2026 será un año político que viviremos peligrosamente. Año de citas electorales autonómicas tras el prólogo extremeño, mientras el sanchismo apura alianzas claudicantes, esperando garantizarse así la nuda propiedad de un poder que usufructúan otros.
La tendencia demoscópica parece clara y augura un derrumbe socialista incluso en sus feudos tradicionales. También parece claro que Sánchez descuenta el golpe y se apresta a volver a sacrificar peones autonómicos con tal de estrechar vínculos con sus socios, es decir, con sus cómplices en una escapada que va para ocho años y está llevando a umbrales críticos la salud institucional del Estado, la cohesión nacional y la calidad de nuestra convivencia democrática. Sánchez sigue pensando en perder ahora para ganar después y que su alternativa vuelva a cosechar una victoria estéril. Por eso lo único que parece preocuparle, de momento, es remendar la red de seguridad que amortigua sus caídas.
Vox, por su parte, sigue haciendo todo lo que puede para que el miedo a la “ultraderecha” sea funcional al sanchismo; presume de ser su enterrador y, de hecho, opera como su salvavidas. Esta vez, con todo, parece que el miedo al coco se quedará corto y, por otro lado, al separatismo ya no se le aplaca, para reclutarle, con promesas o concesiones que no incluyan cuestiones decisivas, de rango constitucional y existencial para la nación española. Sánchez se lo jugará todo, en breve, a una carta, su última carta.
Necesita el combustible más inflamable, busca la confrontación más decisiva para que un electorado renuente olvide episodios penosos y pueda ser galvanizado hasta cierto punto, el estrictamente necesario para seguir confluyendo con separatistas y extremistas, el auténtico “ejército de reserva” de un PSOE jibarizado. En definitiva, Sánchez cuenta con generar una crisis constitucional de calado como baza electoral. Y como eso también lo saben los separatistas, no perderán la oportunidad de jugar a la grande; muchas pueden ser las fórmulas de articular la consumación de un desastre histórico que clausure el ciclo abierto en 1978: del reconocimiento nacional que fragmente la soberanía a la implosión fiscal del Estado, mediante reformas estatutarias o declaraciones del bloque de ruptura en el Congreso, o mediante compromisos de transformación del modelo territorial que hagan de las próximas elecciones generales unos comicios materialmente constituyentes.
Esta tensión de fondo, que suele escapar al radar de la opinión pública, es el auténtico hilo rojo que recorre la urdimbre de las últimas legislaturas y empezó a tejerse hace un par de décadas, cuando el PSOE dejó de ser un pilar constitucional para cerrar un pacto fáustico con el nacionalismo, enajenando su alma nacional a cambio de perpetuarse en el poder. Abundan ilustraciones con que ejemplificar esta tesis, pero bastará recordar un episodio, sucedido hace apenas unos días, y referido al cómplice más incondicional, mejor recompensado y, hasta ahora, más circunspecto del sanchismo: el posterrorismo bildutarra.
El pasado mes de septiembre Sortu celebraba el Gudari Eguna (día del ‘soldado vasco’) en Pamplona. Una vez concluido el homenaje a Txiki y Otaegi, terroristas fusilados en los estertores del franquismo, tomó la palabra Arkaitz Rodríguez, secretario general de la formación, para decir que “es hora de desatar el nudo que quedó fuertemente atado en el camino hacia la independencia del País Vasco”. A grandes rasgos, allí vino a decirse que ese nudo lo piensan deshacer cortándolo, usando como espada las circunstancias políticas y procesales del sanchismo, en las que los legatarios de ETA ven “una ventana de oportunidad”. No debe extrañar que albergue tal expectativa una formación blanqueada hasta el punto de ser recibida con honores en Moncloa, e incorporada a grandes pactos de Estado, incluso en materias de Defensa. En los últimos años, mientras con una mano el Gobierno regalaba a Bildu protagonismo político en el impulso de iniciativas de ámbito nacional –la política de vivienda–, con la otra iba consumando silenciosamente la impunidad de tantos presos etarras que, sin necesidad de arrepentimiento ni colaboración con la justicia, se han visto acercados y anticipada su progresión de grado, hasta vaciarse las cárceles y poblado las calles del País Vasco de asesinos sin remordimientos: homenajeados, para mayor escarnio, por el mérito de no tenerlos. A esta clase de socios les queda corta la alcaldía de Pamplona, lo que ahora está en su diana es la monarquía y el “reconocimiento de las naciones sin Estado”. Por eso, ya tienen documentado y aprobado un “proceso soberanista de carácter gradual” para avanzar en la construcción de la “República Confederal de Euskal Herria”. Acarician, además, una alta probabilidad de gobernar, en breve, la Comunidad Autónoma Vasca.
