Mateo Rosales es abogado y consultor político
Bolivia vive uno de sus episodios de mayor incertidumbre en la última década. El pueblo boliviano comenzó sus movilizaciones a partir del 21 de octubre, un día después de las elecciones generales, debido a la interrupción del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, más conocido como TREP. El mismo 20 de octubre, el mencionado sistema proponía, al casi 84% del conteo de actas electorales, un balotaje entre el candidato ilegal Evo Morales y el candidato de oposición por la coalición Comunidad Ciudadana Carlos Mesa, al haber menos de 10 puntos de diferencia entre ambos candidatos.
Sin embargo, cuando el sistema de transmisión de resultados se reinició casi veinticuatro horas después, el balotaje estaba descartado. Cinco días más tarde, el Tribunal Supremo Electoral, responsable de la contratación del TREP y del conteo oficial, declaró ganador a Evo Morales en primera vuelta.
Ese fue el motivo que originó una serie de protestas pacíficas en todo el territorio boliviano. Por su parte, dadas las serias evidencias de opacidad en las elecciones generales, y la contundencia de la movilización ciudadana, el entonces gobierno boliviano solicitó a la Organización de Estados Americanos una auditoría que constate si hubo o no fraude en el proceso eleccionario. Al respecto, la OEA en su informe de 10 de noviembre, estableció: “En los elementos revisados se encontraron irregularidades, que varían desde muy graves hasta indicativas. Esto lleva al equipo auditor a cuestionar la integridad de los resultados de la elección del 20 de octubre (…) el equipo auditor no puede validar la victoria en primera vuelta (…) cualquier futuro proceso deberá contar con nuevas autoridades electorales para poder llevar a cabo comicios confiables”.
El ambiente social en Bolivia se empezó a agitar. Por un lado, la movilización y la paralización de la actividad cotidiana por parte de la ciudadanía que exigía la renuncia de Evo Morales, se hizo cada vez más contundente mientras el expresidente amenazaba a la población con “cercar las ciudades y cortar los suministros de agua y el arribo de víveres” si las protestas continuaban, y por otro, las milicias o grupos de choque armados afines al gobierno del Movimiento al Socialismo que generaban en la población incertidumbre y miedo y que, en su momento, llegaron a rebasar a la misma Policía Nacional. La violencia, en todo momento ejercida por los grupos de choque afines al MAS, ocasionó el fallecimiento de cinco ciudadanos, tres de ellos por heridas producidas con armas de fuego.
Paralelamente, el Ejército boliviano actuó según sus procedimientos en el marco de la Constitución, que les atribuye, en el artículo 234 la obligación de preservar y garantizar la seguridad y estabilidad del Estado. El alto mando militar, en su declaración del 11 de noviembre, manifestaron que “las Fuerzas Armadas ejecuten operaciones conjuntas con la Policía boliviana para evitar sangre y luto a la familia boliviana, empleando en forma proporcional la fuerza contra los actos de grupos vandálicos que causan terror en la población”.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, cabe mencionar que la base de la demanda ciudadana respecto a la renuncia de Evo Morales tiene fundamento en cuanto al cansancio de la población boliviana con el autoritarismo ejercido por el gobierno de Morales con mayor intensidad los últimos años, las repetidas vulneraciones a la legalidad y al orden constitucional en el país, cuyo punto más álgido llegó con la repostulación ilegal de Morales a la presidencia del Estado, y a la demostración del fraude electoral gigantesco que, entre otras cosas, puso en evidencia el grave deterioro del sistema institucional que existe hoy en Bolivia.
Es importante señalar que en este escenario no existe un golpe de Estado como diversos gobiernos alineados con el ‘socialismo del siglo XXI’ pretenden demostrar. Tres elementos determinan lo contrario: la población boliviana se manifestó de forma pacífica, pero contundente; las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actuaron según su papel prescrito en la Constitución para precautelar la seguridad y la estabilidad interna del país. Cuando la policía se vio rebasada por los grupos de choque, el Ejercito decidió intervenir en colaboración con la Policía Nacional, en ningún momento se ejerció la fuerza para derrocar al régimen de Morales; finalmente, se hizo efectiva la sucesión constitucional, establecida en el artículo 169 de la Constitución boliviana, luego de que el Tribunal Constitucional, mediante un comunicado, avalara la sucesión en la Presidencia del Estado boliviano, permitiendo que la vicepresidenta del Senado, Jeanine Añez, asumiera el cargo de presidente en funciones.
Después de 21 días de protestas e incertidumbre, en Bolivia se vive una calma relativa. Si bien los grupos afines a Morales continúan con sus movilizaciones y amenazas sobre la ciudadanía y los representantes políticos de oposición, la caída definitiva del régimen de Evo Morales, ahora acogido en el México de López Obrador, se concretará en cuestión de días.
En Bolivia se abre una etapa de transición política que deberá incluir a todos los sectores de la sociedad civil organizada y a los partidos políticos con el objetivo de promover una nueva propuesta de país que comulgue con las ideas de libertad, democracia y Estado de derecho, cuestiones completamente ausentes del escenario político los últimos catorce años.
La presidenta en funciones deberá convocar a elecciones en el plazo máximo de noventa días. Nuevos actores y demandas han irrumpido en la escena política nacional. Un proceso de desestabilización prolongado en Bolivia, liderado por grupos afines a Morales, no está descartado. Sobre el futuro de la estabilidad y la democracia en Bolivia, aún las puertas están enteramente abiertas.
