_ Román: “Hay que acometer una reforma completa y radical para que la Justicia sea un factor relevante de la recuperación de España”
_ Santamaría: En España “existe una tendencia general e inconsciente a depender del Estado y de hacerle responsable de nuestro bienestar”
_ Bermúdez de Castro: “El sistema democrático no está en crisis, la democracia es inocente; algunas políticas del pasado no lo son”
_ Castellá: “Las bases de la relación entre representantes y representados están en la democracia constitucional y representativa, en el Estado de Derecho”
La jornada de hoy sábado, 6 de julio, en Campus FAES 2013 ha arrancado con la celebración de la mesa redonda ‘La reforma de las instituciones democráticas’, en la que han intervenido el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román; el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Alfonso Santamaría, y el secretario general del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro. El profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, José María Castellá, ha sido el encargado de moderar la mesa.
El secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, ha afirmado que “hay que acometer una reforma estructural completa y radical de nuestro sistema de Justicia para contribuir a que sea un factor relevante y determinante de la recuperación económica de nuestro país”. En su opinión, dicha reforma “debe asentarse sobre tres pilares, que son la Ley Orgánica del Poder Judicial y las leyes de Demarcación y Planta Judicial y de Enjuiciamiento Criminal”.
«Las tres son proyectos de legislatura” sobre las que “en octubre o noviembre de este año el Gobierno podrá ya tomar postura oficial”, ha subrayado Román. En referencia a la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha manifestado que “la propuesta que han puesto los expertos encima de la mesa nos merece, a priori, un juicio positivo porque trata de acomodar la Justica a las exigencias del siglo XXI”.
Román ha valorado también que “los jueces españoles están indudablemente entre los mejor preparados del panorama internacional, pero eso no significa que no haya que seguir progresando”, y para ello ha dicho que hay que “incidir en la propia estructura de la carrera profesional de los jueces” en aras de “mayor especialización”.
El secretario de Estado ha lamentado asimismo la dilatación de los procesos judiciales y ha manifestado que “la sociedad ha llegado a la conclusión de que ese sistema de Justicia no es ejemplarizante. y eso no contribuye a crear confianza”. “Nuestra obligación desde el Ministerio es promover iniciativas que tiendan a minimizar esos daños en la confianza de la sociedad”, ha asegurado.
DEPENDENCIA DEL ESTADO
Por su parte, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Alfonso Santamaría, ha subrayado que “la desafección en la sociedad es fruto de la crisis económica, incrementada por quienes no participan en la misma y determinada por la mentalidad general establecida en los últimos veinte años de Estado social”. En este sentido, ha afirmado que “hay una tendencia general e inconsciente a depender del Estado y de hacerle responsable de nuestro bienestar”, lo que ha calificado de “huida de la propia responsabilidad”, y a lo que ha añadido que “las cosas no son así en ninguna parte del mundo”.
Con respecto a la crisis de las instituciones, Santamaría ha defendido que “el sistema que tenemos está ahora mucho mejor que hace veinte o treinta años” y ha señalado que “el mensaje de que el modelo constitucional está agotado es falaz”, ya que “aunque tiene problemas que hay reformar de manera prudente, no hay modelos alternativos.” Asimismo, se ha referido al sistema electoral y ha reivindicado la utilidad del “sistema proporcional para integrar a todos los partidos” y de las “listas cerradas y bloqueadas para construir artificialmente un sistema de partidos sólidos que no existía” cuando se redactó.
Por último se ha referido al Tribunal Constitucional y al Consejo General del Poder Judicial. En referencia al TC, Santamaría ha afirmado que “tiene muchos problemas funcionales internos, pero estrictamente técnicos” y “su problema de independencia es parcial, ya que no se es dependiente en función del nombramiento sino del carácter”. Por otro lado, en relación con el CGPJ, el catedrático de Derecho Administrativo ha afirmado que “su principal problema es su propia existencia” y, aunque ha descartado el cambio de la Constitución, ha abogado por “pensar en la reducción de sus competencias”.
CORREGIR DESEQUILIBRIOS
Por su parte, el secretario general del grupo parlamentario popular, José Antonio Bermúdez de Castro, ha afirmado durante su intervención que “el sistema democrático no está en crisis” y que “la democracia es inocente”, en referencia a los intentos de desestabilización institucional. “Algunas políticas del pasado que nos han llevado a vivir esta situación, esas no lo son”, ha puntualizado. “A nosotros nos está correspondiendo arreglar lo que otros han estropeado, corrigiendo los desequilibrios para que España vuelva a ser el país de las oportunidades que los españoles merecen”, ha considerado.
Bermúdez de Castro ha asegurado que “esta legislatura será no solo la de la recuperación económica sino la de la regeneración democrática”. En este sentido se ha referido a la Ley de Transparencia y a la de Financiación de Partidos Políticos, de los que ha dicho “tienen obligación de ser más abiertos y austeros”. “El Gobierno va a traer a la Cámara una ley de control de la actividad económica de los partidos que dotará de nuevos instrumentos al Tribunal de Cuentas para que casos que han ocurrido en el pasado no se repitan en el futuro”, ha añadido.
REPRESENTANTES Y REPRESENTADOS
Durante la presentación de los ponentes, José María Castellá ha afirmado que “está habiendo una crisis entre representantes y representados”. “En esta quiebra de la relación, nos encontramos cuestiones como un mundo político cada vez más autorreferencial, como la falta de credibilidad y de confianza de los ciudadanos con la política en general y la manifestación más patológica de todas: la corrupción”, ha asegurado al respecto.
En este sentido, Castellá se ha preguntado “cómo reconstruir esta relación” y ha indicado “que las bases están en la democracia constitucional y representativa, en el Estado de Derecho”. No obstante, ha afirmado que “habrá que plantearse y habrá que reformar algunos aspectos, pero en sus bases se trata de legados que van mucho más allá de los jurídicos, son legados culturales que forman parte de nuestra identidad, de nuestra herencia colectiva y que, por tanto, hay que preservar”.
El profesor de Derecho Constitucional también se ha referido a que “la idea de desafección ciudadana es muy importante”. “De ahí -ha añadido- sale la necesidad de que la Constitución cumpla con su objetivo y la comunidad política sea eso, una comunidad política”. Por último, Castellá ha asegurado que “la crisis institucional va más allá de la económica, de lo que se deduce que una mejora institucional y democrática puede contribuir a la solución de los problemas económicos”.