Esa estrategia fue colocada por Otegi en primerísimo plano cuando estalló el ‘caso Cerdán’. No por casualidad: desde entonces se han multiplicado las declaraciones sobre que “ya no vale” lo de “frenar a la derecha” para seguir apoyando a Pedro Sánchez. Desde entonces, Otegi ha querido erigirse en referente máximo del “bloque de investidura” subiendo la puja que lo mantiene cohesionado; partiendo de la premisa de que “la corrupción es inherente al Estado español”, se hace inaplazable el reconocimiento definitivo de la “plurinacionalidad” de tal Estado, antes de seguir hablando de otras cosas. Y, para visibilizar ese compromiso, Otegi ha iniciado una ronda de contactos que culminaron el pasado diciembre con su visita al prófugo de Waterloo.
Quienes todavía insisten en fantasear con una “derecha regionalista” razonable no perderán el tiempo repasando las conclusiones de ese encuentro, en que Otegi y Puigdemont compartieron “la necesidad de la colaboración entre ambas naciones ante la complejidad del escenario actual”. Bildu y Junts quedan comprometidos “a seguir trabajando” en pro de una amalgamaque ya se había hecho visible tres semanas antes en Bilbao, en una manifestación “contra el fascismo” a la que acudieron representantes de ERC, la CUP, Junts, BNG, Podemos y alguno de los partidos integrados en Sumar. Al término de la manifestación, se llamaba a todos a “romper las reglas trucadas del franquismo”, ofreciéndose para frenar el “autoritarismo” en “términos institucionales, políticos y movilizadores”. Desde entonces, el señalamiento al rival político ha ido acentuándose y registrando un tono de violencia creciente. Ahí se enmarca, por ejemplo, el ataque de Ernai, las juventudes de EH Bildu, a la sede del Partido Popular en Bilbao, cínicamente exhibido por esa organización como acto de propaganda para convocar otra manifestación por la independencia, también en Bilbao, que terminó con la quema de banderas de España.
Como dijimos más arriba, lo anterior es solo un botón de muestra. Este y otros episodios han sido y serán relativizados al tiempo que se bombardea a la opinión pública con cifras de crecimiento económico (mientras se estrecha la alianza con quienes abogan por el “decrecimiento”); con relatos idílicos sobre la “pacificación” de Cataluña (mientras crece allí el secesionismo de ultraizquierda y de ultraderecha y el PSC reivindica no ser el PSOE); con soflamas antitrumpistas (mientras alegan no haber reconocido el pucherazo de Maduro los mismos que propiciaron, inmediatamente después, el exilio inducido del presidente electo)…
Lo venimos advirtiendo desde estas páginas y lo seguiremos haciendo: la fase terminal del sanchismo será la más peligrosa. Porque la última carta de Sánchez no será un comodín ni un as en la manga, el tipo de recurso táctico con que suele especularse. Será algo distinto, más corrosivo, ideado para exasperar la confrontación y llevarla a un punto de ruptura, como fórmula de supervivencia política. El tipo de carta con que nunca debe jugarse en democracia, porque con ella no se gana ninguna partida; solo se rompe la baraja.
