El secretario de programas del PP, Mario Garcés, y el chairman del IE Center for Transport Economics & Infrastructure Management, Julio Gómez-Pomar, han mantenido un diálogo sobre ‘Colaboración público-privada en el modelo de bienestar’, moderados por el socio del Departamento de Derecho Público de Eversheds Sutherland, Alberto Dorrego. El verdadero alcance del término colaboración público-privada, CPP; el confuso debate público en torno a las privatizaciones, y el sistema de incentivos y riesgos que modula la relación entre administraciones públicas y operadores privados han sido los temas a tratar. M. GARCÉS |
“Se ha construido un mito ideológico respecto a la colaboración público-privada, CPP, que hay que superar; los ciudadanos tienen la impresión de que se han privatizado servicios públicos, pero la gestión indirecta no es privatización”
“La izquierda debe olvidarse del binomio que asocia la gestión indirecta a las derechas y la gestión directa a las izquierdas”
“Se habla mucho de la privatización de servicios públicos; sin embargo, no se ha privatizado nada, aunque haya podido haber carencias de gestión en las que hay que trabajar y haya que mejorar la gobernanza»
“Para que avance la colaboración público-privada es necesario que haya incentivos poderosos por parte del sector privado, que tienen que ser facilitados por el sector público. La iniciativa del diseño del proyecto también tiene que estar en manos del sector privado”
J. GÓMEZ-POMAR |
“Hay una variedad de opciones dentro de la colaboración público-privada que hay que estudiar y probar y sobre las que decidir con mayor profundidad y rigor”
“La CPP va unida a la asunción de un riesgo que hay que retribuir y que debe asociarse a un pago por uso y ese hecho, que el usuario pague, se entiende como una privatización»
«Que el usuario pague los servicios de infraestructuras terminará ocurriendo, para poder dejar más ‘espacio’ en el Estado del bienestar a otras partidas necesarias como las pensiones”
A. DORREGO |
“El problema de la iniciativa privada es que no hemos logrado dar con un sistema razonable de incentivos en el sistema legislativo, que sí tienen todas las legislaciones comparadas”
“Hemos construido modelos de colaboración público-privada con el criterio de evitar que los proyectos computen como déficit o deuda públicos”
“La transferencia de riesgos debe ser real: las fórmulas sanas de colaboración público-privada entrañan siempre un pago por uso, aunque sea compartido, que supone una asunción real de riesgos”
