ley, tienen que ser respetados. Sin condiciones y sin transacciones que no lo son.
