Iba a traer a Puigdemont, consideraba que el 1-O era un delito de rebelión “clarísimo”, se comprometió a restablecer el delito de convocatoria ilegal de referendos y sobre los indultos a los golpistas fue falsamente concluyente: no había nada que discutir, ni siquiera los interesados los pedían.
Y ahora, después de equiparar errores y delitos y de traducir justicia como venganza, Sánchez invoca la Constitución que los sediciosos quisieron romper para justificar la impunidad de estos. Una ignominia.
La deslegitimación de la justicia, la descalificación del ordenamiento jurídico y la banalización del golpismo son inauditos en quien se comprometió –un verbo sin sentido para Sánchez– a cumplir y hacer cumplir la Constitución. Estamos ante un poder, el de indultar, al servicio de una mente incapaz de asumir los límites de un sistema democrático y capaz, sin embargo, de actuar con una pretensión absolutista para ser él quien, en última instancia, dicte, juzgue y decida la sentencia. La degradación política del Partido Socialista bajo Pedro Sánchez hace tiempo que dejó de ser preocupante para convertirse en un peligro para la convivencia entre los españoles, para la cohesión nacional, la continuidad del Estado y la propia integridad de la Nación.
Si alguien cree de verdad que los indultos resolverán algo, se equivoca o, en el peor de los casos, se engaña y engaña a la sociedad española. La pendiente por la que Sánchez se desliza sin freno es observada con fruición por los independentistas. Estos solo tienen cuestiones que ganar de un presidente que hace suyo el argumentario golpista para justificar la impunidad de los responsables del “procés”.
El Tribunal Supremo que sentenció a los golpistas –no a todos, faltan los huidos– ha emitido una opinión que no deja lugar a dudas: “el indulto es una solución inaceptable”. A Sánchez esto no le importa. Es más, rentabilizará ante sus socios independentistas la audacia de su decisión pasando por encima de lo dicho por el Supremo, porque si provoca una crisis institucional sin precedentes, el independentismo no solo obtendrá la impunidad de los golpistas, sino que conseguirá el “bonus” de un conflicto insólito y profundamente corrosivo para el Estado de derecho.
Ha hecho bien el Partido Popular al anunciar que recurrirá la concesión de unos indultos que no serán otra cosa que una desviación de poder, una arbitraria utilización de la prerrogativa de gracia que en su actual configuración carece de sentido en nuestro Estado de derecho. A quien desprecia la ley, como es el caso de Sánchez, el mejor tratamiento es darle más ley. Pero esto por sí mismo no resolverá una patología democrática que solo unas futuras elecciones pueden remediar: en España, a través de su Gobierno, ha llegado al poder la mentira de los que quieren romperla.
