La suspensión de unas jornadas sobre la Guerra Civil que iban a celebrarse estos días en Sevilla ha sido atribuida, por sus mismos organizadores –Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra– a una “campaña intolerable de presiones que desde el partido Podemos y medios afines se ha estado ejerciendo sobre algunos de los participantes». El anunciado concurso del presidente Aznar ha querido presentarse como justificación del boicot por aquellos que entienden el intercambio libre de opiniones como provocación intolerable.
Lo cierto es que, en la España de hoy, el sectarismo tronado que revienta espacios de diálogo es fruto de una cosecha sembrada a conciencia. Su origen se remonta al momento en que una izquierda hasta entonces “institucional” decidió impugnar la Transición y, como primera providencia, se puso a dinamitar el principio de que la verdad histórica no se legisla, decretando una Historia Oficial que arrojar al adversario. Se quiso sustituir el trabajo de los historiadores confundiendo Parlamento y Comunidad académica, para que la política reescribiese la historia; cuando su verdadero cometido consiste en garantizar que los historiadores debatan con libertad la interpretación y el alcance de los hechos que estudian.
Nada más nocivo para la concordia que el intento de volver a 1936 para rescatar con fines partidistas nuestro último naufragio colectivo, como si durante noventa años el frente se hubiese congelado y hoy pudiera presentarse a competidores democráticos como herederos directos de los bandos en guerra.
Siendo la ucronía tan notoria, la izquierda ha querido justificar su política memorial apelando a una necesidad de justicia reparadora. Pero lo cierto es que mucho antes de 2007 –fecha de la primera ley de memoria histórica– ya se habían reparado muchas cosas. Para empezar, la reconciliación nacional era un hecho, consagrado jurídicamente en la Ley de Amnistía de 1977 y traducido política e históricamente en una Transición que culminó en una Constitución de consenso.
Para continuar, el reconocimiento moral y la reparación material del bando vencido estaban más que aceptados. Desde luego lo estaban por un Partido Popular que con mayoría absoluta aprobó en el Congreso de los Diputados –por unanimidad– la Declaración del 20 de noviembre de 2002, condenando la represión de la Dictadura y pidiendo reconocer los derechos de los exiliados. En 2002 el Congreso instaba a que cualquier iniciativa de las familias de los afectados recibiese el apoyo de las instituciones, “evitando que sirva para reavivar viejas heridas o remover el rescoldo de la confrontación civil”. Antes, en 1998, el primer Gobierno Aznar ya había promulgado la Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del período 1936-1939.
Mientras en la calle se celebraba la mayoría absoluta del año 2000, Aznar dijo esa misma noche, en su despacho de Génova, que aquel día “la guerra había dejado de ser un argumento político”. La afirmación no fue, por desgracia, un vaticinio cumplido, pero sí era una aspiración profesada.
Todos estos extremos –reconocimiento moral y reparación material anteriores a la promulgación de la primera ley de memoria– fueron explícitamente admitidos por un Gobierno socialista que, en 2006, aprobaba un informe sobre la situación de las víctimas de la guerra y el franquismo. En él se recogía que la democracia española había dedicado, desde el comienzo de la Transición hasta 2005, un total 16.356 millones de euros a resarcir los efectos económicos más adversos de la Guerra Civil en el sector republicano, mediante pensiones o indemnizaciones que habían alcanzado a un total de 574.000 personas. De esa cantidad, 391 millones corresponden a indemnizaciones por tiempo de prisión y 15.965 a pensiones, entre las que no se incluyen las correspondientes a funcionarios públicos civiles, que fueron restituidos en sus derechos activos y pasivos por el decreto ley de julio de 1976 y que se integraron en el régimen general de clases pasivas. Además, habría que sumar 5,1 millones de euros abonados en concepto de cuotas a la Tesorería General de la Seguridad Social por los periodos transcurridos en prisión. El número de beneficiarios de las pensiones –que llegaron a representar el 25 por ciento del total de clases pasivas– había ido disminuyendo progresivamente, por la consolidación del sistema de ayudas y por la edad del colectivo afectado, que en enero de 2006 se había reducido a 95.943 personas, distribuidas en: 22.397 causantes directos, con una pensión media mensual de 707,55 euros; y 73.546 familiares, con un importe medio mensual de 398,40 euros.
La guerra no se olvidó. Tampoco se olvidó a sus víctimas. Lo que desde la Transición se quiso “echar al olvido” –en expresión de Santos Juliá– fueron los motivos de agravio que pudieran servir para “actualizar” odios y rencores entre españoles. Nadie opuso impedimento alguno –no cabe– para que los descendientes y familiares de los asesinados en los dos bandos durante la guerra y en los primeros años de la dictadura recuperasen los restos de sus familiares. Ni para que, en esa tarea, pudieran contar con el apoyo económico del Estado. Lo que ocurre es que quienes impulsaron las nuevas políticas de memoria, no trataban, en el fondo, de reparar derechos conculcados. Querían “reparar el pasado” y reescribirlo tal y como debiera haber sucedido en su imaginario. Pues bien, ese no es un propósito que debiera perseguir un gobernante responsable, custodio de nuestra reconciliación nacional; todavía peor es haberla querido comprometer por un bajo interés partidista: eso es literalmente imperdonable. Aquí sí procede gritar, sin vacilación alguna, alto y claro: NO A LA GUERRA.
