El cambio climático es uno de los mayores retos colectivos de este siglo. Sus implicaciones son visibles en todas las economías del mundo y cada vez disponemos de más información sobre su impacto en las perspectivas de desarrollo a escala global. Para poner freno a este desafío, la comunidad internacional ha asumido el compromiso de limitar el aumento de la temperatura global en este siglo a 2ºC en comparación con los niveles preindustriales y alcanzar la neutralidad climática para mediados de siglo[1]. Una ambición que en la Unión Europea ha sido recogida en el Pacto Verde Europeo y elevada a rango de ley con la Ley Europea del Clima.
El sector de la construcción y las infraestructuras, que tiene un indudable valor estratégico para cualquier país tanto desde el punto de vista económico como social, no es ajeno a esta realidad y también transita la senda de la descarbonización y la sostenibilidad. No en vano, es responsable del 21% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y del 34% de la demanda de energía[2]. A su vez, se trata de una transformación necesaria derivada directamente del Objetivo del Desarrollo Sostenible número 9, que persigue garantizar la construcción de infraestructuras sostenibles para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano.
La transformación sostenible de la construcción y las infraestructuras, que afecta a toda la cadena de valor sectorial, desde el suministro de materias primas y el transporte hasta los procesos de construcción y desmantelamiento de obras, está motivada por otros dos elementos adicionales: el imparable crecimiento de las ciudades, que para mediados de siglo acogerán al 70% de la población mundial[3], y su elevado impacto medioambiental, pues son responsables del 75% de las emisiones mundiales de carbono[4]. Dos tendencias que imponen la necesidad de redoblar el esfuerzo inversor en la construcción de nuevas infraestructuras y el reacondicionamiento de las ya existentes, de modo que sean cada vez más eficientes, productivas, medioambientalmente respetuosas y resilientes frente a eventos climáticos extremos, sin descuidar los estándares de calidad y rendimiento. Y ello, con el objetivo de satisfacer la demanda creciente de servicios públicos básicos de calidad como los relacionados con el agua, el saneamiento, la movilidad o el suministro energético.
Ni que decir tiene que la colaboración entre el sector público y los agentes privados resulta fundamental para que esas inversiones, muy sustanciosas (la OCDE estima necesidades de inversión en infraestructuras sostenibles de casi 7 billones de euros al año de aquí a 2030[5]), se pongan en marcha y lleguen a buen puerto. Un marco regulatorio e institucional estable y predecible también es condición necesaria para movilizar esos recursos.
La optimización del uso de los recursos, el empleo de fuentes de energía renovables y nuevos materiales de construcción alternativos y bajos en carbono, y la gestión eficiente de los residuos, priorizando el reciclaje y la valorización, se encuentran en el centro de la transformación sostenible de la construcción y las infraestructuras. Un proceso que, a su vez, tiene un soporte clave en las nuevas herramientas digitales, como la tecnología BIM (Building Information Modeling) o los gemelos digitales, que están impulsando la aparición de nuevos modelos constructivos más sostenibles, que permiten ganancias de eficiencia en los procesos de gestión y operación y en el uso de los recursos, así como mejoras en la calidad, la seguridad y la resiliencia de las construcciones e infraestructuras. El potencial de la digitalización en términos de ahorro de costes también es significativo: podría suponer ahorros de hasta el 20% en proyectos de edificación e infraestructuras[6].
Adicionalmente, la transformación sostenible del universo de la construcción y las infraestructuras debe ir más allá de lo meramente medioambiental e integrar también la dimensión social, de tal manera que las infraestructuras no sólo deben ser más resilientes y respetuosas medioambientalmente, sino que además deben aportar, a lo largo de toda su vida útil, desde su concepción hasta su desmantelamiento, al mejor desarrollo y progreso económico y social de las regiones en que se localizan, permitiendo la creación de oportunidades y empleo, contribuyendo a la reducción de las desigualdades y el desarrollo inclusivo, y ofreciendo mayores posibilidades de bienestar a la población.
En fin, conviene tener en cuenta el contexto económico y geopolítico en el que se desempeñan las empresas del sector de la construcción y las infraestructuras, que deben ser capaces de abordar para el éxito de su transformación sostenible. Un contexto que durante los últimos años ha estado marcado por una sucesión de crisis interconectadas (“policrisis”, tal como lo llama el Foro Económico Mundial), el encarecimiento y las dificultades de suministro de materias primas e insumos clave de la construcción, la inflación de precios energéticos y la irrupción de la competencia geopolítica en la economía global. Una escena que, en el caso específico de España, está salpimentada por un contexto de estrecheces presupuestarias y un enfrentamiento político crónico que explica, en buena medida, el déficit de inversión pública en infraestructuras acumulado desde el estallido de la crisis financiera internacional en el año 2007[7].
[1] Este objetivo quedó establecido en el denominado Acuerdo de París, un tratado internacional jurídicamente vinculante adoptado por las 196 Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en la COP21 celebrada en París en diciembre de 2015.
[2] Global Status Report for Buildings and Construction: Beyond foundations: Mainstreaming sustainable solutions to cut emissions from the buildings sector, Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas (2024).
[3] Informe Mundial de las Ciudades 2022, Naciones Unidas (2022).
[4] “Las ciudades y la contaminación contribuyen al cambio climático”, Naciones Unidas (2020).
[5] Infrastructure for a Climate-Resilient Future, OCDE (2024).
[6] Plan BIM en la contratación pública, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (2023).
[7] Véase, para un análisis más detallado sobre este asunto, el análisis elaborado por el Grupo de Análisis FAES “El deterioro de las infraestructuras en España: ¿mito o realidad?”.
