La crónica política española se ha convertido en lo que la vieja prensa llamaba página de sucesos, cajón de sastre que albergaba el relato abigarrado de truculencias delictivas. A estas alturas, las tramas de corrupción socialista son tan densas y tupidas que resulta fácil perder el hilo a poco que uno se descuide.
Como muestra, un botón. El pasado mayo, Aitor Esteban se refería a lo que llamó “contador de imputados”: “van nueve, presidente”, decía, afectando incomodidad, al enumerar procedimientos penales. Bendito. En julio, cuando se redacta esta nota, hacen falta ya índices onomásticos como los de las novelas rusas del XIX para no perderse en semejante dédalo. Eso sí: la corrupción podrá crecer en progresión geométrica a razón de tantos imputados por telediario, no dejará institución sin salpicar, pero la estoica impavidez de Esteban y del resto de socios y comisionistas permanece inconmovible: impasible el ademán mientras quede una ubre que ordeñar. Por lo visto, veinticinco directivos de empresas públicas (de momento) son pocos, como frágiles deben ser, para los partidarios de la ceguera voluntaria, los indicios que apuntan a una seria infiltración de redes corruptas en el cableado institucional del Estado. Ya no solo hay imputaciones a mansalva; empieza a haber condenas, desde la del fiscal general del Estado hasta la del responsable del ministerio inversor por excelencia. Tres presidentes de la SEPI bajo sospecha, la directora de la Guardia Civil y su DAOimputados, acreditada la existencia de una organización criminal dedicada a obstruir procesos judiciales, fabricar pruebas falsas y desviar fondos públicos. Una trama financiada y puesta al servicio del partido gobernante por quienes ocupaban, en su organigrama, el vértice director. Y todo ello respondiendo a un esquema básico: el Gobierno como palanca del partido y el Estado como botín.
La gravedad y el volumen de semejante venalidad en el ejercicio del poder saltan a la vista. Pero no deberíamos descuidar otras consecuencias de todo este légamo corrupto que no hallaremos en el Código Penal.
Hay muchas razones para sostener, como lo hace buena parte de la doctrina, que a partir de la ley de Amnistía el régimen constitucional ha entrado en una deriva de mutación más o menos camuflada. Y que, recientemente, está experimentando una aceleración consecuencia del empeño de Sánchez en gobernar como prometió, al margen del Parlamento.
Se laminan competencias del Senado; se elude la rendición de cuentas en ninguna de las dos Cámaras; se burla semanalmente el sentido de las sesiones de control; se recurre a la prórroga presupuestaria como una rutina sin ni siquiera cumplimentar el mandato constitucional de presentar un proyecto de cuentas públicas en plazo; en fin, se prescinde de la confianza parlamentaria como si la democracia española fuese un extraño sucedáneo presidencialista en camino hacia no se sabe qué.
No es fantasioso anticipar, en breve, alguna mascarada que finja promover un debate presupuestario para “cambiar de tema”, anunciar el advenimiento del reino de Jauja y acudir, cuando convenga, a una convocatoria electoral presentada por el Gobierno como disyuntiva entre “los Presupuestos más sociales y avanzados de la historia” y la amenaza del Lado Oscuro. Puede que incluso fingiendo distancia con los socios más comprometedores para la pose centrada que a Sánchez le gusta componer en sus citas con las urnas –también con las que esconde detrás de una mampara–. Luego retomaría el hilo que facilita su ambición de poder: la culminación del proceso mutante implicado en el predominio de su única amalgama adicta: la “plurinacional”. Con tanta causa abierta y tanta factura pendiente de cobro, se entiende su pregunta retórica: “¿cómo no vamos a seguir?”. Sánchez, improvisado paremiólogo, pasa de “hacer de la necesidad virtud” al “de perdidos, al río”, consigna de cualquier desbandada.
Esta es la dinámica y la lógica que sustentan el único proyecto político conocido de Pedro Sánchez desde 2018: el de su supervivencia a costa de lo que sea. Y “lo que sea” es demasiado, porque es España, su condición nacional y su definición constitucional.
Lo que empasta el “bloque de ruptura” que mantiene a Sánchez en la Moncloa, al precio de concesiones disolventes, es precisamente esto: la desgracia de haber confluido las pulsiones antisistema de minorías radicales con la peor versión del socialismo español, esa que siempre tiende, cuando es Poder, a seguir la ley de todos los gases: expandirse sin límite.
