En su última comparecencia, Pedro Sánchez ha enfatizado que “ahora el Gobierno está a lo que hay que estar”, aludiendo a las tareas de reparación y reconstrucción tras la DANA, y asegurando además que ese trabajo debe hacerse “aprendiendo la lección”, esto es, que “estamos ante una emergencia climática” a la que debemos responder “escuchando y aprendiendo de la Ciencia, no denostándola, y fortaleciendo los servicios públicos para dar una respuesta eficaz y equitativa ante catástrofes naturales como la que hemos vivido”.
Si no fuera por la acotación temporal –“ahora”– y porque llevamos días comprobando cómo funciona la división del trabajo en la propaganda socialista: afectación de prudencia en el presidente, barra libre en el hostigamiento al adversario en ministros, partido y prensa afecta… Si no fuera porque Sánchez confronta hasta cuando finge treguas, podríamos compartir su deseo de “aprender la lección”. Con una salvedad: de esta tragedia deberíamos salir, todos, con más de una lección aprendida.
NECESIDAD DE POLÍTICAS DE ADAPTACIÓN A CONTINGENCIAS CLIMÁTICAS
Hay libertad para que, quien quiera, pueda negar la existencia de los cambios que se están produciendo en el clima. Y puede sospecharse que quienes adoptan esa postura lo hacen, muchas veces, reactivamente, contestando una instrumentalización que, amparándose en el cambio climático, promueve políticas que, en último término, ponen en la diana a la propia economía de mercado.
Las políticas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero se diseñan a escala internacional, con las dificultades que eso implica. No pueden olvidarse algunos datos: En Europa se emite el 7% de las emisiones mundiales, en España el 1%. No es racional que el imperativo de su reducción pase por encima de nuestra competitividad industrial, que no contemple ningún criterio económico o que se formule en términos incondicionales. Debemos tratar de mitigar, razonablemente, nuestras emisiones y, al mismo tiempo, adaptarnos a nuevas contingencias climáticas que puedan sobrevenir.
NECESIDAD DE UNA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA: ¿DEROGAR EL PHN?
Concediendo que vamos a escenarios de mayor frecuencia de fenómenos climáticos como la DANA, se hace obvia, precisamente por eso, la necesidad de dotarse de una infraestructura hidráulica que responda a esa realidad.
Con posterioridad a la histórica riada de 1957 empezó a valorarse, una vez ejecutado el desvío del cauce del Turia, la construcción de un pantano que embalsara las crecidas del sur de la ciudad de Valencia. Esa idea fue rescatada e incorporada al Plan Hidrológico Nacional, aprobado por un Gobierno presidido por José María Aznar en 2001. La lectura de los anexos del Plan, instrumentado como ley 10/2001 de 5 de julio, revela que el mismo contemplaba actuaciones en todas las cuencas, y singularmente en la del Júcar. Por ejemplo, la restitución y adaptación de los cauces naturales de los barrancos de Torrente, Chiva y Pozalet. O la restitución y adaptación de los cauces naturales del barranco del Poyo.
Como es sabido, el ejecutivo socialista que le sucedió derogó el Plan atendiendo más a lo ideológico que a lo prudencial. La misma raíz está presente en la decisión del anterior ejecutivo autonómico valenciano de suspender por decreto la licitación de la limpieza y ampliación del cauce del barranco del Poyo, uno de los epicentros de la tragedia que hemos padecido. La “recuperación integral de la huerta valenciana” fue esta vez el pretexto verde que volvió a dejar la zona sin una actuación que pudiera haber mitigado los devastadores efectos de la crecida.
El PHN no enfrentó nunca una alternativa real de política hidrológica, sino, simplemente, una negativa sectaria envuelta en pretextos supuestamente ambientalistas. En realidad, el contenido y las premisas del PHN se podían compartir desde cualquier ideología. De hecho, todos los antecedentes del Plan son, diríamos, “progresistas”. Desde los proyectos de nuestra incipiente ilustración en el siglo XVIII, que pavimentó caminos, levantó fábricas y planificó regadíos y presas, pasando por el Plan de Regadíos de 1902 del ministro Gasset, pasando por las Confederaciones Hidrográficas, que tanto recuerdan a las “autoridades de los valles” instauradas por Roosevelt durante el New Deal, hasta llegar a su precedente más inmediato, en 1933, en las postrimerías del llamado ‘bienio rojo’. En aquel año se pasó, precisamente, de la planificación regional a la planificación nacional del agua. Esa fue la obra del Centro de Estudios Hidrográficos del Ministerio de Obras Públicas. Durante la República y siendo ministro el muy reaccionario… Indalecio Prieto. No es probable que quienes reducen este debate a la estampa de Franco inaugurando pantanos se lean los tres tomos en que un ministerio socialista publicó su Plan Nacional de Obras Hidráulicas, cuya autoría se debe a un ingeniero brillante, Lorenzo Pardo.
