Las elecciones territoriales del pasado 29 de octubre representan una contundente derrota al presidente y su proyecto político. Tras un año y tres meses de gobierno, el resultado más contundente que ha logrado Gustavo Petro es el estrepitoso derroche de su capital político y electoral, disminuyendo a la izquierda a una fuerza que representa tan sólo una décima parte del censo electoral regional. De los once millones de votos con los que llegó al poder, tan sólo tres millones mantienen su apoyo al Gobierno.
Este resultado es consecuencia del rechazo generalizado que manifiesta el país a la conducta errática del presidente. Un hombre desconectado de la realidad, con un discurso permanente de división, con ausencia de liderazgo para la gestión del Ejecutivo y con una fijación casi enfermiza sobre el papel del sector privado en la gestión y administración de los recursos públicos y la prestación de servicios sociales.
La falta de un plan de gobierno claro con un equipo capaz le empieza a pasar factura generando una crisis de gobernabilidad. Ni el presidente ni el ministro de defensa han logrado presentar una estrategia sólida y seria de política de seguridad nacional. Por el contrario, la permanente purga en el ejército y la orden de no mantener el control sobre el territorio, aunado a una fallida política de paz total, son factores que los colombianos no ven con buenos ojos ya que encarnan un capítulo de la historia reciente del país de violencia e inseguridad tras el fallido proceso del Caguán.
De otra parte, la ideológica y agresiva agenda reformista del Gobierno con las propuestas de reforma pensional, sanitaria y laboral, lejos de solucionar de fondo los problemas de cada sector, representa un rompimiento en la generación de empleo y la eliminación del modelo del Sistema General de Seguridad Social que Colombia lleva construyendo durante más de 30 años y que cuenta con una aprobación de más del 73% de la población colombiana.
Adicional a lo anterior, pero no menos importante, es que la sociedad se encuentra desgastada frente a los permanentes escándalos –tanto en torno a la familia Petro, como de sus funcionarios más cercanos– que deslucen la figura presidencial y la estatura que se espera de un funcionario para ejercer el cargo. Así pues, no es exagerado afirmar que el resultado electoral ha sido producto total del empeño que el presidente le ha puesto a hacer las cosas mal.
En menos de un año y medio, el panorama político colombiano presenta un viraje en el péndulo hacia la centroderecha, con la elección de las principales autoridades locales (Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla) ubicadas en un espectro opuesto al Gobierno nacional, situación de la que se espera un liderazgo más contundente con un tono en la oposición mucho más vocal desde las regiones y, por ende, un sistema de frenos y contrapesos en el control político mucho más efectivo.
El voto de las cuatro ciudades tiene una enorme implicación política. En Bogotá, bastión con un papel determinante en la llegada al gobierno del presidente, la votación del Pacto Histórico (partido de gobierno) pasó de 1.700.000 votos en las presidenciales a obtener 570.000 votos en las locales. Carlos Fernando Galán, el alcalde elegido, recogió el 49% de la intención de voto de los electores, quienes entendieron el papel de Bogotá en la consolidación del proyecto político del presidente y salió masivamente a las calles para evitar una segunda vuelta electoral.
Medellín, con Federico Gutiérrez, uno de sus contendores en la campaña presidencial, arrasó con el 74% de la votación y una apuesta fundamentada en el rechazo total al modelo del Gobierno Petro. Cali, ciudad epicentro del estallido social del año 2021 y enclave de una profunda narrativa de izquierda, votó con holgura a uno de los representantes más importantes del sector privado y de la industria del Valle; así, Alejandro Eder llegó con un 40% de los votos en un escenario que ninguna encuestadora logró identificar. Barranquilla, con un 70% de los votos, reelige por tercera vez a Alejandro Char y le asesta un duro golpe al petrismo en el Atlántico, departamento en el que su hijo Nicolás Petro había construido un importante enclave electoral.
Sin embargo, si bien las elecciones representan una bocanada de esperanza para la oposición, aún estamos lejos de pretender estar al otro lado del camino. El presidente tiene por delante dos terceras partes de su periodo de gobierno y nuestro sistema es en exceso centralista y presidencialista, lo que implica una enorme capacidad y facultades que le permiten al Ejecutivo la posibilidad de implementar a fondo cambios estructurales.
Tal es el caso del manejo de los recursos nacionales, que le otorgan un margen de gobernabilidad producto de la necesidad de los alcaldes y gobernadores electos –junto con sus estructuras políticas– de ejecutar los proyectos en sus regiones. Para este propósito es necesario el concurso del presupuesto nacional y las asignaciones de gasto que el Gobierno determine en cada año fiscal. La coordinación entre el Ejecutivo y los gobiernos locales se convierte en una ecuación necesaria de negociación. En las regiones, para la materialización de los proyectos de campaña, y en el Ejecutivo, en el apoyo que requiere el Gobierno en el Congreso para tramitar su agenda reformista. Gustavo Petro ya anunció iniciar diálogos con los alcaldes y regiones afines a su proyecto; a la fecha no ha habido una comunicación formal entre el Gobierno ni algún alcalde electo en señal de un resquebrajamiento en el dialogo institucional.
Como conclusión, ni el presidente ni la oposición pueden sentirse tranquilos. Este mensaje electoral fortalece a la oposición y la alienta a generar una estructura más sólida y cohesionada en torno a un fin común, que es evitar la consolidación del proyecto del presidente. En ese propósito aún estamos a la deriva. Suena paradójico, pero el fracaso del Gobierno Petro se adjudica en exclusividad a su enorme incapacidad; mientras tanto, la derecha cabalga sin un norte claro de cara a las elecciones del 2026.
María Jimena Escandón es exbecaria FAES
