En la última década, el sistema financiero global ha sentido la necesidad de incorporar los temas relacionados con el cambio climático en la gestión del negocio. Bajo el paraguas de los compromisos Net-Zero, las instituciones financieras han redefinido su papel como catalizadores de la transición energética. Sin embargo, mientras el carbono ha capturado la atención normativa y mediática, otra crisis ambiental se ha intensificado en silencio: la pérdida de biodiversidad.
De acuerdo con la última edición del Informe Planeta Vivo-WWF, el tamaño de las poblaciones de más de 5000 especies de mamíferos, aves, peces y anfibios se ha reducido un 73% entre 1970 y 2020, y la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES, 2019) estima que cerca de un millón de especies estarán en peligro de extinción en las próximas décadas. Pese a que esta degradación ecológica amenaza directamente la base material de la economía, su integración en las decisiones financieras sigue siendo marginal.
La biodiversidad –entendida como la variedad de formas de vida y sus interacciones ecológicas– no solo es un patrimonio natural. Es también un activo económico esencial. Más del 50 % del PIB mundial depende, en algún grado, de los servicios ecosistémicos que proveen los sistemas naturales, según estimaciones del World Economic Forum (2020). Desde la polinización hasta la regulación del ciclo hídrico, pasando por la estabilidad climática, la naturaleza sustenta actividades como la agricultura, la pesca, el turismo y la industria química. Asimismo, un reciente estudio de Finance for Biodiversity Foundation (2024), basado en un enfoque colaborativo de huella ecológica sobre más de 2300 empresas globales, identifica a los sectores de alimentación, energía fósil y química como los de mayor impacto y dependencia de los servicios ecosistémicos. Esta dependencia, sin embargo, no es homogénea y afecta de manera desigual a diferentes sectores productivos.
La pérdida de biodiversidad no es solo un riesgo ambiental, sino económico y financiero. Según el Banco Central Europeo (BCE; Elderson, 2024), el 72% de las empresas no financieras de la zona euro –unas 4,2 millones– podrían sufrir impactos significativos ante la degradación de los ecosistemas y su integración con el sistema financiero se traduce en un riesgo sistémico, ya que el 75% de los préstamos bancarios están vinculados a estas empresas, lo que implica que la pérdida de biodiversidad puede comprometer la estabilidad financiera (Ceglar et al., 2024). Por lo tanto, esta interconexión entre ecología y economía sugiere que la gestión del capital natural debe integrarse en la gestión de riesgos financieros tradicionales.
El caso de España resulta paradigmático. El país cuenta con una de las redes de espacios protegidos más extensas de Europa y sectores clave como el turismo, la agricultura y la gestión del agua dependen directamente de la salud de los ecosistemas, lo que evidencia la especial vulnerabilidad del sector financiero español ante la pérdida de biodiversidad. En concreto, el análisis sectorial del BCE subraya que los servicios ecosistémicos relacionados con el agua –provisión, calidad y protección frente a inundaciones– constituyen el principal canal de transmisión de riesgos sistémicos en el sur de Europa y en regiones con intensa actividad industrial. La escasez y la contaminación del agua no solo afectan a la productividad y la competitividad, sino que pueden desencadenar efectos en cascada sobre la cadena de suministro, la solvencia empresarial y, en última instancia, la estabilidad del sistema financiero. Según las estimaciones del BCE, en escenarios de sequía severa, hasta un 15 % del PIB de la eurozona podría estar en riesgo, con más de 1,3 billones de euros en préstamos bancarios expuestos a sectores vulnerables por escasez y calidad del agua.
Sin embargo, a diferencia del carbono como símbolo de lo que representa el cambio climático, la biodiversidad no cuenta con una métrica única, ni con un mercado global que facilite su internalización. La imposibilidad de centrar el debate alrededor de un objetivo único o de una métrica aceptada globalmente ha dificultado su incorporación en marcos de análisis de riesgo.
Mientras los bancos centrales y reguladores han avanzado en pruebas de estrés climático, el riesgo asociado a la degradación de ecosistemas se mantiene en un margen del análisis, entre otras razones porque su manifestación es localizada, multidimensional y compleja; pero también porque las herramientas técnicas para capturarlo aún están en construcción. Por estas mismas razones, en una buena parte de entidades financieras, la pérdida de servicios ecosistémicos no se incorpora todavía de forma explícita en los modelos de riesgo crediticio ni existen todavía incentivos regulatorios claros que promuevan la financiación de la restauración ecológica o la protección de hábitats.
Aunque los bancos centrales y supervisores no son responsables de la política ambiental, el BCE ya ha asumido el compromiso de considerar los riesgos derivados de la pérdida de biodiversidad en sus análisis de estabilidad de precios y financiera, y está impulsando el desarrollo de herramientas, modelos y escenarios integrados que permitan una gestión más eficaz de estos riesgos. De hecho, comienzan a surgir iniciativas y propuestas metodológicas que permiten traducir la degradación ecológica en riesgos financieros tangibles, como el enfoque Nature Value at Risk (NVaR) desarrollado por el BCE, la Universidad de Oxford y la LSE, que integra peligros ambientales, exposición económica y vulnerabilidad sectorial para proporcionar una métrica financiera concreta del riesgo asociado a la pérdida de servicios ecosistémicos.
