Hace casi cuatro años, en abril de 2022, FAES publicaba uno de sus papeles, titulado Gobierno de Sánchez: del deterioro institucional como una de las bellas artes. En él nos hacíamos eco de las palabras de Otegi sobre el apoyo a los presupuestos socialistas como contrapartida de la salida de “nuestros presos” y advertíamos lo que eso iba a suponer. También aludíamos a informaciones del momento, que revelaban la existencia de contactos estrechos entre Instituciones Penitenciarias y las redes de ayuda a presos etarras para acordar acercamientos de reclusos al País Vasco. Marlaska ya había decretado el fin de la dispersión y se estaban impulsando sucesivas tandas – semanales– de acercamientos pactados con el entorno abertzale.
En este papel que ahora, por su actualidad, rescatamos, se detalla la camaleónica posición de Marlaska, juez y ministro; la historia de la reivindicación nacionalista de las competencias penitenciarias y su trasfondo político; y los planes del PNV en lo que ha venido llamando “final ordenado de la violencia”, que siempre contempló el trato preferencial a los reclusos de la banda. Todo lo anterior enmarcado en el contexto de degradación institucional y moral fomentado por el sanchismo.
Hace cuatro años no era difícil anticipar lo que hoy salta a la vista: la ejecución de un acuerdo político conforme a la misma lógica de la amnistía. Acercamos presos y transferimos competencias penitenciarias para que el Gobierno Vasco dé curso a la suelta de etarras. Unos ejecutan el pase en profundidad para que otros rematen a puerta; todos contentos: Bildu tiene “sus presos” en semilibertad, el PNV compite con Bildu y el PSOE mantiene su poder en Madrid con el concurso de ambos. Todas estas progresiones de grado, situaciones de semilibertad y excarcelaciones se producen, por supuesto, sin arrepentimiento ni colaboración con la justicia, cosas que estarán en la ley, pero no en el plan. ¿Todos contentos? No, las víctimas no. En este papel razonábamos hace cuatro años por qué nosotros tampoco íbamos a estarlo.