Pues bien, “aprender la lección” debería significar, aquí, ponerse, desde ya, manos a la obra; a la obra de actualizar y ampliar presas, canalizaciones y trasvases en todas las Confederaciones Hidrográficas, para que no se repita en el futuro lo que tardaremos todavía mucho tiempo en dejar de lamentar.
GESTIÓN POLÍTICA DE LAS EMERGENCIAS NACIONALES Y LAS SITUACIONES CRÍTICAS
A veces se confunde en nuestra conversación pública lo político con lo partidista, con lo banderizo o sectario. Probablemente porque se practica con abuso una política de ese estilo. Se piensa demasiado en la repercusión electoral de cada decisión a tomar, en su impacto demoscópico probable antes que en su objetiva conveniencia. En esta crisis, el concurso inmediato de todas las capacidades que podían recabarse de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, era una necesidad obvia, a la vista de la magnitud de la tragedia. La posibilidad de desplegar toda la capacidad operativa de la Administración central no puede depender –y no depende– de la “petición de ayuda” de ningún ejecutivo autonómico.
El Gobierno central permaneció, durante demasiado tiempo, inexplicablemente ausente, ajeno a la reacción inmediata que imponían las circunstancias. Una crisis nacional demanda una respuesta unitaria, tal y como pedíamos desde aquí. El Gobierno de España no tiene que esperar ninguna petición autonómica para responder a una tragedia que sucede en España. Tiene a su disposición numerosos recursos constitucionales y legales para hacerlo; desde declarar la emergencia nacional, pasando por activar las previsiones de la Ley de Seguridad Nacional, hasta decretar el estado de alarma: este sí sería un supuesto constitucional para hacerlo. Las responsabilidades nacionales ante una situación catastrófica que afecta a varias Comunidades no están, en absoluto, descentralizadas.
Ahora, se nos habla del negacionismo sobre el cambio climático, se invoca “la Ciencia” y se demanda la potenciación de los servicios públicos. Sin duda, el Estado –en todos sus niveles– debe hacerse presente en las tareas de reconstrucción y su intervención en pandemias o en catástrofes naturales nadie la regatea; al contrario, el Estado existe, entre otras cosas, para eso.
Ahora bien, sobre esos enunciados del Gobierno hay bastante que decir. Toda conclusión científica es producto del método científico, está sujeta siempre al principio de “falsación” que enunció Popper y no puede confundirse con ningún dogma de fe: la controversia razonable sobre ella está presupuesta en su misma formulación. No confundamos la ciencia con la señora “Ciencia” de Sánchez, hipostasiada en el imaginario socialista como matrona con carné de partido.
En cuanto a los servicios públicos, su funcionamiento coordinado de acuerdo con el ordenamiento jurídico es una exigencia especialmente relevante en Estados descentralizados; y eso, como dijimos arriba, incluye, al amparo del título constitucional o legal oportuno, el potentísimo servicio de un Ejército que debió ser movilizado desde el primer minuto.
Por otro lado, no puede derogarse el plan más ambicioso de obra pública en mucho tiempo y luego darse aires hablando de potenciar “servicios públicos”. Es siempre el mismo error de concepto. El ideal no es sobredimensionar permanentemente el Estado alegando la urgencia de atender daños sobrevenidos; lo prudente, ahora y siempre, será anticiparse a contingencias desastrosas para evitar o atenuar sus resultados. Siempre será menos oneroso invertir en presas que indemnizar riadas. Menos oneroso no solo para las haciendas sino, sobre todo, para las vidas humanas. Son unas cuantas las lecciones que aprender y hay que tener autoridad moral para impartirlas.