De manera análoga, la Red para la Ecologización del Sistema Financiero (NGFS, 2024) desarrolló un marco conceptual para evaluar los riesgos ligados con la naturaleza que se ha convertido en una referencia clave en la supervisión financiera internacional, y la OCDE (2025), basándose en marcos existentes, ofrece una guía para abordar los riesgos relacionados con el agua y explora la importancia de estos riesgos para los bancos centrales, la industria financiera y los responsables políticos dentro de una agenda que se extiende más allá del clima y las finanzas. El interés de grandes instituciones financieras junto con el apoyo del BCE revela un cambio incipiente en la percepción del capital natural en los modelos de gestión de riesgos y en la supervisión financiera.
La Task Force on Nature-related Financial Disclosures (TNFD, 2023), lanzada en 2021 e inspirada en la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), propone un marco para que las organizaciones evalúen y divulguen sus dependencias e impactos sobre la naturaleza. Con este enfoque se pretende facilitar que los riesgos relacionados con la biodiversidad se reporten con la misma profundidad que los riesgos financieros asociados al cambio climático. Una propuesta que emerge con fuerza justo en un momento en el que el proceso de simplificación de información no financiera planteado por la Comisión Europea para impulsar la competitividad de las empresas puede afectar a la cantidad de indicadores medioambientales, lo que puede poner en peligro una adecuada gestión del riesgo medioambiental.
En paralelo, empiezan a emerger instrumentos financieros orientados a este fin. Un nuevo informe elaborado por el World Economic Forum junto a McKinsey & Company (2025) identifica diez modelos prioritarios de financiación capaces de movilizar capital hacia la protección y restauración de la naturaleza, generando tanto rendimientos financieros como impacto positivo. Entre estos modelos se incluyen préstamos vinculados a la sostenibilidad y la fijación interna de precios de la naturaleza, que buscan alinear los intereses económicos con los objetivos globales de biodiversidad y la transición hacia una economía positiva para la naturaleza.
En concreto, en Francia se han comenzado a incorporar indicadores de huella ecológica en ciertos fondos sostenibles; en 2023, Ørsted se convirtió en la primera empresa energética del mundo en emitir un bono azul. En América Latina, Colombia, Ecuador o Barbados exploran el canje de deuda por naturaleza, con mejores condiciones financieras, a cambio de compromisos de conservación o restauración. Estas iniciativas, aunque todavía marginales, anticipan una arquitectura financiera donde la naturaleza deje de ser una “externalidad invisible” para convertirse en un activo que, bien gestionado, mitiga el riesgo y captura multitud de oportunidades.
Lo que está en juego no es un tema marginal. Si el sistema financiero continúa ignorando la pérdida de biodiversidad, corre el riesgo de financiar una economía que socava las bases ecológicas de su propia existencia. Por el contrario, si actúa con visión y responsabilidad, puede desempeñar un papel clave en la construcción de una economía más resiliente, justa y regenerativa. La biodiversidad no puede seguir siendo un actor secundario en el relato de la sostenibilidad. Integrarla en el corazón del sistema financiero no es solo una cuestión de ética ambiental, sino de racionalidad económica, porque, como señala el Informe Dasgupta (2021), “nuestras economías están incrustadas en la naturaleza, no al revés”. El sector financiero tiene la oportunidad –y la responsabilidad– de asegurar que esa verdad deje de ser una consigna y se convierta en una cuestión de lógica empresarial.
En definitiva, como indica Sabine Mauderer (2025), subgobernadora del Deutsche Bundesbank, “no puede haber una economía sana sin un planeta sano”. La estabilidad financiera necesita de la naturaleza para sobrevivir, y la naturaleza necesita financiación para regenerarse. El reto para el sistema financiero es, por tanto, evolucionar hacia una gestión que reconozca y valore el capital natural como un activo esencial para la resiliencia y la prosperidad a largo plazo.
Referencias
Ceglar, A. et al. (2024). Economic and financial impacts of nature degradation and biodiversity loss. Economic Bulletin, Issue 6, 2024.
Dasgupta, P. (2021). The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review. HM Treasury, UK.
Elderson, F. (2024). 16th meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity – Finance and Biodiversity Day. Banco Central Europeo.
Finance for Biodiversity Foundation (2024). Assessment of the biodiversity impacts and dependencies of globally listed companies. A collaborative multi-tool foot printing approach.
IPBES (2019). Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services. Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services.
IUCN (2021). Nature-Positive Pathways for Finance. International Union for Conservation of Nature.
Mauderer, Sabine (2025). Protecting nature, protecting our economies. ECB-NGFS workshop on “Vanishing Nature, Rising Risk: a Central Banking and Supervisory Lens on Ecosystem Degradation”
NGFS (2024). Conceptual framework to evaluate nature-related risks. Network for Greening the Financial System.
OCDE (2025). Embedding Water-related Risks in Financial Stability Frameworks. OECD Studies on Water.
TNFD (2023). Recommendations for Nature-Related Disclosures. Taskforce on Nature-related Financial Disclosures.
World Economic Forum (2020). Nature Risk Rising: Why the Crisis Engulfing Nature Matters for Business and the Economy.
World Economic Forum & McKinsey & Company (2025). Finance Solutions for Nature: Pathways to Returns and Outcomes.
