La intervención del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ante el Comité Federal de su partido para justificar sus pactos con el secesionismo, ha sido un despliegue estomagante de mentira, manipulación y sectarismo. Sin otra guía que culpabilizar al Partido Popular, ya en el gobierno, ya en la oposición, Sánchez sirvió un pringoso alegato en favor de la amnistía sin sugerir el más mínimo reproche a quienes arrollaron los derechos de los ciudadanos en Cataluña, quebraron la Constitución y el Estatuto y generaron una sucesión de actos violentos para hacer valer sus propósitos rupturistas.
Aún así, más allá de las tragaderas que ha exhibido la infantería sanchista –cuyo asentimiento a la amnistía marcará de vergüenza sus biografías–, el mejor antídoto a la manipulación, al vacío moral y político de Sánchez, es reafirmar algunas verdades que le desmienten.
Primera. No hay ninguna operación de Estado sino un negocio descarnado a costa del Estado de derecho: impunidad a los golpistas a cambio de los votos que necesita Sánchez para ser investido presidente.
Segunda. No hay mandato alguno, tampoco con los resultados electorales del 23 de julio en Cataluña. Sánchez no sólo no sometió al electorado una propuesta de amnistía, sino que expresamente la descartó por inconstitucional.
Tercera. El “reencuentro” que se alega para justificar la impunidad no ha sido nunca tal. Los secesionistas que van a conseguir beneficiarse de la amnistía no quieren reencuentro alguno sino romper con España. Si algo promueve la amnistía es la separación, no el reencuentro.
Cuarta. La amnistía no sitúa de nuevo al secesionismo en la vía legal. Todo lo contrario. Legitimar el “procés” consolida la posición del independentismo en la unilateralidad y significa la aceptación más que tácita de la legalidad del referéndum inconstitucional y, por tanto, del derecho a celebrar otro proceso sin respuesta jurídica del Estado.
Quinta. La amnistía no fortalece la posición internacional de España como hubo que escuchar a Sánchez afirmarlo ante el Comité Federal. La amnistía y la posición ya ganada por Puigdemont, elevado por el PSOE a decisor clave sobre el futuro Gobierno, es inexplicable e incomprensible, también fuera de España. Que a alguien a quien el Parlamento Europeo ha levantado la inmunidad parlamentaria –entre otras razones por no apreciar persecución política en el procedimiento judicial dirigido contra él– reciba ese poder por parte de los socialistas, desacredita a nuestras instituciones judiciales y aliena a nuestros socios de cualquier solidaridad futura que reclamemos cuando los secesionistas lo hagan de nuevo, que lo harán.
Sexta. Es falso de toda falsedad que la oposición a la amnistía sea cosa del PP y Vox. Bastaría con citar a históricos socialistas, a periodistas e intelectuales, a organizaciones de la sociedad civil, a juristas y representaciones sociales para desmentir la sectaria simplificación con la que Sánchez quiere protegerse.
Séptima. Es falso que la amnistía haya sido expresamente admitida en 22 sentencias del Tribunal Constitucional. En ninguno de los pronunciamientos del Tribunal se hallará la legitimación previa de una medida legislativa de esta naturaleza que se reducirá a unos beneficiarios bien definidos, en su mayoría políticos y funcionarios incursos en delitos de desobediencia y malversación.
Octava. Es inaceptable que se alegue una supuesta excesiva dureza en las sentencias del “procés” para presentar la amnistía como un remedio. Plantear en esos términos la amnistía confirma que se trata de un atentado frontal contra la independencia judicial y una arbitrariedad contraria a la igualdad. El Parlamento hace las leyes, pero no es una instancia de apelación ni puede dejar sin contenido sentencias firmes o procedimientos judiciales en curso.
Novena. La protección del Estado de derecho no va a ser más fuerte, sino que, de hecho, queda desmantelada. Se ha derogado la sedición, se ha rebajado el delito de malversación con una nueva tipificación pensada a la medida de los malversadores del “procés” para allanar su impunidad, no se ha reintroducido el delito de convocatoria ilegal de referendos y ahora la amnistía legitimará el golpe secesionista. Los sediciosos saben que, si lo vuelven a hacer, sencillamente no habrá consecuencias penales ni de otro tipo. Lo que, según la anunciada ley de amnistía, fue legitimo en 2017, lo será en el futuro.
Décima. La convivencia no saldrá fortalecida. La amnistía sólo reafirmará a los golpistas en su estrategia, les devolverá libertad de acción internacional –el Gobierno de España dependerá de ellos, ni más ni menos– y les dará acceso a recursos ilimitados. Es muy dudoso que Cataluña esté “infinitamente mejor” como alardeó Sánchez. Lo que sí es cierto es que el secesionismo está mucho más contento. Ahí está la inacabable manipulación: confundir la tranquilidad de Cataluña con la tranquilidad que infunde al secesionismo la impunidad gratuita que va a lograr y la legitimación de sus delitos por un Gobierno que ya ha declarado su debilidad y que se ha convertido él mismo en el vehículo de ataque al Estado que tendría que defender.
