Las presidenciales no dan las debidas garantías de transparencia, empezando por la violación de todo control institucional para que Morales sea habilitado como candidato en lo que sería su tercera reelección. El gobierno ha trabajado bajo la ley del ‘mínimo esfuerzo’ y el clientelismo político a favor de sus intereses populistas sin que importe la institucionalidad.
El país sudamericano ha comenzado a caminar un proceso electoral que culmina el 20 de octubre de 20. Cuestionable desde todo aspecto, las elecciones presidenciales a las que se dirige Bolivia no dan las debidas garantías a su población sobre la realización de comicios transparentes, donde todas las fuerzas políticas se encuentren en igualdad de condiciones.
Como antecedente se tiene una subordinación de los órganos de poder del Estado hacia el órgano ejecutivo dirigido por Evo Morales a lo largo de casi 13 años. Tanto una Ley de Partidos Políticos propuesta por el Tribunal Supremo Electoral, aprobada por ambas cámaras legislativas, y una sentencia constitucional, que reconoce un supuesto derecho a la reelección indefinida, han posibilitado la violación de todos los niveles de control institucional para que Morales sea habilitado como candidato a la presidencia en lo que vendría a ser su reelección por tercera vez. Todo esto aun cuando, el 21 de febrero de 2016, la mayoría del electorado dijo NO a una reforma constitucional que pretendía normar una reelección consecutiva adicional para el cargo de presidente del Estado.
Los argumentos fútiles de tal decisión por parte del socialismo del siglo XXI –materializado en Bolivia por el Movimiento al Socialismo– son: un crecimiento económico sostenido del 4,2 por ciento anual (World Bank, 2018) y la reducción de la pobreza en un 15,2 por ciento desde 2006 (INE, 2019). Sin embargo, ¿qué hay de otros índices del resto de cifras sobre desarrollo y democracia en Bolivia? ¿Son justificación para la continuidad del populismo? La respuesta es un rotundo NO, basta con ver las siguientes cifras.
Para empezar, más allá del crecimiento económico del cual el gobierno socialista de Morales hace gala, cabe mencionar que la deuda pública creció en 386 por ciento desde 2008 (Ministerio de Economía, 2018), la inflación promedio ha sido del 5 por ciento y, sumado a esto, que el gobierno no pudo reducir las pérdidas tributarias estimadas debido a la evasión del impuesto al valor agregado IVA, que representa el 2 por ciento del PIB sin mencionar el infierno impositivo al que se encuentra sometida su población. Se tiene un déficit comercial del 6,9 por ciento (World Bank, 2017) y el índice de desarrollo humano más bajo de Suramérica ubicado en el puesto 118 del ranking mundial (PNUD, 2018). En lo social, el gasto público en salud ubica a Bolivia en el décimo puesto en todo el continente (Organización Panamericana de la Salud, 2017), a pesar de ello su régimen imperfecto de autonomías y la ineficiencia del sistema de salud imposibilitan que los bolivianos accedan a un servicio de salud de calidad, que es fácilmente perceptible cuando se ubica como el tercer país con mayor mortalidad materna (Observatorio de Igualdad de Género, 2017), al morir 206 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos anualmente.
Con relación a la tecnología, solo del 15 al 45 por ciento de los hogares gozan de acceso a internet y tiene el peor acceso a banda ancha en América del Sur. Siendo esta una de las razones por las que el acceso a la información es limitado y es un filtro para poder afirmar que en más de una década no se eliminaron las desigualdades.
Los últimos índices relevantes, pero que son espejo de cómo está el Estado de Derecho en Bolivia, son aquellos que nos informan sobre la situación de libertad y la confianza en las instituciones. Según el Rule of Law Index de 2018, el país andino se encuentra en el puesto 119 a nivel global con relación al Estado de Derecho. De manera detallada, se ubica en el puesto 114 en el ranking de gobierno limitado, en el 123 con relación a la ausencia de corrupción, en el puesto 95 con relación al gobierno abierto y 93 en el ejercicio de derechos fundamentales; estando solo por encima de Venezuela con relación a la región.
A esto se suma que su estado de libertad en general, según el Freedom House, figura como “parcialmente libre” y, de acuerdo al Latinobarómetro de 2018, sólo el 12 por ciento de la población confía en el Congreso, el 14 por ciento tiene confianza en las Fuerzas Armadas, no más del 26 por ciento confía en el Gobierno y no más del 20% tiene seguridad en el Poder Judicial. Por lo tanto, es evidente que existe una ausencia de confianza en las instituciones y es irrefutable el autoritarismo ejercido por el gobierno de Evo Morales, así como la subordinación de todo el aparato público a sus intereses personales de perpetuarse en el poder, por más que el régimen que dirige utilice un marketing de ‘miedo a la democracia’ para aparentar lo contrario.
En cualquier caso, y desde cualquier óptica que tenga por bases la libertad y la prosperidad de la población, los datos y no así el discurso gubernamental arrojan situaciones que no dan fe que en Bolivia se viva una auténtica democracia, ni sea justificable una reelección absurda e ilegítima. La falta de confianza en el aparato institucional consagrado en la Constitución Política del Estado, el mediocre manejo económico a lo largo de tres mandatos presidenciales, la falta de ejecución de políticas sociales en el área de salud y la desigualdades subsistentes en el acceso a la tecnología e información dan una fina radiografía sobre que el gobierno boliviano ha trabajado durante mucho tiempo bajo la ley del ‘mínimo esfuerzo’, realizando esfuerzos mediante el ‘prebendalismo’ –clientelismo político a favor de sus intereses populistas relacionados a mantenerse en el poder–, sin que importe la institucionalidad de su sistema republicano ni el ejercicio de derechos por parte de su población. Será tarea del proyecto que logre vencer a este populismo hacer que todas estas cifras sean tomadas en cuenta y cambien para bienestar de sus ciudadanos.
