La juez Servini, la investigación por “genocidio” referida a la Transición, la declaración a la que ha sido citado Rodolfo Martín Villa, el curso dado por la actual Fiscal General del Estado a la extravagante actuación de la magistrada argentina, no solo forman un episodio incomprensible de surrealismo jurídico, sino que constituyen una infamia que no se debía haber tolerado, y mucho menos amparado por las propias autoridades gubernamentales españolas.
No valen las pedestres alusiones a la “justicia universal” que, con episodios como este, muestra el riesgo de quedar como un instrumento en manos de oportunistas sectarios. De lo que se trataba con el injusto señalamiento de Martín Villa era abrir brecha –otra más– en el descrédito de la Transición y del pacto constitucional, en el compromiso de convivencia que aunó a la inmensa mayoría de los españoles en la determinación compartida de no verse nunca más como enemigos. La plasmación de este esfuerzo de reconciliación en la Ley de Amnistía ha querido ser presentada como una ley de punto final que en vez de materializar ese “echar al olvido” las sangrientas querellas que habían atenazado a las generaciones anteriores de españoles, se pretende manipular por la izquierda guerracivilista como un acto de impunidad en favor del franquismo.
Quienes pensaron que forzando a Rodolfo Martín Villa a ese paseíllo a distancia para prestar declaración ante la provecta juez Servini destruían al personaje, habrán visto hasta qué punto esa historia que quieren contar es falsa. Rodolfo Martín Villa ejerció una responsabilidad clave en la recuperación de las libertades. El escrito firmado por los expresidentes del Gobierno es bien elocuente y contradice de lleno a los nostálgicos de la ruptura, perpetuadores –afortunadamente minoritarios– de la peor tradición española a la que pone fin precisamente el pacto constitucional de 1978.
Que se hable de genocidio implicando a un hombre empeñado en la convivencia pacífica y democrática entre los españoles, mientras una y otra vez se pide mirar a otra parte cuando se trata de los responsables materiales y políticos de cuatro décadas de terrorismo, 853 asesinatos, miles de heridos y cientos de miles de ciudadanos desplazados por la fuerza de la amenaza y la persecución, resulta de una inmoralidad abrumadora. Más aún si ese grupo de asesinos reciben desde una parte del propio Gobierno la calificación de “presos políticos” y de ellos se elogia precisamente su empeño –criminal– en hacer fracasar la Transición y el propio sistema democrático.
Esta farsa ya ha ido demasiado lejos, con el beneplácito de la Fiscal General y el silencio lamentable y revelador del Gobierno y su presidente, de quien no se ha escuchado una palabra de reconocimiento hacia un político, Rodolfo Martín Villa, cuya larga trayectoria al servicio de la convivencia le hace acreedor del más profundo y agradecido reconocimiento.
