El director de FAES y eurodiputado, Javier Zarzalejos, y el abogado del Estado y patrono de la fundación, Fernando Díez Moreno, han asegurado que “en esta crisis ha habido suspensión de derechos fundamentales y esto es propio del estado de excepción y no del estado de alarma”. “El Gobierno se instaló en un estado de alarma que ha utilizado como moneda de cambio para pactos políticos absolutamente incomprensibles y que nada tienen que ver con la aplicación recta de ese instrumento constitucional”, han añadido. Zarzalejos y Díez Moreno han sido los protagonistas de la nueva sesión virtual de Diálogos FAES celebrada hoy bajo el título ‘Cómo afrontar jurídicamente la crisis de la COVID-19’, moderada por Mira Milosevich, del patronato de la fundación.
El director de FAES ha lamentado que el Gobierno se haya instalado en dos malos supuestos: la comodidad del estado de alarma y la desconfianza injustificada en el estado autonómico. “El estado de alarma puede llegar a ser adictivo por las capacidades que da al Gobierno y precisamente contra ese poder adictivo de estos estados excepcionales la Constitución establece limitaciones”, ha subrayado.
Por su parte, el jurista Díez Moreno ha señalado que nuestro ordenamiento jurídico cuenta con instrumentos suficientes para abordar esta crisis como la Ley de Seguridad Nacional, la Ley General de Sanidad y la Ley sobre el Sistema de Protección Civil. “No solo las prórrogas sucesivas que se han producido sino la propia declaración del estado de alarma habría sido innecesaria si el Gobierno hubiese tenido voluntad política de aplicar estas leyes”, ha enfatizado. En lugar de esto, el Ejecutivo optó por el estado de alarma y ha alertado de que ahora “se puede producir una avalancha de reclamaciones por daños y perjuicios, que está prevista de manera explícita en esta ley”.
“Si queremos reactivar la actividad económica hay que salir a la calle y nuestra gran defensa va a ser la responsabilidad individual y la protección de los más vulnerables”, ha asegurado Javier Zarzalejos.
