España tiene una oportunidad histórica en la transición energética. Tenemos mejores condiciones que ningún otro país de Europa para proveer de electricidad abundante, estable y barata a nuestros hogares y a nuestras empresas. Eso nos haría más competitivos y más atractivos. Nos permitiría aprovechar plenamente la nueva industrialización y la revolución digital. Generaríamos más y mejores empleos que pagarían más y mejores servicios públicos, más y mejores pensiones. En definitiva, haríamos más sostenible nuestro bienestar futuro. Pero esto no basta con desearlo.
Se requiere una acción política decidida para eliminar los cuellos de botella que nos alejan de esta oportunidad. Y uno de ellos, uno de los principales, son las redes eléctricas. ¿Para qué queremos aumentar la generación renovable si no dejamos que se conecten, que se electrifiquen las industrias, los centros de datos, los puntos de carga de los vehículos eléctricos?
La oferta y la demanda de electricidad tienen que ir acompasadas y eso requiere que las redes eléctricas se expandan, se modernicen y se hagan inteligentes. Tenemos que transformar nuestro modelo de planificación de redes que es lento, que es limitativo y que es inflexible, justo lo contrario de lo que necesitamos en los tiempos actuales. Tenemos que generar los incentivos financieros para que las empresas acometan las inversiones necesarias, al menos en las mismas condiciones que en el caso de nuestros competidores.
La mayoría de los países ya se ha puesto en marcha y a nosotros, los mejor dotados este tren nos empieza a pasar por delante.
