El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha promovido una iniciativa que pone sobre la mesa la problemática que atraviesa la democracia en Bolivia, sus instituciones y los Derechos Humanos. La moción, aprobada en el seno de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado, denuncia la situación de los presos políticos (más de 250), la persecución y el deterioro democrático que ha experimentado el país desde que Evo Morales –y su partido el Movimiento al Socialismo (MAS)– asumiera el poder el año 2006.
El Gobierno boliviano, liderado por el presidente Luis Arce, está alineado con el bloque de regímenes autoritarios en Hispanoamérica, conformado por Miguel Díaz-Canel en Cuba, Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua. Todos ellos encabezan gobiernos autocráticos y forman parte de lo que a nivel global se ha denominado bloque revisionista. Su adhesión a este grupo implica el reconocimiento de dictaduras transnacionales como las de China y Rusia, así como la connivencia con grupos armados vinculados al narcotráfico, un factor clave la inseguridad y la violencia en la región.
La iniciativa aprobada en el Senado refuerza el mensaje de la oposición democrática en Bolivia, víctima de la persecución y del creciente debilitamiento de las instituciones en todos los niveles. Estas, desde hace tiempo, han perdido el prestigio que deberían ostentar al intentar justificar un sistema democrático basado en principios esenciales como el pluralismo político, la independencia de poderes y el respeto a los derechos humanos, elementos hoy inexistentes en la erróneamente calificada como “democracia boliviana”.
En el marco de la estrategia de incidencia internacional, orientada tanto al reconocimiento de los presos políticos como a la denuncia de la deriva autoritaria del régimen masista (perteneciente al MAS), surgen posiciones que llaman la atención cuando se contrasta la información que se pretende transmitir. Se evidencia el desconocimiento de algunos representantes públicos sobre la gravedad del problema en lo que respecta a los presos políticos y la vulneración de sus derechos humanos. Esta situación resulta aún más preocupante al constatar que figuras como la expresidenta constitucional Jeanine Áñez, el gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, o el líder cívico Marco Antonio Pumari son víctimas de un sistema controlado por el MAS y el gobierno de Luis Arce, cuyos esfuerzos en los procesos judiciales están dirigidos a excluir cualquier tipo de garantía constitucional y procesal para los opositores.
La iniciativa del Partido Popular expresa la necesidad de abordar estas cuestiones en el marco de la vocación democrática que caracteriza a los Estados, partidos políticos y organizaciones sociales en su esfuerzo por afrontar con determinación los desafíos que amenazan la supervivencia de las democracias. Esta tarea es más urgente en un contexto global adverso, donde el deterioro en la defensa de los ciudadanos frente al poder público es cada vez más evidente y se agudiza.
En este escenario, la cooperación y colaboración entre los actores comprometidos con la democracia resultan más necesarias que nunca. En contraste, se confirma la estrategia de lobby internacional que en su momento impulsó Evo Morales sosteniendo la bandera del indigenismo como eslogan de reconocimiento frente a la opresión y la carencia de derechos de una parte de la población boliviana. Esta narrativa solo ha servido para fomentar el odio, la división y el enfrentamiento entre bolivianos. Una lógica inevitable en la deriva populista de aquel proyecto y la justificación de su causa radical.
La propuesta aprobada por el Senado destaca que “Hispanoamérica es una región hermana y una prioridad para la Acción Exterior de nuestro país”. Y afirma que “existen pruebas contundentes de que el Gobierno boliviano sigue los pasos de los regímenes más autoritarios de la región, como Cuba, Venezuela o Nicaragua”, destacando, a su vez, que se deben “activar los mecanismos necesarios para el seguimiento del procedimiento que se desarrolla por las instituciones públicas bolivianas y organismos internacionales, con el objetivo de garantizar un proceso electoral transparente, verificable y legítimo en 2025, de cara a las elecciones presidenciales en Bolivia”, tendiendo en cuenta los comicios que se llevarán a cabo este año.
En 2021 el Parlamento Europeo –y así lo recoge la iniciativa del Grupo Popular en el Senado–aprobaba una resolución común sobre Bolivia, en particular respecto de la detención de la expresidenta Jeanine Añez y otros altos cargos, denunciado la vulneración de los Derechos Humanos de los presos políticos en Bolivia. Asimismo, en 2022, la Unión Europea consideró que los procedimientos seguidos contra la exmandataria “no respetaron plenamente el derecho al debido proceso”.
En este contexto, donde el orden liberal está en retroceso y en el que las democracias son cuestionadas cada vez más desde los propios poderes públicos, su defensa en todas las instancias posibles cobra mayor importancia. Resulta imprescindible la vigilancia internacional y el fortalecimiento de los vínculos y valores que nos caracterizan como demócratas a uno y otro lado del Atlántico.