Pero la democracia constitucional tiene su propia doctrina sobre los límites del Poder. Mucho más rigurosos cuando solo se dispone de una mayoría ocasional y heterogénea. Los límites de todo poder mayoritario tienen que ver con su legitimidad de ejercicio. En buena teoría democrática hay legitimidad cuando se identifican los órganos del Estado con la voluntad y los intereses del conjunto de la sociedad. Si las mayorías en democracia son siempre circunstanciales, porque el sistema se configura de forma abierta, salvando siempre la posibilidad de una alternativa, eso hace inadmisible que se pueda reconocer a un partido que gana unas elecciones el derecho de alterar sustancialmente el modelo de sociedad de acuerdo con una doctrina que no es compartida por toda la nación.
Si se admite que un partido, que solo es una parte, y además una parte partidista del pueblo, asuma la función de gobernar para todos, es porque se sobrentiende que lo hace con el consentimiento de la totalidad de la nación, dentro de una esfera de compromiso sustancial y porque todos aceptan la alternancia en el ejercicio del gobierno.
Ese proceso abierto solo puede practicarse cuando tiene lugar entre formaciones políticas que coinciden en una serie de presupuestos materiales y formales –lo que Montesquieu llamaba un “espíritu general”– que todos comparten y nadie puede legítimamente forzar o contravenir. Si ese acuerdo no existe, si el gobierno de un partido representa una ruptura respecto de ese “espíritu”, entonces se provoca una crisis en el conjunto del sistema.
La Constitución Española de 1978 es una superley estructurada en 169 artículos, cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y otra final. Una larga frase cuyo sujeto es “la Nación española” que “en uso de su soberanía” declara los objetivos, poderes, instituciones y normas fundamentales de un sistema de gobierno.
También es la esencia del régimen político español, una monarquía parlamentaria consolidada como la primera democracia estable en nuestra agitada historia contemporánea. Y algo más, el factor determinante del ethos político de nuestra sociedad. La Constitución puede ser todas estas cosas porque es en esencia un marco, una estructura o forma que ajusta los medios a los fines.
Bajo esta luz pueden examinarse algunas de las disfunciones de nuestra política en los últimos años. No siempre implican una violación de los límites formales, pero siempre son resultado de deformaciones constitucionales muy serias: faltas de responsabilidad y degeneraciones de la cultura y la praxis política.
Como hace no mucho escribió el profesor Manuel Aragón, “nuestros problemas de deterioro institucional no han cruzado la línea de una reforma constitucional inconstitucional, pero sí pueden estar cruzando la línea de la desvirtuación de la Constitución por la acción de algunos poderes constituidos, mediante medidas legales o actuaciones políticas escasamente respetuosas con la letra y el espíritu de nuestra Norma Fundamental”.
Todo esto, y su evidente agravación –hasta un punto difícilmente reversible– en caso de tener éxito el “bloque” de 2023, es lo que se juega la nación en las próximas elecciones; se convoquen cuando se convoquen, que será cuando Sánchez crea que más le conviene. Porque la próxima vez, a los socios ya no les valdrá investir para recibir; si tienen escaños, investirán para embestir, para consumar su acción mutante.
La mejor forma de evitarlo consiste en explicar infatigablemente, sin esperar hasta entonces, cuál será la auténtica opción sobre la que deberá pronunciarse el pueblo español, en qué términos, y con qué consecuencias, cuando se le devuelva la posibilidad de tener, por fin, la última palabra.
Con ese propósito se elabora este número de Cuadernos en que, además, el lector encontrará, entre otros temas, un homenaje a los “150 años de la Constitución de 1876” de Roberto Villa; un texto de Vicente de la Quintana sobre la conmemoración de los “250 años de la Declaración de Independencia de los EE. UU.”; un trabajo descriptivo del comportamiento de “Sánchez, el emboscado de la Moncloa”; un recordatorio conveniente de lo que supuso “La modernización de España y el legado reformista del primer gobierno de Aznar”, escrito por Alex Cortés; un ensayo sobre el trecho político que hay entre “El ‘No a la guerra’ y el ‘No a los totalitarismos’”, de Julián Illana; un repaso a la ejecutoria del primer año al frente de Alemania de “Merz: el canciller reformista no encuentra la brújula”, por Roberto Inclán; así como dos últimos textos en torno a la actual realidad en Iberoamérica: el primero en relación “al nuevo mapa de poder global”, de Mateo Rosales, y el segundo, de Miguel Á. Martínez Meucci, sobre los “factores geopolíticos y retos para la redemocratización” en Venezuela.
PUBLICACIÓN DE REFERENCIA
La revista trimestral Cuadernos FAES de Pensamiento Político comenzó a publicarse en 2003 con el propósito de aportar ideas al análisis político y económico, el debate ideológico, las relaciones internacionales, la seguridad y el terrorismo, la reflexión sobre las instituciones democráticas y la historia política, convirtiéndose en una publicación de referencia para el debate público en nuestro país. Desde abril de 2021, la revista es en formato digital y está alojada en las plataformas de Kiosko y más, Orbyt y Arce.
